Tras el golpe de Estado perpetrado contra Pedro Castillo, la Fiscalía de la Nación -una de las principales cómplices y responsables de este hecho- arremetió contra uno de los funcionarios más leales al mandatario con vistas a seguir disciplinando al conjunto del sistema político. Roberto Sánchez Palomino, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, fue citado por el Ministerio Público acusado de «rebelión y conspiración» y ahora buscan quitarle los fueros que detenta como congresista.
«Hoy el sistema político está en crisis y para la representación de un gran frente no necesitamos solamente los cascarones partidarios, sino ir a la base social en búsqueda de los líderes que constituyen la fuerza y el capital social de este período», señala en diálogo con El Grito del Sur. El actual congresista y presidente del partido Juntos por el Perú analiza en esta entrevista la profundidad de la crisis, los factores que han desencadenado las protestas y las alternativas a futuro.
¿Cuáles son las principales demandas actuales de la ciudadanía movilizada en las protestas populares contra la dictadura peruana?
La renuncia de Dina Boluarte y de su gabinete es la primera gran salida, inmediata y urgente, para que el Congreso de la República asuma la transición escogiendo a una persona de consenso para convocar a elecciones generales en los próximos cuatro a seis meses. Estas medidas extremas son la única consideración en este momento para calmar este oprobio y este crecimiento de ofensa a las poblaciones quechuas, aymaras, amazónicas y del movimiento social y popular del Perú al tildarlos de criminales, narcotraficantes, vándalos e ilegales. Toda esta visión insultante y que criminaliza la protesta desde Lima, con cientos de detenciones, ha escalado en un enfrentamiento tal que es fundamental el levantamiento del estado de emergencia y de toque de queda en las regiones para empezar a reconstruir bajo un proceso de diálogo nacional que incluya a los propios actores de las regiones. Aquí la violación a los derechos humanos ha sido flagrante: disparar desde un helicóptero es un delito de lesa humanidad. Este enfrentamiento no empezó el 7 de diciembre con la medida extrema del presidente Pedro Castillo de intentar cerrar el Congreso, sino que comenzó en los inicios de su gobierno a partir del golpismo y obstruccionismo parlamentario, el odio racial y ataque permanente. La libertad de Castillo también es una demanda del movimiento social.
¿Existe disgregación en los reclamos teniendo en cuenta que el conflicto alcanza a casi todas las regiones del país?
Los reclamos son diversos, pero el factor que ha desencadenado la protesta es el desconocimiento de la clase política al voto popular que puso de presidente a Pedro Castillo. Esto constituye una demanda esencialmente política. La demanda no es solo socioeconómica, sino que fundamentalmente es política e intercultural y que tiene sobre la base a todo el sur peruano. Esta región contiene las mayores riquezas (cobre, gas, etc.); sin embargo, es la más pobre del país. Durante los 17 meses de gobierno, el sistema de justicia y los medios de comunicación han jugado una guerra por el poder para destituir y vacar a Pedro Castillo. Eso es lo que ha ocurrido.
¿Qué mensaje dejan las renuncias de varios ministros en poco más de un mes de gobierno golpista?
Inicialmente, el mensaje de Dina Boluarte en su juramentación fue decir que se iba a quedar hasta 2026. Eso fue considerado como un insulto y en el trayecto el premier ha dicho que bajo cualquier costo se va a imponer el sentido de autoridad y la mano dura. También hay voces de congresistas militares que dicen que esto no se resuelve con diálogo, sino con la supremacía de la fuerza militar. De esta forma se ha incrementado el rechazo popular. Las comunidades alto-andinas, quechuas, aymaras y amazónicas se están manifestando en forma masiva y han asumido como propio el desprecio cultural de estos 17 meses que recibió el presidente rondero y campesino.
¿Qué sectores políticos y económicos siguen sosteniendo hoy a Dina Boluarte?
Es increíble, pero vamos a notar en los medios de comunicación sólo criminalización a los líderes sociales. Nos tildan de terroristas o remanentes del narcotráfico. Así trata la prensa local a esta protesta, no la entiende. Se muestra una vez más este racismo y discriminación en el Perú. El sector económico sólo lamenta sus pérdidas económicas, pero imagínate el terrible dolor de las familias que han perdido sus hijos. También hay al menos 20 personas en cuidados intensivos producto de los enfrentamientos de estos días. Hay que parar esta masacre. La visita de la CIDH al Perú nos muestra que hay un gobierno que desprecia los derechos humanos y que desea hacerse del poder que el pueblo no le dio.
Desde el Ejecutivo peruano plantean que una eventual renuncia de Boluarte significa abrir la puerta a «la anarquía y el desgobierno». En cambio, ¿qué consecuencias tendría forzar su continuidad?
Su continuidad es inviable políticamente. Diferentes sectores del Perú y hasta la Unión Europea se han pronunciado con preocupación por el desprecio hacia los derechos humanos que estamos viviendo. Yo creo que el gobierno tiene las horas contadas y por eso estaremos impulsando la vacancia presidencial como una medida para recuperar la paz social en el país.
Hasta el momento, ninguna de las muertes ocurrió en Lima. ¿Cambiaría el rumbo de los acontecimientos si se produce una gran movilización popular desde las regiones hacia Lima?
Son importantes las auto-convocatorias, las reuniones de comunidades, la organización en los barrios y las universidades. Esta situación se le escapó de las manos a una derecha bruta y achorada que cree que terruqueando y deteniendo va a calmar esta situación. Eso no es así.
