El 24% de las universidades nacionales ya habilita el autorreconocimiento de las personas con discapacidad entre sus instrumentos de inscripción, según plantea el informe «De la segregación a la inclusión. Avances en políticas universitarias de discapacidad y accesibilidad«, realizado por el Observatorio de la Facultad de Filosofía y Letras (OUBA) de la UBA. Asimismo, este documento refleja que existen otras modalidades de identificación de sus ingresantes con discapacidad como el 30% que lo hace por información de docentes y/o no docentes; el 26% por presentación espontánea de parte del propio estudiante; el 11% vía los centros de estudiantes y 9% por otros medios.
Estas son algunas de las estadísticas recabadas por el reciente estudio realizado a partir del trabajo que viene desarrollando la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) del Consejo Interuniversitario Nacional. Del estudio se desprende que un 90% de las casas de estudio cuenta con servicios de accesibilización de materiales pero un cuarto de las mismas no los brinda de manera sistemática. En materia de contenidos, el 73% afirma contar con materias vinculadas a la situación de discapacidad y en el área de posgrados el porcentaje asciende al 41%.
“Este informe contribuye a dar un estado de la cuestión tanto de la normativa como de la experiencia, poniendo una mirada crítica respecto a estos procesos que no son homogéneos ni lineales y presentan contradicciones. Además, plantea los desafíos a futuro y visibiliza las situaciones más complejas que no terminan de poder alojarse como problemas”, explicó a este medio Verónica Rusler, coordinadora del Programa Discapacidad y Accesibilidad y Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. “Siempre es super interesante visibilizar el lugar de las personas con discapacidad organizadas y el vínculo colaborativo de la universidad con estas organizaciones que guardan un recorrido territorial. Si no corremos el riesgo de volver a empezar algo que ya tiene un recorrido previo”, continuó.
El análisis, publicado hace pocos días, da cuenta también de los puntos débiles de las universidades en torno a la problemática. En ese sentido, explicita por ejemplo que entre las ausencias de apoyos que faciliten el acceso al material de estudio el 60% menciona el equipamiento (programas de subtitulado para pasaje de voz a texto, impresoras Braille, aros magnéticos, equipamiento informático, software de lectura, software para lenguaje matemático, impresoras 3D, entre otras); el 53% la conformación de la figura institucional profesional de Intérprete de Lengua de Señas (LSA) y financiamiento para sostener equipos de interpretación; el 47% reclama la necesidad de más personal y equipamiento idóneo en la biblioteca para la accesibilización del material bibliográfico; 40% contar con estructura de personal requerida para institucionalizar la política de discapacidad y accesibilidad; 37% incorporar la figura de tutor; 27% señalética accesible en macrotipos y Braille; 23% infraestructura y mobiliario accesible y 13% talleres de lectocomprensión del español para personas sordas.
“Es fundamental analizar la discapacidad como variable en cruce con perspectivas de clase, género, configuraciones territoriales, entre otros elementos, para comprender las formas de exclusión que vive el colectivo de personas con discapacidad y, al mismo tiempo, proponer modos de modificar esa realidad y destacar las acciones colectivas que de hecho la intentan transformar”, señala en el informe Carlos Alexis García, integrante del Programa Discapacidad y Accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y dirigente de la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC). “Las formas de inclusión o exclusión no resultan de la suma de estas variables, sino que el cruce puede generar tensiones porque los factores se combinan y la prevalencia de uno u otro genera cambios”.
El informe de 20 páginas historiza las políticas de inclusión y discapacidad demostrando cómo con la democratización de la educación universitaria durante el gobierno de Juan Domingo Perón, a partir de 1949, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas con discapacidad fue en aumento en las universidades, aunque hasta el día de hoy no se cuenten con cifras exactas. En ese sentido, también se volvió fundamental la militancia que quedó reflejada en espacios tales como el Frente de Lisiados Peronistas y que obligó a comenzar a pensar las intersecciones donde anida la discriminación.
En su cuerpo, el trabajo también recorre los progresos y las falencias de las universidades en torno a lo arquitectónico, una falta que puede ser crucial a la hora de acceder a los espacios educativos: desde aulas hasta bibliotecas o ateneos. Sin embargo, Rusler asegura que es interesante el concepto de «cadena de accesibilidad», por el cual si bien lo edilicio y el transporte es una dimensión de la accesibilidad que nos es más fácil identificar, no puede quedar restringida a esto. “Obviamente las barreras edilicias son problemáticas, pero hay que pensarlas como una cadena donde se pueda ingresar, permanecer y circular pero que no se limite a lo edilicio. Está buenísimo si tenemos una rampa de acceso pero esa rampa pierde el sentido si no está la posibilidad de una participación plena de la persona”.
Desafíos a futuro
A través de diferentes propuestas, la Facultad de Filosofía y Letras intenta trabajar con las barreras actitudinales profundas que subyacen al ordenamiento del sistema educativo, así como los prejuicios y las ausencias de materiales.
Desde 2014, el Programa Discapacidad y Accesibilidad Filo: UBA -creado dos años antes- lleva a cabo el Seminario de Extensión “La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades”. Por su parte, la Facultad cuenta con una Diplomatura de Interpretación en Lengua de Señas Argentina/Español y en diciembre de 2021 160 personas sordas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos recibieron su diploma de instructores e instructoras de la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina (TULSA).
La contracara negativa de este proceso podemos verla en factores como la permanencia y el egreso de les estudiantes sordos: según el informe, entre 2014 y 2016 un 92% de las universidades encuestadas tenía estudiantes sordos, pero apenas un 38% -correspondiente a apenas ocho universidades nacionales- contaba con graduados sordos.
Otra vacancia resulta de la integración de docentes y no docentes con discapacidad a los claustros, donde la mirada capacitista prima limitando el pensamiento crítico y filtrándose en el escaso ingreso a la carrera. “La discapacidad en el claustro docente no es contemplada, tanto si se trata de personas con discapacidad que eligen la profesión, ingresan y egresan de trayectorias de formación como las que adquieren una discapacidad en el ejercicio de la misma”, continúa el texto.
“Esta situación se ha ido revirtiendo lentamente en los últimos años”, aporta Verónica. «De hecho, todo lo que tiene que ver con el modelo social y los estudios en discapacidad surgen de personas que pudieron problematizar estas cuestiones desde sus propias disciplinas y puestos laborales. Sin embargo, seguimos muy lejos de hablar de una cuestión saldada”.
Finalmente, se le consultó a la entrevistada cómo tener una facultad más inclusiva a futuro y su respuesta fue clara: no existe un modo unívoco porque la inclusión y la exclusión son factores multicausales y situados. “Una facultad más inclusiva necesita establecer un fuerte trabajo con las agrupaciones de personas con discapacidad porque han sido siempre ellas las que encarnaron el motor de la transformación. No quiere decir que hayan sido ellas solas, pero sí han sido las que han traccionado. Otra cuestión importante es conocer el marco regulatorio y trabajar cotidianamente para que se cumpla. Por último, apostamos a la transversalización de las prácticas y la curricularización de los contenidos. La transversalización porque nunca va a haber una universidad inclusiva si estas prácticas no afectan a cada área, si no hay una perspectiva de discapacidad y accesibilidad integral. La curricularización porque es una responsabilidad que tenemos en cuanto a formar personas que puedan integrar la perspectiva de discapacidad en su práctica a futuro en lo que hagan. Esto no tiene una única forma, puede ser en una o varias materias que problematicen estos contenidos, pero es algo que nos va a permitir contar con profesionales que, cuando vayan al territorio, no dejen de tener en cuenta estas cuestiones”, concluyó Verónica.
