Junto a sus familias y docentes de Escuelas Especiales de formación integral, jóvenes con discapacidad realizaron este domingo un nuevo reclamo contra el Ministerio de Educación dirigido por Soledad Acuña que les excluye del sistema educativo obligándolos a egresarse a los 22 años sin un proyecto de formación permanente, ni plan posterior.
La lucha contrarreloj de las familias y docentes comenzó en diciembre del año pasado cuando la Dirección de Escuelas Especiales les comunicó que a partir del ciclo lectivo 2022 lxs jóvenes de 22 años debían egresar, mientras que la edad promedio de egreso era 30 años o más según la escuela. Además, les dejaron sin transporte, sin comedor y sin posibilidades de salida laboral, y la única oferta educativa efectuada son talleres de 2 horas semanales.
Desde que tomaron conocimiento de la medida unilateral, las familias y docentes se organizaron y marcharon al Ministerio de Educación, iniciaron recursos de amparo, acudieron a la Defensoría del Pueblo y todavía no tienen respuestas. Por eso, este domingo por la tarde, decidieron manifestarse nuevamente y realizaron un festival que tuvo lugar en el Parque Patricios, ubicado frente a la Jefatura del Gobierno porteño.
“Nuestrxs hijxs no tienen la posibilidad de ir a un profesorado, a una tecnicatura o a una universidad porque tienen un aprendizaje diferente y quizás les cuesta más. Queremos que se sigan formando, que tengan un futuro”, dijo por alto parlante durante el festival Eliana Villar, mamá de Ignacio, un joven de 17 años con trastorno del espectro autista alumno de la escuela N°18, y explicó al público presente que se iba sumando: “Estamos pidiendo la continuidad de la formación con acreditación de saberes, porque les están negando todo: les sacaron el comedor, el transporte y la escuela, los dejaron marginados de todo el sistema educativo”.
El ministerio argumentó que basó la medida en la resolución 155 del Consejo Federal de Educación del año 2011 (es decir, de hace 10 años), que establece ese límite de edad. No obstante, la resolución también prevé la “formación permanente”, cuestión ignorada por el Gobierno de la Ciudad que implementó la norma de forma parcial sin planificar una continuidad de la formación, según explicaron las familias.
El festival
Bajo el sol de otoño en una tarde que pareció de verano, el festival se destacó en el centro del parque alrededor del mástil y fue muy convocante.
Entre banderines y talleres de malabares, maquillaje, huerta, poesía, bordado y estampas, lxs jóvenes de distintas edades se manifestaron a través del arte, la alegría, la música, el baile y con muchos aplausos de quienes les acompañaron o eventualmente pasaban por allí.
En el festival los carteles colgados pedían: “Basta de recortes en Educación especial” y explicaban qué debería garantizar la Educación especial: “contención social, acreditación de saberes, articulación con el mundo del trabajo”.
Mientras decenas de chicxs y jóvenes participaban de los talleres, Miriam Acevedo, hermana de Hilda, una joven de 28 años con síndrome de Down egresada de la Escuela N°36, se ocupó de juntar firmas para presentar el reclamo en la Legislatura porteña y contó a El Grito del Sur: “El 90% de estos jóvenes no se manejan solos, no se expresan claramente, o físicamente necesitan ayuda, por eso la carga horaria es muy importante”.
“Nosotros no estamos en contra que ellos egresen -aclaró-, estamos en contra de que no haya un lugar de formación permanente, y mientras que no haya un lugar tienen que seguir estando en la escuela, no los pueden sacar del sistema. Lo que nos ofrecen es una educación no formal o centros de día donde quizás no hay la cantidad de profesionales que se necesitan para la cantidad de jóvenes que asisten y las edades están muy mezcladas, puede haber personas de hasta 80 años. Nos plantean llevarlos a la selva y dejarlos ahí. En cambio, la escuela es un espacio donde están contenidos, donde hay profesionales, hay una asistente social, si pasa algo están te avisan. Luchamos porque no pierdan eso”, detalló Miriam, quien también es docente de nivel inicial.
A su vez, mientras ella describía la situación, de fondo sonaban canciones de cumbia y reguetón que venían del sector donde dispusieron una pista de baile y su hermana Hilda bailaba junto a otrxs jóvenes y docentes que animaron el festival.
“La escuela para Hilda es lo más importante, es un espacio donde ella socializa. Yo sé que ella lo que quiere es socializar con sus pares”, concluyó Miriam conmovida.
Acompañaron el festival el legislador porteño por el Frente de Todos, Claudio Morresi, y los referentes del área Educación Especial de los gremios docentes Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys).
En la misma línea que Miriam, Jorge Godoy, secretario de Educación Especial de UTE, dijo a El Grito del Sur: “Nosotros no desacordamos con que lxs jóvenes de Educación Especial tengan un egreso, pero se tienen que dar las condiciones y el egreso debe ser hacia algún lugar, no hacia el vacío”.
“Esto también es una forma de poner al servicio del mercado la discapacidad, porque migran hacia las escuelas privadas, o hacia Centros Educativos Terapéuticos (CET) en lo privado aquellxs que tienen obras sociales o la posibilidad de pagarlos”, advirtió el referente.
