Apenas un mes después de su publicación, el “Mapa de la Policía” enfrenta su primer intento de censura. La fiscal en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, Celsa Ramírez, solicitó la semana pasada la “clausura o bloqueo preventivo” de la plataforma, con el pretexto de que la voluntad de ejercer un control ciudadano sobre las fuerzas de Seguridad constituye un “abuso de autoridad”.
Esa fue la figura penal con que Ramírez pidió además iniciar una investigación sobre la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, quien impulsó la iniciativa de la mano de varias organizaciones sociales, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la revista Crisis, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Equipo de Investigación Política (EDIPO), la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) y, también, El Grito del Sur.
Desde el entorno de Ofelia Fernández señalaron hoy que “el argumento propuesto por la fiscal Ramírez roza lo ridículo y constituye un acto de persecución política” y que el intento de censura se enmarca en “una ofensiva mediática que comenzó a los pocos días del lanzamiento de la plataforma”.
El Mapa, que está online desde el 22 de julio, informa sobre cada dependencia de la Policía de la Ciudad, con sus respectivas autoridades, además de ofrecer un organigrama de los “ravioles” y funciones internos de la fuerza. También ofrece un canal abierto para denuncias de abuso policial y violencia institucional, además de una geolocalización en tiempo real de los casos de gatillo fácil dentro del territorio porteño, una investigación que estuvo a cargo de este medio.
El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, acusó a la legisladora de “intentar meterle ideología a la seguridad”, una vez que el Mapa fue lanzado. Además, infirió que la plataforma interfiere sobre las propias funciones del Ministerio que conduce. Esos argumentos fueron recogidos por la fiscal para solicitar la censura.
No es la primera vez que Ramírez atenta contra organizaciones sociales. A fines del año pasado, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) pidió su destitución ante el Consejo de la Magistratura porteño por utilizar calificaciones penales al voleo para lograr infiltraciones de inteligencia ilegales entre vendedores ambulantes y migrantes, especialmente de la comunidad senegalesa, «a pedido de marcas como Nike y Channel».
Las organizaciones, ahora, están a la espera de lo que resuelva el juez de Primera Instancia en el fuero Penal Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, quien debe resolver si hace lugar o no a la medida cautelar.
“Esta denuncia penal constituye una nueva agresión contra la legisladora Ofelia Fernández, es también un intento de censurar la libertad de expresión de distintas organizaciones de la sociedad civil, y una reacción antidemocrática contra la exigencia de un gobierno abierto con control activo de la ciudadanía”, dijeron hoy las organizaciones vía redes sociales.
La defensa la lleva María del Carmen Verdú, de Correpi. “La medida cautelar solicitada por la Sra. Fiscal no es más que una solicitud de censura sobre un sitio web destinado a la visibilización y concientización de un problema público y sobre un asunto de interés social”, dice el texto que ya presentó la abogada ante el juzgado de Casas.
“La policía de la Ciudad lleva asesinadas al menos 130 personas desarmadas entre el 1° de enero de 2017 y el 25 de julio de 2022. De esas 130 muertes, 87 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (casi el 67%), una en la provincia de Chaco, y 42 en la Ciudad de Buenos Aires (32,3% del total)”, dice el texto.
Según el relevamiento que realizó El Grito del Sur en el marco del Mapa de la Policía, en sus casi seis años de existencia, la Policía de la Ciudad asesinó, al menos, a unas 38 personas en casos de Gatillo Fácil dentro del territorio porteño. Dos de cada tres casos, además, se produjeron en los barrios de la zona sur de la Ciudad. Un tercio del total se dieron dentro o en las inmediaciones de los barrios populares. Sólo hubo dos casos que llegaron a una condena efectiva en la justicia: el resto permanecen impunes.
