Infraestructura vetusta, viandas escolares de pésima calidad y nulo valor nutricional, prácticas preprofesionales que funcionan como pasantías en empresas cercanas al Jefe de Gobierno. Los motivos para protestar de les estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires son múltiples y en el último tiempo se le suma su dimensión más novedosa: la persecución política.
Lo que comenzó a partir de la prohibición de una charla con la legisladora Ofelia Fernández en la Belgrano escaló al calor de una serie de amedrentamientos a les alumnes que protestaban y tuvo su estocada final en las denuncias penales que el Ministerio de Educación de Soledad Acuña inició hace apenas dos días contra las madres y padres responsables de les alumnes que reclaman.
Florencia Avilés Bernat es coordinadora del centro de estudiantes de La Belgrano, una de las instituciones más activas en el reclamo. «Hasta el momento son 23 colegios que se sumaron a las protestas, contando aquellos que están en toma y pernocte», señaló y agregó que esta misma tarde se reunirán con el movimiento estudiantil secundario para debatir cómo seguir adelante con el conflicto.
Si bien en la Belgrano no recibieron la visita policial, en otros colegios como el Lengüitas, la policía se instaló en la puerta y comenzó a tomar fotos y amedrentar a les estudiantes. «Están cayendo en muchas casas de familias con los datos de les pibis. El CELS y la Defensoría nos están dando una mano gigante, pero la situación es preocupante. No puede ser que en plena democracia se denuncien a los padres», explicaron les secundaries.
La preocupación de Avilés Bernat atraviesa al movimiento secundario. Es que la escalada represiva continúa en aumento y no llegan respuestas a los reclamos. La persecución política comenzó a ser ahora uno de los principales ejes de la movilización, y se suma al señalamiento por la deficitaria asignación presupuestaria para mantenimiento y mejora edilicia y al debate en torno a las prácticas laborales. «No estamos en contra del acercamiento al mundo laboral, pero queremos que se oriente a nuestras necesidades y no que nos manden a las empresas amigas de Larreta», puntualizaron les jóvenes.
La solidaridad con el reclamo trasciende a los claustros. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el gremio docente más importante de la Ciudad, repudiaron el accionar intimidatorio de las fuerzas policiales. «La utilización de efectivos de la Policía de la Ciudad para identificar, hostigar e intimidar a lxs estudiantes y sus familias nos retrotraen a épocas contrarias a los valores democráticos que construimos en las escuelas», señalaron en un comunicado.
En la capital del diálogo y el consenso, estos puentes brillan por su ausencia. «No existe diálogo. Nos enteramos por lo que la ministra sale a decir en televisión», explicó Avilés Bernat. La referente señala que tampoco tuvieron respuesta a la carta presentada por les representantes estudiantiles, donde exigieron la convocatoria a una mesa de diálogo conjunta con estudiantes, docentes, padres y autoridades.
Finalmente, y en relación a rumores que circulan en medios de comunicación hegemónicos, aclararon: «No estamos prohibiendo que otros niveles educativos entren». «Eso lo prohíbe el Ministerio con su protocolo anti-tomas», concluyó Florencia, quien agrega que el reclamo se enmarca dentro de una lucha que comenzó a principios de año pero que «tuvimos que llegar a esta instancia para que se dieran cuenta que estaban pasando cosas».
