El Gobierno porteño deberá informar oficialmente cuántos estudiantes están exceptuados de volver a clases de forma presencial por motivos de salud y tendrá que elaborar un plan de estudios destinado a que ese universo específico tenga asegurada su continuidad pedagógica desde su casa, de manera virtual. Así lo establece un fallo de la Sala III de Cámara del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, a cargo del juez Hugo Zuleta, que ya en noviembre había ordenado al Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta que garantizara las vacantes faltantes en todos los niveles de la educación pública.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, que sostiene que el Gobierno porteño no estableció qué va pasar con los pibes y las pibas no contemplados dentro del nuevo sistema de presencial plena en las aulas de la Ciudad. “La ministra (de Educación) Soledad Acuña reemplazó el protocolo por Covid por una guía de pautas para el ciclo lectivo con clases presenciales, pero se olvidó de los chicos y chicas exceptuados por razones sanitarias. La nueva guía no explicita si el Gobierno porteño tiene planeado hacerse cargo de garantizarles la conectividad y las computadoras para que puedan estudiar como corresponde”, dijo Moreno a El Grito del Sur.
En la guía que reemplaza a los “protocolos” (palabra non sancta para la ministra Acuña) “no figura un plan educativo específico para los chicos exceptuados por razones de salud, muchos de los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad social”, precisó Moreno. “El Gobierno porteño debería además decir cuántos son, dónde están, qué necesidades tienen. Algunos van a poder estudiar desde su casa, otros no tienen esa facilidad. Por eso queremos saber qué pasará con ellos”, agregó.
Como la guía presentada hace dos semanas por la ministra no especifica siquiera cuáles son los criterios para diferenciar qué chicos están exceptuados y cuáles no, el juez Zuleta ordenó al Ejecutivo que “intervenga la autoridad sanitaria competente” para terminar de definir ese universo. Además, la Ciudad deberá presentar ante su juzgado “medidas alternativas” para ellos, “especificando si tales alternativas de educación a distancia incluyen la modalidad virtual con entrega de dispositivos tecnológicos y conectividad a internet para los estudiantes con vulnerabilidad social”. El plazo es de cinco días hábiles y comenzó a regir a partir del viernes 18.
Zuleta ya había ratificado en noviembre pasado un fallo de primera instancia firmado por Elena Liberatori en 2016, que ordenaba al Gobierno porteño a realizar la inversión necesaria en nuevas escuelas para garantizar las vacantes faltantes en todos los niveles de la educación pública. Un informe reciente de la legisladora Laura Velasco estima que para este año son más de 57 mil los chicos afectados.
La ministra de Educación ya había protagonizado una polémica sobre el problema, cuando a principios de año declaró que los alumnos que no fueron acogidos por la escuela durante la pandemia «seguramente ya están perdidos en el pasillo de una villa” y “cayeron en actividades de narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar», por lo que responsabilizaba al Gobierno nacional.
“Dado que dice que tiene contacto con todos los alumnos, de todos los barrios, debería poder informar con claridad a quienes deberá seguir asistiendo con conexión y computadoras para garantizar que puedan estudiar como deben”, resumió Moreno.
