La legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, presentó un Proyecto de Ley para “transformar todo el sistema de alimentación escolar”. “Hoy en jardines, primarias y secundarias la comida intoxica y es de pésima calidad. Hay un negocio con comedores y viandas que condena de hambre a quienes capaz en la escuela hacen su única comida del día”, expresó Ofelia Fernández al presentar el proyecto en un video difundido a través de sus redes sociales.
Esta iniciativa fue motivada por el reclamo de familias y más de 40 cooperadoras de escuelas porteñas, quienes junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), se organizaron para denunciar las insuficientes raciones y la mala calidad del servicio alimentario escolar, brindado por 19 empresas concesionarias seleccionadas por el GCBA, y lanzaron la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs”.
De esta manera, exigen al Gobierno porteño “democratizar la discusión de Servicios de Comedores Escolares” y proponen terminar con su privatización, pensar la recuperación de las cocinas escolares; potenciar la incorporación de trabajadores de la economía popular que producen alimentos y garantizar una alimentación nutritiva y suficiente para lxs estudiantes.
Este pedido alcanzó más de 18 mil firmas en Change.org y 1500 firmas de la comunidad educativa a través de planillas que se completaron de forma física en las escuelas porteñas que serán presentadas en una acción judicial este viernes 22 de abril.
A su vez, la legisladora Fernández convocó a la ciudadanía a movilizarse a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires este viernes a las 16:30 e instó a lxs 59 legisladores restantes a involucrarse en la causa. “Sin organización y movilización ciudadana el sistema de alimentación no va a cambiar ni vamos a tener los votos”, concluyó.
El proyecto de ley presentado promueve en la misma línea como ejes centrales: la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas y el incentivo de la Economía Popular, Social y Solidaria, retomando lo propuesto por la Campaña. Además, incluye otro pilar que es el acceso universal y gratuito para todxs los estudiantes de los establecimientos de gestión estatal y de gestión privada, para “garantizar el derecho a la alimentación y alejarnos de la perspectiva mercantilista que caracteriza al sistema actual”.
“Para reuniones y eventos, el Gobierno de la Ciudad licita desayunos con jugo de naranja, tostadas, queso untable de primera marca, mermeladas y fruta. Mientras tanto, más de 240 mil estudiantes comienzan el día con un mate cocido y una magdalena, una vainilla o una barrita de cereal de tercera marca”, denunciaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), y agregaron que lxs estudiantes desayunan por $37 y lxs funcionarixs por $710.
Por su parte, el fundador del ODC y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, Jonatan Baldiviezo, explicó a El Grito del Sur: “Lo que vimos es que las concesiones se venían prorrogando los contratos (que vencían en 2019) por uno o dos años (2020 y 2021) a las empresas que estaban concesionadas, y lo que no había era un proceso de licitación. En 2022 se abre una instancia de una concesión de cuatro años y es la oportunidad de rediscutir el sistema alimentario en las escuelas, lo cual no ocurre y el Gobierno va a reproducir el sistema que ha tenido tantas críticas y fracasos en los años anteriores”.
El servicio alimentario alcanza a más de 291.000 alumnos en 1.543 establecimientos educativos, según fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
El acceso a las licitaciones está diseñado para que no puedan acceder todxs, los licitantes deben abonar de forma anticipada una suma cercana a los 800 mil pesos, que según el pliego de Bases y Condiciones no se devuelven aunque sea rechazada su oferta, excluyendo a cualquier pyme o cooperativa que quiera participar.
La elección de los adjudicatarios se realiza a través de un sistema de puntaje, donde se asigna mayor cantidad de puntos a las empresas que tengan antecedentes de contratación con el Gobierno de la Ciudad, priorizando también la antigüedad en la prestación. El sistema no contempla el descuento de puntos por sanciones a las concesionarias. Asimismo, las multas que reciben las empresas no son significativas en relación al presupuesto asignado.
Para 2022, el GCBA destinó un presupuesto total de más cincuenta mil millones de pesos en la licitación pública Nº 7192 1818 LPU 21, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo. Abarca 4 años y supone para 2022 un monto estimado de 12 mil millones de pesos.
“Necesitamos que la licitación no se consolide. Este viernes presentaremos la acción judicial para que esa licitación, que se está haciendo de una forma no democrática, tenga un debate con la comunidad educativa”, explicó Baldiviezo.
A su vez, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), expresó que «la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires no es absolutamente universal ni gratuita porque el sistema alimentario en el ámbito escolar está organizado como una política focalizada. Luego de trámites online en extremo burocráticos y donde el GCBA solicita gran cantidad de información sensible a las familias, se decide si corresponde beca o no al estudiante. Quienes logran acreditar su estado de pobreza reciben la beca. Este sistema distorsiona la gratuidad universal de la escuela pública”.
En cuanto al sistema de becas, Baldiviezo agregó que es necesario cuestionarlo porque “es una política focalizada que viene desde los ‘90, pero consideramos que tendría que haber una alimentación universal porque vemos una especie de quiebre de la universalidad de las escuelas cuando históricamente no había sistema de becas, comían todos.”
Los principales reclamos y entramados del negocio de los comedores escolares fueron relevados en un informe de la revista Crisis. Allí las familias organizadas denuncian además que en la prestación de los servicios alimentarios hubo intoxicaciones de cientos de alumnxs a principios del ciclo lectivo del 2020.
Durante la pandemia, también se realizaron denuncias y amparos judiciales promovidos por las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda para exigir al Gobierno porteño mantener la provisión de alimentos en todas las escuelas durante el aislamiento. También se denunció en distintas investigaciones periodísticas, la participación de concesionarias licitantes del Gobierno de la Ciudad como aportantes a las sucesivas campañas políticas de Cambiemos, y el desvío de fondos y sobreprecios en las canastas nutricionales
En cuanto a los sobreprecios, el secretario General de UTE, Eduardo López, había dicho mediáticamente que “el Gobierno de la Ciudad les paga a las empresas, por ejemplo, por entregar 100 canastas, pero a las escuelas les entregan 50 porque, por la pandemia, no van todos los chicos a buscarlas. Se quedan con la plata de las 100, pero entregan la mitad, o incluso menos”.
En la actualidad las cooperadoras advierten que las empresas concesionarias sirven ultraprocesados; hay exceso de carbohidratos, faltan alimentos frescos y raciones, incumplen con el gramaje indicado en la normativa, y a todo esto se le suman las trabas en el acceso a las becas. A su vez, denunciaron la baja composición nutritiva en la comida, entre otras cuestiones claves, tal como había adelantado El Grito del Sur.
Entre los reclamos relevados, se encuentra el de la Escuela “Organización de Estados Americanos”, ubicada en el barrio de Parque Chacabuco, publicado a fines de marzo por El Grito del Sur, que denunció al Gobierno porteño por la reducción de raciones de comida.
Jonatan Baldiviezo, concluyó que la cuestión que está de fondo es “hacer que la escuela pública sea ‘lo peor posible’, porque -a lxs funcionarixs porteñxs- no le importa la calidad del servicio de la educación pública. Son privatizaciones indirectas, ya que brindan un mal servicio, lo desfinancian y dan indicadores a la población de que vayan al sector privado”.
