Este lunes, 18 familias fueron desalojadas del inmueble que habitaban en la calle Leopoldo Marechal 950, en el barrio porteño de Caballito. El desalojo fue ordenado por el juez Julio Fernando Ríos Becker del Juzgado Civil 43 y expulsó de su vivienda a unos 30 niñes, personas mayores y discapacitades. Varias familias vivían en el inmueble desde hace 12 años.
El operativo no contó con la presencia del SAME, tal como indica la ley. Pero quienes sí asistieron fueron los dueños de la inmobiliaria Varela, principales interesados en el desarrollo inmobiliario de esta zona cercana al Parque Centenario. «Ya nos habían avisado del desalojo y estábamos apelando para quedarnos un poco más de tiempo. Pero el juez y el abogado de la inmobiliaria no quisieron», explicó Verónica Valentín, habitante del inmueble.
Verónica comentó que, pese a que lo intentaron, no pudieron acceder a un alquiler colectivo para las familias. «Te piden 4 recibos de sueldo, garantía, depósito. Prácticamente tenés que entrar con 200 mil pesos para un alquiler. Una fortuna».
«La casa estaba recuperada hace un montón de tiempo. Hay familias que viven ahí hace 12 años. El desalojo se dio fuera de todo protocolo ya que no estaba el SAME para asistir a la gente», explicó Gigi Krein, integrante del colectivo Consejerías de Vivienda. «Entre los responsables de esta situación están el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad y la inmobiliaria Varela, que impulsan el proceso de expulsión. No es casual, que en este mismo momento se esté discutiendo la Ley de Alquileres a pedido del mercado que, por más progresiva que sea, es una legislación que deja a un montón de gente afuera y acelera los tiempos de desalojos».
Un subsidio habitacional que no alcanza ni siquiera para un alquiler informal es la única alternativa que les quedó a les habitantes del inmueble de Marechal que quedaron en situación de calle. El 690, como se conoce el subsidio al que accederán las familias, oscila entre los 8 mil pesos para una persona sola y los 13 mil para una familia de cuatro integrantes. Una realidad preocupante en una ciudad donde los alquileres de una pieza rondan los 25 mil pesos mensuales. Los hoteles, tanto en Constitución como en Once, llegan a costar hasta 3 mil pesos diarios.
«Yo pasé la noche en la casa de una amiga porque estábamos con tres chicos en el Parque Centenario», agregó Verónica. «Nos prometieron fletes pero vinieron tres camionetas para 18 familias. Nos dejaron las cosas en la calle y nos echaron de la casa. La inmobiliaria Varela solo quiere la vivienda, tiene muchas casas y solo le importa desalojarte. Es un tipo que no le importa la parte humana. El abogado de la inmobiliaria también falló a su palabra: le pedimos más plazo para el desalojo y nos faltó el respeto».
