A partir del año 2014, gracias a una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU), todos los 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esta fecha busca condenar el delito, darle visibilidad a la problemática y advertir que constituye una grave amenaza para la dignidad y la integridad física de las personas, los derechos humanos y el desarrollo.
En términos globales, según informó la ONU, para 2018 hubo alrededor de 50.000 víctimas de la trata de personas y 148 países que denunciaron su existencia. El 50% de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, y el 38% fueron explotadas para realizar trabajos forzosos. Además se trata de un delito feminizado, ya que las mujeres siguen siendo las principales víctimas representando el 46% y las niñas el 19% de todas las víctimas de la trata.
A escala local, en el Informe Anual sobre Trata de Personas 2022, Argentina fue calificada en la categoría más alta en materia de esfuerzos para combatir la trata de personas junto a un grupo de 30 países de un grupo de 188, compartiendo categoría con Chile y Colombia en Latinoamérica.
Además, durante 2020 el gobierno bonaerense rescató a 164 víctimas de trata, de las cuales 112 fueron amparadas durante la pandemia a través del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata.
El Grito del Sur habló con Andrea Pereyra Barreyro, directora de Lucha contra la Trata y la Explotación de Provincia de Buenos Aires, para conocer más sobre las políticas de prevención y contención.
¿Cuáles son las principales políticas de la Dirección?
El Ministerio de Justicia de PBA tiene un enfoque bifronte. Por un lado, toda la parte del seguimiento de los casos con políticas de asistencia a la víctima y acompañamiento que está dentro de la Subsecretaría de Justicia. Dentro de esa órbita funciona el Programa Provincial de Rescate. Después toda la pata de detección y persecución penal que está dentro de la Subsecretaría de Política Criminal, donde hay una Dirección Provincial de Lucha contra el Delito Complejo y ahí dentro está la Dirección de Lucha contra la Trata y Explotación. Nosotros nos encargamos de realizar los diferentes enlaces con entes de Nación que ejecutan política pública en detección. También hacemos análisis de datos y generamos información, articulamos con los municipios y como PBA somos secretarias técnicas del Consejo Federal contra la Trata que desarrollamos con las demás provincias.
¿Cuál es la legislación actual en nuestro país?
A nivel nacional, la ley marco es la 26.364 que fue modificada en el 2012 por la 26.842. En materia de avances, los primeros se dieron en 2008 cuando la primera ley reconoce el delito de trata en su especificidad. Esto lo que permite es ver las distintas etapas y reconocer los diferentes roles penales. Otro gran avance fue la creación de la reforma que agrega la construcción constitucional sobre el delito. Además está el reconocimiento de derechos para las personas victimizadas, tanto colectiva como individualmente. Una de las cuestiones en este punto tiene que ver con la no punibilidad, es decir que la persona no puede ser castigada en cuanto cometa delitos en el marco de una situación de trata.
¿Qué deudas existen al respecto?
Más que deudas son desafíos. Por un lado, está la necesidad de terminar de implementar un fondo para solventar estas políticas que se obtiene a través de los decomisos que se realizan en todos los casos. Por otro lado, algo que también se tiene que terminar de construir es el registro nacional de datos. La característica territorial que tiene este tipo de delitos hace que las políticas que lleva adelante cada provincia estén vinculadas, entonces es necesario que los organismos cuenten con datos coherentes, sistematizados y actualizados. El registro nacional lo que haría sería darnos una mirada transversal tomando los diferentes registros que existen, que es lo que falta.
¿Qué pasa con las mujeres víctimas de trata para la explotación sexual? ¿Cómo conviven las políticas de trata con el trabajo sexual?
Ese es un gran debate hacia dentro de los feminismos. Como agencia estatal tenemos una normativa a la que atenernos y nuestra normativa dice que la prostitución no es un delito. Desde el lugar que nos toca a nosotros, lo que procuramos es que todo ese edificio penal que se fue construyendo a través de los años no recaiga sobre las personas que ofrecen servicios sexuales. La política criminal de estos últimos años no ha tenido tan en cuenta las consecuencias que genera en ciertos colectivos y es importante que vuelva a tenerlo. No es posible desarrollar una política pública en términos de trata y explotación sexual si no tenemos definiciones claras de qué deberíamos perseguir penalmente, sobre donde aplicamos violencia estatal y donde no. No significa no dar abordaje estatal y penal sino dar otro tipo, lo que termina sucediendo es que la sanción penal termina recayendo donde no queremos.
¿Qué pasa con las personas víctimas de trata para trabajos forzados?
En general, la agenda política y social se ha concentrado en la trata y explotación sexual y ha dejado algo de lado la trata con fines laborales. Si uno mira los registros de la línea 145 reflejan eso y se ve también en la mirada estatal y las políticas públicas. Creo que hay mucho para hacer en torno a desnaturalizar algunas cuestiones y mucho también en términos de detección y abordaje de estos delitos que están mucho más aceptados. Desde la dirección intentamos equipararlos a ambos y entender que en algunos territorios la explotación laboral es un problema igual o incluso mayor.
¿Cómo se desanda la complicidad policial?
Nosotros trabajamos con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y lo hacemos muy bien, pero es verdad que hay lógicas que están empapadas más allá de lo institucional. Son delitos que no pueden existir sin algún grado de connivencia con una o muchas de las agencias estatales. En un informe realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se analizaron las sentencias de la Cámara Federal de Casación en casos de trata con participación de funcionarios públicos, desde al año 2012 hasta 2019 y reflejó que los funcionarios imputados fueron en un 50% integrantes de fuerzas de seguridad, mientras que un 46% fueron municipales. No me animaría a pensar que hay una sola medida que pueda terminar con la corrupción policial. Sí ha sido de gran avance la creación de grupos especializados dentro de las fuerzas federales. Cada fuerza federal tiene una agencia especializada en trata y lo que se hace es convocarla cuando hay algún allanamiento, por ejemplo, y así evitar perder cuestiones que no se van registrando si no se tiene el expertise. Ahí también depende de que la Justicia conozca los organismos y los convoque.
