En Solís al 1800, en Constitución, hay un hotel de paredes descascaradas y olor a humedad parecido a muchos. Como en tantos otros de la Ciudad, viven muchas más familias de las que caben. Son 70, repartidas en 51 habitaciones. Hay grietas en las escaleras, azulejos rotos, cables que pasan a centímetros de filtraciones de agua, vigas expuestas, baños y cocinas para los que hay que turnarse. Aún así, para habitarlo hay que pagar un alquiler, y eso es lo que venían haciendo sus inquilinos todos los meses, algunos incluso con el aporte del subsidio habitacional porteño. Hasta que en la madrugada de este lunes la Policía de la Ciudad desplegó un operativo tan sorpresivo como desproporcionado con el objetivo de dejarlos en la calle.
“Se escuchaban las patadas que le daban a la puerta, yo pensaba qué era lo que estaba pasando. Primero creí que estaban queriendo entrar a robar, o algo peor, que venían a matar a alguien, no sé. Era muy temprano, las cinco y algo de la mañana, todavía era casi de noche. Le pagaban patadas a la puerta y gritaban “¡Policía!”. Todo el hotel se fue corriendo hasta adelante y los varones trabaron la puerta. Mi pieza está justo muy cerca, así que mi nena que es muy chiquita sintió todo eso y empezó a gritar, como otros de los nenes que viven acá. Después subí al primer piso y cuando me asomé a uno de los balcones no podía creer la cantidad de policía que había, el carro hidrante, las vallas alrededor de casa. Nos rodearon como si fuéramos delincuentes”, recuerda Sol sobre lo que se vivió en Solís este lunes, pero podría ser la experiencia por la que pasaron otros miles como ella a lo largo de los últimos años.
Cuando Sol llegó al hotel, hace apenas tres meses, jamás imaginó que iba a pasarle algo así, cuenta. Más bien regresó, en lugar de llegar, porque vivió ya varias veces en la misma pieza que hoy ocupa: primero con sus padres, después con sus hermanos, ahora con su nueva pareja y su nena de un año. “Fui y vine varias veces, siempre busqué algo por fuera pero no siempre conseguís”, cuenta sobre el devenir del problema de vivienda que arrastró toda su vida. En mayo de este año volvió a consultar y el precio le cerraba: poco más de 10 mil pesos por mes por una pieza de 4×3 para los tres. El problema ahora es la violencia y la incertidumbre: “Me despierto todos los días a esa misma hora pensando que va a venir la Policía a sacarnos. Vivimos con angustia”, dice.
El edificio donde viven las 70 familias es enorme: las habitaciones están repartidas en tres pisos, a lo largo y ancho de dos alas. Por dentro es como una mini-ciudad: apenas se ingresa por el pasillo se sale a un patio que hace las veces de pulmón interno, a partir del cual se distribuyen todas las habitaciones. El objetivo del dueño —un conocido empresario del rubro de nombre José De Roque— es venderlo: pide 470 mil dólares por el “lote” de 570 m2. En la propia descripción de la publicación de internet está a la vista el origen del conflicto: “actualmente funcionando como pensión con renta, con sentencia de desalojo (tiempo aproximado de desalojo 6 meses). Se escuchan propuestas”, describe.
El dueño, José De Roque, es un viejo hotelero conocido por el Gobierno porteño y los organismos públicos que trabajan la problemática de situación de calle en la Ciudad. Más de una vez, con mala cara, De Roque sacó de un apuro a un trabajador social en la búsqueda de una pieza para personas con problemas de vivienda, como sucede también con varios otros hoteleros, que igualmente no tienen problemas en desalojar si ven otro negocio mejor. En varios de sus hoteles —tiene al menos uno más en Pedro Echague al 1400 y otro en Perón al 2600, en Once— viven personas con amparos judiciales que obligan al Ejecutivo a brindarle un techo de la forma que sea. Todos esos inmuebles figuran en el listado de posibles alojamientos con los que se maneja el Programa Buenos Aires Presente, a los que accedió este medio.
Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño no sólo conocían de larga a data a De Roque, sino que además fueron notificados a principios de septiembre por el Juzgado Civil Federal 93 de que se venía el desalojo. El juzgado solicitó un informe al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) sobre la cantidad de menores que vivían allí, pero nunca lo hicieron. Tampoco hubo una intervención a tiempo de la Asesoría Tutelar, ni de los organismos públicos de defensa de derechos, que siempre actúan una vez que el operativo policial está desplegado.
