El flamante acuerdo sellado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sorprendió a propios y extraños. Pocos días antes, al interior de la coalición oficialista se especulaba con la posibilidad de la suspensión de los pagos al organismo. «El default no es el peor de los remedios», había dicho el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Leopoldo Moreau, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, desde la oposición se referían a los mensajes «contradictorios» gubernamentales y, a tono con los planteos del FMI, cuestionaban la falta de un «plan económico» que estipulara metas fiscales y monetarias en el corto y mediano plazo.
Finalmente, el presidente Alberto Fernández anunció un programa de dos años y medio que implica un esquema de desembolsos atados a las revisiones trimestrales de una serie de metas. Luego se deberá volver a considerar la deuda de 44 mil 500 millones de dólares. Tal como afirma Gabriel Bencivengo en un artículo de Socompa, «se pidió un nuevo préstamo por el equivalente al anterior para refinanciar el pasivo heredado del macrismo en el marco de un plan de facilidades extendidas de diez años».
El acuerdo fue celebrado por los halcones y palomas de Juntos por el Cambio, que lo consideraron positivo porque «evita así un costoso default». Las principales críticas provinieron de los sectores más radicalizados dentro del FdT y de otros espacios políticos como el Frente de Izquierda (FIT), que ya anunció para la semana entrante una movilización contra el «pacto» con el FMI. De las palabras pronunciadas por integrantes del Poder Ejecutivo, así como de economistas y referentes políticos que rechazan el nuevo programa con el Fondo, se desprenden una serie de mitos y realidades con vistas a intentar despejar un poco el (complejo) panorama a futuro.
1) «Este acuerdo no nos condiciona». Las palabras de Alberto Fernández chocan con uno de los principales puntos acordados, que es la reducción «gradual» del déficit fiscal -en 2021 culminó en alrededor del 3 por ciento del PBI- de modo tal que baje al 2,5 por ciento este año, al 1,9 por ciento en 2023 y 0,9 por ciento en 2024. Lo mismo ocurre con la pretensión de erradicar la asistencia monetaria del Banco Central (BCRA) al Tesoro, que hoy se ubica en 3,5 puntos del PBI. Dicho esquema avala una visión monetarista (ortodoxa) de la crisis y, así como ocurrió con la Ley de Déficit Cero en 2001, suele derivar en una caída de la actividad económica provocando así un aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad social.
2) «El Gobierno consuma una traición a sus principios políticos». Esto es falso, puesto que desde antes de asumir el Presidente remarcó su voluntad de pagar las deudas de la Argentina -a pesar de que más tarde se confirmara que este dinero entregado a la administración de Mauricio Macri se utilizó para financiar la fuga de capitales- y subrayó que necesitaría tiempo para que el país reencuentre el camino del crecimiento y genere condiciones para poder cumplir con dichas obligaciones. Investigar la deuda y la fuga de capitales, desenmascarando a sus principales responsables, jamás fue una opción que se considerara seriamente, a pesar de que los ciclos de sobreendeudamiento han puesto un freno a los procesos de desarrollo en el país.
3) «El Frente de Todos queda más lejos de cumplir su contrato electoral». El empezar por los últimos podría quedar como un mero recuerdo de los inicios, mientras el Ejecutivo pone todas sus fichas en pagar la deuda. Algunos consideran que se trata del «mal menor» teniendo en cuenta los fantasmas de otra corrida cambiaria y desde el Gobierno aseguran que no habrá un recorte de la inversión pública en términos reales. Sin embargo, las nuevas restricciones a la emisión monetaria -mediante una virtual intervención del BCRA- podrían supeditar los aumentos de salarios y jubilaciones al cumplimiento de las metas económicas, así como relegar la lucha contra la pobreza que aqueja a la mitad de la población.
4) «Al final, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio son lo mismo». Más allá de la coincidencia en pagar un préstamo de dudosa legitimidad, el propio Mauricio Macri fue muy claro al plantear que él hubiera arreglado con el FMI «en cinco minutos». Por lo tanto, los términos y condiciones del acuerdo podrían haber sido mucho peores con exigencias de «reformas estructurales» -llámese reformas previsionales o laborales- y privatización de empresas públicas. En ese sentido, el ministro de Economía Martín Guzmán señaló que «el Estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo con el gasto creciendo en forma moderada en términos reales, es decir, sin políticas de ajuste». Hay que ver si, finalmente, el Fondo lo deja.