¿Por qué las élites peruanas hicieron todo para derrocar a Pedro Castillo sabiendo que el ex mandatario había dejado atrás varias de sus propuestas más radicalizadas?
Al gobierno se le acusaba de comunista y que iba a expropiar. Todo ha sido patrañas y calumnias. En 2021 hubo récord de exportaciones y en 2022 lo mismo. En ambos años se ha mantenido la estabilidad macroeconómica. Nunca se expropió ni un sol del ahorro de la ciudadanía y mucho menos se expropió ni siquiera un centímetro de propiedad privada. Pero todo ha empezado con esa discriminación y odio cultural de no querer admitir que el voto popular puso a un campesino como gobernante del Perú. En ese ánimo se empezó una guerra del «vale todo», sin reglas, con obstruccionismo alterando el equilibrio de poderes. Hubo un plan para vacar sin razón a Pedro Castillo.
¿Mantenés diálogo con el ex presidente?
Yo le he visitado a los tres días de su detención y estuve viendo los temas humanitarios y de apoyo social alrededor de una detención que lo tiene aislado de sus familiares. Este sector que hace cacería de brujas ahora me acusa de rebelión y conspiración, me ha abierto procesos de acusación constitucional en el Congreso de la República y estoy haciendo mi defensa bajo la amenaza de quitarme la inmunidad. Esto es irracional y no resiste ningún tipo de análisis.
¿Qué queda en pie de su espacio político? Castillo fue destituido con una aprobación muy estimable en la política peruana…
La última encuesta, porque ahora los encuestólogos se han quedado mudos, a nivel nacional que realizó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) hace unos veinte días encontró que el 44 por ciento de la población del Perú mantiene su respaldo al presidente Pedro Castillo y que el 56 por ciento de la población del sur peruano también lo apoya. No han respetado el voto popular y han hecho todo para sacar a Castillo del poder.
¿Es posible un llamado a Asamblea Constituyente después de las modificaciones en las reglas de juego que realizó el Congreso?
Son muchos los sectores en el Perú, en el contexto de la protesta social, que reclaman una nueva Constitución. Nosotros consideramos que un proceso de Asamblea Constituyente es la alternativa a los problemas de fondo que vive el país. Un nuevo pacto social sin odio, sin venganzas, para tener estándares económicos que piensen en los derechos sociales. En el Perú hoy tenemos un régimen económico de hace treinta años que privilegia solamente a un sector de la población y a un sector del empresariado. Todos los derechos se han convertido en negocios. Chile es dueño de su cobre, Bolivia es dueño de su gas y litio, Ecuador es dueño de su petróleo. Y el Perú no es dueño de nada, sólo de su pobreza. La salida no se dará de un día para el otro, tampoco se trata de una mayoría que aplaste a una minoría. Hay que preguntarle a la gente con un gran referéndum si quiere o no un proyecto constituyente para solucionar los problemas de fondo en el Perú.
Si hay un pronto llamado a elecciones, ¿qué aprendizajes les deja la última experiencia de gobierno sabiendo que no se logró consolidar un bloque de poder y cuáles son los desafíos de la izquierda?
El desafío es la consolidación de un gran frente social y popular que supere los problemas que en los últimos treinta años tiene el sistema político peruano, incluido la izquierda. Necesitamos un programa común, muy concreto, para la democratización de la vida económica, social y política del Perú. Hoy el sistema político está en crisis y para la representación de un gran frente no necesitamos solamente los cascarones partidarios, sino ir a la base social en búsqueda de los líderes que constituyen la fuerza y el capital social de este período en el que emergen con voz propia quechuas, aymaras, amazónicos y alto-andinos que están más allá de la partidocracia. Esa es la gran lección: no puede ser una suma de caudillos o una suma de grandes nudos partidarios, el Perú profundo ha desbordado al sistema político y a la izquierda, nos ha devorado a todos. Éste es un momento inédito, el más importante de los últimos treinta años. La voz de las regiones exige la democratización de la sociedad peruana y el reto es construir un frente del pueblo desde las regiones. Juntos por el Perú está apostando y construyendo ese proceso.
Teniendo en cuenta la posible proscripción política de Pedro Castillo, ¿verías con buenos ojos una candidatura de Antauro Humala representando a tu espacio?
Yo creo que es prematuro en este momento proyectar figuras porque esto no lo resuelve un super hombre ni una super mujer. Si no vamos a la base de la democracia directa, al voto de los compañeros y compañeras de la propia base social, cualquier nombre no será la alternativa ni la solución. Así como surgió a 45 días del proceso electoral anterior una figura como Pedro Castillo Terrones que no tenía arraigo nacional, hoy también podría estar la nueva presidenta o presidente del Perú en ese movimiento social que irrumpe como un nuevo actor y aguardamos en ese trayecto identificar con desprendimiento pero con una visión de un programa de gobierno democratizador y sin odio en todo el Perú.
¿Del lado de la derecha creés que cambió algo el escenario con la llegada de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima?
Hay un antagonismo de un sector de Lima sobre las regiones. También está la presencia de un discurso social liberal y de una derecha autoritaria que linda con el fascismo. Si pensamos cómo irrumpen estas perspectivas societales y políticas, estamos seguros que el Perú mayoritario sea esperanzador porque ni el fujimorismo ni las fuerzas mafiosas presentes en alguna alternativa fascista finalmente van a hacerse del poder como ha sido en los últimos quince años. Lo que no debe ocurrir es que se gane con un programa de izquierda y luego se gobierne del lado de la derecha producto de la esquizofrenia de no tener mayoría parlamentaria.
