El 8 de diciembre, cuando les peruanes esperábamos la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, nos sorprendió un mensaje presidencial donde con voz temblorosa convocaba a nuevas elecciones congresales con facultades constituyentes. Acto seguido, la policía lo trasladó a seguridad del Estado, el Congreso adelantó de manera ilegal la votación de vacancia, asumió como presidenta la vice Dina Boluarte y horas después Castillo era trasladado a la prisión de la DIROES.
Las reacciones fueron inmediatas: por un lado, un sector mayoritariamente limeño de clase media y alta comparó la decisión con el Golpe de Estado dado por Fujimori el 5 de abril de 1992. Sin embargo, quienes habían votado en primera vuelta por Castillo -los maestros, los campesinos, los pueblos indígenas y los sindicatos- tantas veces se vieron marginados y hoy por fin se sentían identificados.
Si bien la crisis política no empezó en su gobierno, fue bajo el mandato de Castillo cuando alcanzó picos más altos de conflicto, con una mayoría congresal de derecha y una izquierda fragmentada, con el desbalance de los poderes del Estado peruano se hizo cada vez más insostenible. Interpelaciones y censuras a ministros, la negativa de viajes de representación presidencial, obstrucción en iniciativas legislativas, sumado a 3 vacancias en 16 meses y un intento de suspensión presidencial.
Con un presidente debilitado, los analistas de medios oficiales no se explicaban por qué consevaba un 30% de aprobación en las encuestas mientras el Congreso apenas arañaba un 10%. Aun así, la derecha pensó que sería sencillo vacarlo de la presidencia y construir el relato de “Castillo Dictador”, que nadie saldría a protestar por su libertad y su restitución. Pero se volvieron a equivocar: conforme fue llegando la noticia, las calles fueron tomadas. Se levantaron Apurímac, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Lima y luego se fueron sumando cada día más regiones.
El mensaje era claro: el presidente Castillo había cumplido cerrando el Congreso como su base social le reclamaba, pero finalmente terminaba preso con su lugar usurpado por Dina Boluarte, con las protestas creciendo y la represión también.
“Solo el pueblo salva al pueblo, y el pueblo es Castillo”
Pero, ¿por qué defender a Castillo si éste no cumplió con sus promesas de campaña? Esta sola idea es errónea: en sus 16 meses realizó diversas políticas a favor del pueblo y que disgustaron a la clase alta la cual vive de los contratos estatales.
La vacunación contra el COVID gratuita, el retorno a la presencialidad escolar, fomento al agro, ayuda a las ollas comunes, el fomento a la compra del Estado para productores locales, la cercanía con los gobiernos regionales y provinciales. Por primera vez en la historia, una dirigenta indígena shipiba fue nombrada Viceministra de Interculturalidad, el ente encargado de velar por los pueblos indígenas.
Es por eso que hoy, a pesar de la represión, las calles están tomadas por el pueblo: maestros de escuelas, señoras de las ollas comunes, gente de las diferentes provincias que van llegando a Lima. Mientras tanto brillan por su ausencia los partidos de izquierda, los activistas e intelectuales.
Las demandas son claras:
- Cierre del Congreso
- Renuncia de la usurpadora Dina Boluarte
- Nueva Constitución
- Libertad del profesor Castillo y restitución de su mandato.
Si bien hay un consenso más amplio entre los tres primeros puntos, es el último punto el que genera mayor conflicto sobre todo con los sectores de clase media quienes se encuentran convencidos de que Castillo dio un golpe de Estado y por ende es un dictador.
Respuesta de Boluarte
Ante las protestas nacionales, la sra Boluarte optó por reunirse primeramente con las bancadas de derecha y nombrar ministros con serios cuestionamientos La represión policial a las protestas se sintió desde el primer día y solo ha ido creciendo hasta sumar los 21 muertos. La solución, en lugar de llamar al diálogo, fue la declaración del “Estado de Emergencia Nacional”, sacando el Ejército a las calles.
Hoy el presidente Castillo es un preso político, en un proceso judicial oscuro, con un Poder Judicial tomado por el fujimorismo y donde sus abogados vienen denunciando una serie de arbitrariedades.
El triunvirato conformado por el Parlamento, la Fiscalía y el Ejecutivo han respondido con represión y tildando al pueblo movilizado de terrorista, pero las protestas continuarán hasta que las demandas sean escuchadas. La derecha (que retornó al poder de la mano de Boluarte) continúa deshaciendo las reformas impulsadas por el profesor Castillo, mientras el Profe permanece en la cárcel. Pero si de algo estamos seguros es que “solo el pueblo, salva al pueblo”.
