Luego de intensas negociaciones, el Poder Ejecutivo envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para poner en marcha un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Éste incluye un Programa de Facilidades Extendidas, pero tendrá como principal condicionante un esquema de políticas macroeconómicas que implica medidas de ajuste. Dicho plan consiste en una estrategia plurianual que tiene como meta alcanzar un déficit primario del 2,5 por ciento del PIB en 2022, disminuyendo a 1,9 en 2023 y a 0,9 en 2024.
Uno de los puntos claves del proyecto es el llamado «Memorándum de Políticas Económicas y Financieras», donde el Gobierno se compromete a «mejorar las finanzas públicas para asegurar la sostenibilidad de la deuda sin comprometer la recuperación». He aquí el principal motivo de la discordia en el oficialismo, que hace un mes derivó en la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque en la Cámara de Diputados. Por un lado, el Ejecutivo nacional resigna un fuerte grado de autonomía en la definición de la política económica y, por el otro, los once desembolsos previstos -entre marzo de 2022 y septiembre de 2024- estarán atados a la revisión trimestral de los técnicos del FMI. Si bien éstos serían mayores a los pagos que luego deberá desembolsar la Argentina, finalmente existirá la obligación de devolver el préstamo (tomado inicialmente por Mauricio Macri) entre los años 2026 y 2034. Esto pondría al Estado argentino en una situación de completa vulnerabilidad.
Por estas horas, en el oficialismo prima la mesura y prefieren no hablar públicamente de la cantidad de votos «propios» que tendrían en Diputados. Las negociaciones se encuentran a cargo de Sergio Massa y Germán Martínez, presidente de la Cámara y jefe de bloque del Frente de Todos respectivamente, quienes vienen conversando con cada diputado y diputada para esgrimir sus argumentos en favor del acuerdo. El bloque oficialista tiene 118 miembros de los 257 que tiene el total de la Cámara y necesita 129 votos positivos para dar luz verde al proyecto.
Dentro del Frente de Todos, se pueden identificar tres grandes posturas respecto a este tema: aquellos que vienen realizando una defensa acérrima del acuerdo -como el diputado nacional Leandro Santoro, quien señaló esta semana que «no tener un acuerdo agrava todo dramáticamente»-, otros que se enrolan en la visión de Máximo Kirchner -La Cámpora tuiteó un video en el que dice que «el Fondo Monetario Internacional ha actuado como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino»- y finalmente quienes mantienen una postura de indecisión -este último es el caso del diputado de extracción sindical Hugo Yasky, por ejemplo, quien planteó que discutirá con las bases de la CTA antes de emitir su voto-.
En la actualidad existen unos 40 diputados y diputadas que responden al kirchnerismo duro, aunque no está claro si se alinearán en bloque para rechazar la carta de intención con el FMI. «El Presidente marcó claramente los desafíos y el rumbo que tenemos por delante», dijo el ministro del Interior Wado De Pedro desde su gira por Europa tras el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. ¿Un guiño indirecto al acuerdo?
Por el lado de Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich encarnan la posición más dura contra el acuerdo y sostienen que «es una bomba de tiempo para el Gobierno que asuma en 2023». Llamativa posición de quienes endeudaron el país rumbo a las próximas décadas, mientras al mismo tiempo rechazan la posibilidad de un default. Esta visión es compartida por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien de la mano de su economista preferido, Hernán Lacunza, viene expresando que «la política económica del acuerdo es del Ejecutivo, no delegable».
Distinta es la visión de la Unión Cívica Radical (UCR) dentro de la principal coalición opositora, puesto que esta semana -a diferencia del PRO- decidieron quedarse en el recinto mientras el presidente Alberto Fernández brindaba su discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Los principales referentes de este espacio rechazan la exacerbación de la «grieta» y plantean como mínimo garantizar quórum el día de la sesión, que tendría lugar el jueves o viernes de la semana que viene. De hecho, este lunes se presentarán en la Cámara baja el ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios gubernamentales.
Las diferencias en Juntos por el Cambio ilusionan al Ejecutivo nacional, que espera contar con al menos 80-90 diputados y diputadas del Frente de Todos que respalden el acuerdo. Teniendo en cuenta el previsible rechazo de la izquierda y los liberales, el Gobierno precisa del acompañamiento de un sector de JxC y otros bloques minoritarios para que el programa con el FMI no naufrague en Diputados.
