En el día de ayer se conoció la noticia: el juez Roberto Gallardo dispuso la suspensión del sistema de cámaras de reconocimiento facial que opera en la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado en lo Contencioso Administrativo y Tributario allanó el Centro de Monitoreo Urbano, así como la sede del Ministerio de Seguridad porteño, en el marco de una investigación que pretende probar que la cartera de Seguridad que dirige Marcelo D´Alessandro utilizó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal.
La ley que regula las cámaras de reconocimiento facial en Ciudad solo permite cruzar datos de quienes integran la lista de prófugos (CONARC). Sin embargo, ayer se conoció que a través de un convenio firmado por el gobierno de Mauricio Macri con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) en 2019, se habilitó a la Policía de la Ciudad el acceso a los datos biométricos de las más de 9.500 cámaras que operan en la metrópolis porteña. «Podemos afirmar que fue utilizado para fines distintos de lo que marca la ley, pero aún no estamos en condiciones de asegurar taxativamente que el gobierno porteño espió a las personas de la lista porque debemos esperar las pruebas de las pericias», sostuvo Beatriz Busaniche, investigadora de la fundación Vía Libre.
El sistema de reconocimiento facial comenzó con polémica: el mismo día de su anuncio, apenas seis minutos después de que se publicara el pliego de contrataciones, se conoció el resultado de la contratación directa. Esto despertó las alertas del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), que comenzó a indagar en el tema. «Cuando analizamos la implementación observamos un montón de falencias de cómo se alimentaba esa base de datos», explicó a El Grito del Sur Rodrigo Iglesias, abogado de ODIA. La organización realizó un Pedido de Acceso a la Información y obtuvo algunos datos sorprendentes: según el propio Gobierno de la Ciudad, el porcentaje de efectividad del sistema era de apenas 52 por ciento.
El sistema de reconocimiento facial fracasó alrededor del mundo: Boston, San Francisco, Minneapolis o Oakland son algunas de las ciudades que prohibieron expresamente esta modalidad de vigilancia a la que consideraron falente y a la que denuncian por reproducir patrones racistas. «Incluso empresas como Microsoft o IBM se negaron a vender estas tecnologías a gobiernos para ser usadas con fines de seguridad en el espacio público», señaló Busaniche. «Tienen un potencial de vigilancia reñida con el Estado de Derecho».
Si bien Buenos Aires no es la ciudad del mundo con mayor cantidad de cámaras, está en el podio latinoamericano de cámaras de vigilancia en el espacio público. En 2019, el GCBA añadió un sistema de software de reconocimiento facial. ¿Cómo funciona? Se cargan imágenes de personas buscadas para que, cuando sean detectados rostros que tienen un porcentaje alto de rasgos similares, se dispare una alerta y a partir de ello la Policía accione sobre esta persona que se encuentra en el espacio público. «El objetivo es buscar personas prófugas y lo que se dijo siempre es que se iban a cargar solo rostros de personas evadidas de la Justicia y que tuvieran orden de captura», agregó Busaniche.
Sin embargo, las propias autoridades porteñas se contradicen en el uso del dispositivo. «El propio ministro D´Alessandro promocionó el uso de este recurso en un acto de protesta social. En un acto típico de canchereo político ofreció al gobierno nacional el sistema de reconocimiento facial de la CABA para ubicar e identificar a las personas que estaban en una protesta social. Eso es básicamente una declaración de que pueden hacer lo que Gallardo dice que hicieron. A confesión de parte, relevo de pruebas: ellos dicen que pueden hacer algo que la ley les prohíbe», expresó Busaniche en referencia a las protestas contra el acuerdo con el FMI que derivaron en el ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«Lo más curioso es que anteriormente el juez Gallardo le había consultado al Ministro por el ingreso de nuevos rostros al sistema y D´Alessandro le respondió que nunca les había pasado. Pero nosotros tuvimos acceso a un Pedido de Información Pública que señala que fueron ingresadas 82 altas al sistema, con el agregado de que varias de estas altas no se encontraban en el sistema. Entonces, ¿se puede colocar datos a mano? Según la firmante, que es la comisario Laura Raquel Cesanelli, sí», explicó Iglesias.
Lo llamativo es que el proyecto aprobado en la Legislatura fue de autoría del Frente de Todos. Lo presentó la legisladora Claudia Neira y desató un escándalo político, ya que debió enfrentar la oposición de todas las organizaciones de Derechos Humanos. Finalmente, intentó rectificarse pero el macrismo se adueñó del proyecto, lo reformó y lo votó en el recinto. «Neira igualmente defendió el proyecto en su alocución, aunque finalmente votó en contra. Fue un papelón que da cuenta de la pobreza del debate», concluyó Busaniche.
