En medio del debate parlamentario que busca consensos para una nueva ley de alquileres, el Gobierno porteño comenzó a restringir el número de beneficiarios del subsidio habitacional destinado a los sectores de menores recursos, que en su mayoría apelan al mercado informal para conseguir un techo.
“Empezaron a rechazar a las compañeras que en su mayoría tienen familia y por una razón u otra necesitaban mudarse dentro del barrio, porque están fuera de la urbanización y sí o sí tienen que alquilar. No les hacen el informe de las asistentas sociales y les rechazan el trámite en el Ministerio (Desarrollo Humano y Hábitat). Y sin el subsidio es muy difícil alquilar, porque no baja de los 15 mil pesos por mes, y eso que estamos hablando de una pieza así nomás, con baño y cocina para compartir”, relató a este medio María Gianetti, referenta social que organiza un comedor popular en el barrio Carlos Mugica. “La situación es grave porque cada vez quedan menos alquileres disponibles por la urbanización, y eso encareció el precio”, agregó.
El subsidio habitacional porteño es una política que heredaron los sucesivos gobiernos del Pro desde la gestión de Aníbal Ibarra, que subvencionaba a los tristemente célebres hoteles familiares de manera directa. En su paso por la Jefatura de Gobierno, Mauricio Macri modificó aquel programa por decreto y reasignó los recursos directamente a los beneficiarios. Se trata de un universo de al menos 25 mil personas, pero que comenzó a recortarse por goteo desde incluso antes de la pandemia, proceso que se profundizó en las últimas semanas. Según fuentes extraoficiales del Gobierno porteño, la intención es reducir al máximo posible la cantidad de destinatarios.
“Durante la pandemia no se recibían los recibos de alquiler, después a fin del año pasado salieron con una suerte de reempadronamiento y aprovecharon para dar a mucha gente de baja. Como se quejaron, a algunos los volvieron a reincorporar, pero no les pagaron los meses que quedaron en el medio”, relató una referenta territorial de la Villa 20. En ese barrio y en Carrillo y Fátima, “una pieza está entre 10.000 y 18.000 pesos; las casas, de 30.000 en adelante”, describió.
El programa depende de la Secretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata y para este año sufrió un ajuste en términos reales. Tuvo sólo un incremento en términos nominales de 100 millones de pesos para 2022, aunque muchas veces el Gobierno porteño suele reasignar partidas de forma aleatoria durante cada curso. El monto del subsidio, de todos modos, está congelado desde abril del año pasado en 8 mil pesos para una persona sola y en 13 mil para una familia de hasta cuatro integrantes.
Según un relevamiento realizado por este medio, una pieza de hotel que acepta el subsidio porteño con cocina y baño a compartir, oscila entre los 18 mil y los 28 mil pesos en el sur de la Ciudad.
Ley de alquileres
La problemática de los alquileres informales es uno de los ejes centrales del reclamo de las organizaciones de inquilinos respecto del debate por una nueva ley de alquileres en el que avanza Diputados. Según una encuesta realizada entre 2020 y 2021 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el instituto IDAES de la Universidad de San Martín, más de la mitad de los contratos de alquileres en el AMBA son informales.
“La realidad de los hogares inquilinos en el Área Metropolitana es que la mitad alquila sin un contrato escrito, situación que es más profunda en la Provincia, donde llega a un 60 por ciento. Quienes alquilan de palabra, de más está decirlo, están en una situación por demás comprometida y vulnerable, y son además quienes más problemas tienen para pagar todos los meses”, le dijo a El Grito del Sur al momento de la publicación del informe Luna Miguens, investigadora del CELS.
Las organizaciones consideran que la norma vigente contenía los instrumentos para crear un programa de alquileres sociales y para que el Ejecutivo avanzara en la formalización del sector. Reclaman que se aplique la ley en su totalidad y que, en caso de que surja un nuevo texto, contemple esas herramientas y se concrete un plan de acción estatal.
