Este lunes, frente a la Legislatura porteña y bajo un fuerte vendaval, familiares de violencia institucional, colectivos travestis trans, el sindicato de Meretrices (AMMAR), organizaciones afro y de Derechos Humanos se reunieron con el objetivo de reclamar la aprobación de una ley contra la Violencia Institucional en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto es de autoría de la legisladora porteña Lucía Cámpora y se construyó en diálogo con los representantes del sector. “La idea de este encuentro es visibilizar la demanda para que esta Legislatura, de una vez por todas, empiece a discutir el proyecto de ley contra la Violencia Institucional ejercidas por las fuerzas de seguridad”, explicó la dirigenta.
La jornada contó con exhibición de fotos, radio abierta y la presentación de una serie de estadísticas sobre violencia institucional en la Ciudad. «Les pido a todos los que están en la Legislatura que sepan escucharnos y que se pongan la mano en el corazón. Que ellos piensen que cuando nos matan un hijo, nos matan a nosotras también”, explicó Dolly Demonty, madre de Ezequiel Demonty, joven que falleciera luego de ser obligado a saltar al Riachuelo por miembros de la Policía Federal.
La iniciativa fue presentada en el cuerpo de diputados porteño hace un año y propone la creación de Centros de Recepción de Denuncias atendidos por personal ajeno a la Policía, así como un Registro de Violencia Institucional que pueda dar cuenta del seguimiento de los episodios registrados. Asimismo, exige un reentrenamiento en Derechos Humanos para la Policía de la Ciudad e incluye criterios para la participación de esta fuerza en manifestaciones públicas.
Según informes del Ministerio Público de la Defensa y de la Defensoría del Pueblo, las comunas del sur de la Ciudad concentran el mayor número de casos de violencia institucional y el 68 por ciento de las víctimas pertenece a grupos vulnerados (migrantes, habitantes de barrios populares, menores, personas en situación de calle, colectivo LGBTI+, personas con discapacidad). Además las víctimas son en su mayoría pibes pobres, varones y jóvenes: la edad promedio de las víctimas es de 31 años y la mayor cantidad de casos de violencia institucional se dio a los 23 años.
«No queremos ninguna víctima más de gatillo fácil. Lo decimos y lo sostenemos: la violencia institucional es una deuda de la democracia, por eso tenemos que hacernos cargo y discutir este proyecto”, concluyó Cámpora.