Cerca de la ministra María Migliore se lavan las manos. “No es algo 100% nuestro. Nosotros estamos ahí para dar contención a las familias y, en el caso de que sea necesario, solución habitacional temporal. Pero no es un hotel ni nada que tenga convenio con nosotros. Es una propiedad donde se alquilaban habitaciones pero el problema es judicial, del propietario del inmueble con el inquilino (que subarrienda a otros)”, dijeron a El Grito del Sur.
Esa forma de intervención sobre la hora esconde una intención de dejar vacío el inmueble. “El Gobierno de la Ciudad estaba avisado, pero especuló hasta último momento para entregar únicamente una cuota de emergencia, que las familias suelen agarrar desesperadamente. Aprovechan eso en lugar de hacer una evaluación de la circunstancia, si hay violencia familiar, menores, personas con discapacidad. Se aprovechan de la desesperación de las familias”, relató a este medio un funcionario judicial con centenares de intervenciones en este tipo de procedimientos.
Ese “modus operandi”, incluye, claro está, el negocio judicial. Desde hace años opera en la justicia penal una especie de cláusula, llamada “seguro de caución”, por la cual un supuesto dueño puede acreditar su propiedad y forzar un desalojo pagando por adelantado, sin que se compruebe efectivamente el papeleo, lo que resulta útil para agilizar trámites complejos, como las sucesiones. Las familias, que suelen sub-alquilar y casi siempre firman contratos en negro, quedan en el medio de los procesos, sin ningún tipo de asesoramiento, salvo el de las organizaciones sociales.
El caso de Solís funciona como parámetro: la causa civil por desalojo estuvo cajoneada entre 2007 y 2019, año en que el expediente volvió a moverse por arte de magia. El DNU presidencial que suspendió los desalojos por la pandemia retrasó el procedimiento judicial, que podría haber llegado mucho antes. Las 70 familias inquilinas nunca supieron nada hasta este lunes que pasó. Su primer contacto con el Estado fue a través de la Policía.
Gracias al accionar de las organizaciones, el desalojo se postergó hasta nuevo aviso, probablemente hasta el jueves próximo. El Gobierno porteño ofrece un subsidio habitacional, de 20 mil pesos, a cambio de que lo entreguen. “No nos sirve. ¿qué hacemos con 20 mil pesos? Acá a la vuelta piden 27 mil por una pieza, y casi ninguno te acepta con chicos”, dice Sol, que este sábado cocinó y atendió a los chicos del hotel en una actividad a puertas abiertas para que el barrio conozca la situación.
Según datos oficiales de la Cámara Civil Federal, se inician más de tres mil causas de desalojo por año en la Ciudad, un número que sólo bajó durante la pandemia. La mayoría son por vencimiento de contrato o por falta de pago. Pero no hay estadísticas sobre cuántos se llegan a concretar.
La Defensoría del Pueblo, desde el año pasado hasta la fecha, “inició 691 trámites para abordar emergencias habitacionales”, según información que hicieron circular esta semana a distintos medios. “De dicho total, 221 corresponden a desalojos de inquilinos sin contratos, con contratos de locación vencidos o deudas acumuladas, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria. Otros 280 atañen a grupos en situación de vulnerabilidad socioeconómica que viven en casas tomadas, hoteles temporarios o familiares y barrios populares de la Ciudad”, dicen.
El promedio da un desalojo por día, número que coincide con el que extraoficialmente comunicaron el año pasado desde el Ministerio de Desarrollo porteño a este medio. La organización Consejería de Vivienda, que acompaña a las familias de Solís, reportó vía un pedido de acceso a la información pública que a través del Ministerio de Desarrollo porteño «se emitieron 137 cheques de emergencias con motivo de desalojo» en lo que va de este año, lo que da también una familia por día desalojada.
Ya en abril de este año hubo un desalojo que mereció un fuerte operativo policial en Leopoldo Marechal 950, Caballito, que terminó con 18 familias en la calle, y otro en Olavarría 1107, La Boca, el barrio más afectado.
“En La Boca solamente tenemos 275 juicios por desalojo abierto. Y entre dos y cinco por venir de acá a fin de mes. A eso hay que sumarle la emergencia permanente del barrio, por ejemplo amenazas de clausuras administrativas, que en realidad es el objetivo de cerrar los programas de vivienda transitoria del Gobierno de la Ciudad”, relató a este medio Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone.
«Es un problema del Estado en su conjunto, no sólo de la Ciudad», apuntó por su parte Gigi Krein, de la Consejería de Viviendas. «Estamos disputando el modelo de Ciudad, que utiliza sus fuerzas represivas para llevar adelante los desalojos. Pero el Gobierno nacional también debería suspenderlos como lo hizo durante la pandemia en esta situación de crisis habitacional», concluyó.