A su vez, Mauricio González, secretario de Acción Social e integrante de la Comisión de Educación Especial de Ademys, agregó en diálogo con este medio que “esto es parte de una política que vienen implementando hace años que tiene que ver con el intento de cerrar las Escuelas de Educación Especial con un paradigma de ‘inclusión plena’, planteando que las escuelas de Educación Especial segregan, dividen y excluyen”.
Y advirtió que “eso es una excusa para ajustar, porque la realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires faltan vacantes en las escuelas, que además están superpobladas. La superpoblación no es un ámbito para incluir a chicxs y jóvenes con distintas discapacidades, porque no se forma a los docentes, no se crea la cantidad de cargos necesarios de maestros de apoyo a la inclusión; al contrario, se crean cargos por medio de salud, el acompañante personal no docente, que está totalmente precarizados, no tienen los mismos derechos que los docentes y cobran menos”, concluyó González.
Mientras tanto, una pregunta inquietante se lanzó desde el micrófono abierto: “¿Qué vamos a hacer con nuestros hijxs?”. La pregunta fue formulada por Mario Filippi, papá de Franco, un joven de 22 años con síndrome de Down y alumno de la Escuela N°18.
“Porque los padres trabajan”, completó Mario, e invitó a la reflexión: “Si les dan solo dos horas de un taller… ¿los padres tienen que perder horas de trabajo o su fuente de trabajo, con lo difícil que está hoy la situación?”.
En ese sentido, Filippi propuso que la Ciudad de Buenos Aires “trate de firmar convenios con sociedades de fomento o clubes barriales, donde lxs jóvenes puedan estar contenidos con talleres hasta las 19 horas, a la hora que los padres salen del trabajo y puedan pasar a buscarlos”.
En tanto, la docente y secretaria Alejandra Marmo de la Escuela Especial 36, una de las principales afectadas porque es para jóvenes donde asisten alrededor de 200 estudiantes, señaló a El Grito del Sur que “la mayoría ya dejó de concurrir porque no se les da ni almuerzo. Y por más de que sean adultos, hay muchos de los estudiantes que no se saben manejar solos”.
“Es ver que tus alumnos se quedan en la nada, porque termina eso y no hay otro lugar, porque se habla de talleres en otros centros educativos que no son especiales y que más allá de que se hable de inclusión esa gente no está preparada para asistir a ese tipo de jóvenes que necesitan una asistencia más personalizada dependiendo de la patología de cada unx”, concluyó.
También fueron parte del festival distintos artistas como: La juni, Jun Che, Duo Quesillo y miel, Romina Oviedo y La huesuda rock.
Reclamos a nivel nacional
Durante el festival, no solamente denunciaron la exclusión del Gobierno de la Ciudad sino también la exclusión en el censo nacional realizado el miércoles pasado.
“En ningún momento se tomó en cuenta a nuestros hijos. No había una sola pregunta que refiriera a ellxs, y eso es una muestra clara de la desatención y la indiferencia de este gobierno hacia nuestros hijos. ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas claras si ni siquiera lo reconocemos en un censo?”, advirtió una madre ante el micrófono y la escucha atenta a de lxs participantes del festival.
En el sector de venta de delicias dulces para la merienda estaba Liliana Nesossi, mamá de Lucio, un adulto de 41 años con síndrome de Down que actualmente asiste a un centro de día privado.
Liliana es además abogada especializada en la temática discapacidad y dijo a El Grito del Sur: “El recorte en la edad de egreso es terrible, porque este grupo de personas adultas no tienen dónde insertarse. Y no solo les cortan la posibilidad de educarse, le están cortando la posibilidad de nutrirse, comer, transportarse, de estar con sus pares, teniendo en cuenta que vienen de dos años de pandemia donde estuvieron encerrados, y no se contempla esa situación. Es cruel”, describió.
Cuando Lucio nació no había leyes de discapacidad y en su caso, no se pudo insertar laboralmente porque tiene dificultades en el lenguaje, explicó Liliana. “Ahora desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se está proponiendo un cambio de ley de discapacidad, y esa es la discusión que se viene con respecto a la discapacidad, pero hay que ver muy bien que no perjudique y que realmente abarque todo y no deje afuera a los que -como Lucio- nacieron bajo el modelo anterior con el que fue pensada la ley marco actual”, advirtió la abogada.
En Argentina, la Ley 22.431 sancionada en 1981 como ley marco en discapacidad instituyó el denominado “sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, una normativa que da cuenta de una concepción médica de la discapacidad, que, según informó la ANDIS, “entiende a la persona con discapacidad solo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho”.
Actualmente y hasta el 25 de mayo, la ANDIS convocó a participar de la Consulta Federal hacia una nueva Ley de Discapacidad, con el objetivo de efectivizar el “cambio de paradigma” desde el cual se aborda la discapacidad en el país con una perspectiva de “Derechos Humanos, género, interseccional e intercultural, que se ampare en los lineamientos del Modelo Social que entiende a la persona primero como persona en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales”.
