Las feministas advertimos hace tiempo sobre el funcionamiento tergiversado de algunos sectores del Poder Judicial que se expresan en el descreimiento de testimonios, la alianza con femicidas, abusadores y pedófilos, los estereotipos con los que criminalizan sin pruebas a las mujeres y diversidades, la falta de información y el laberinto burocrático que dificultan el verdadero rol que debería tener la justicia.
Por ello, la demanda por la reforma judicial feminista se convirtió en imprescindible y necesaria. Además, se inserta en una discusión que a la luz de los últimos acontecimientos debe ser mucho más amplia.
Lo que no dimensionamos es que ese accionar llegaba mucho más allá poniendo en jaque al sistema republicano y democrático. Ese es el máximo peligro que puede tener esta estrategia del Poder Judicial: hacerse invisible para la mayoría de la población.
Este año, nuestra democracia cumple 40 años de estabilidad. El siglo pasado, esa democracia sufrió interrupciones permanentes por parte de distintas facciones de las Fuerzas Armadas cuyo objetivo fue en la mayoría abrumadora de los casos erradicar al peronismo, a los sindicatos como espacios de organización que presionaban por la redistribución y la justicia social y frenar lo que ellos llamaban el «populismo económico» causante de todos los males. En su forma más extrema esto llevó a 30.000 desaparecidos, arruinó la industria nacional generando pobreza y desocupación, recortó drásticamente salarios reales.
El momento histórico que nos toca vivir está lejos de esa posibilidad. Pero la idea de que se pueda terminar con el peronismo y abortar políticas que tiendan a beneficiar a las mayorías sigue presente en una parte de la población que encontró en el Poder Judicial una herramienta para llevar ese objetivo adelante.
Basta con mirar la experiencia del pueblo hermano brasilero, donde gracias a esos poderes enquistados lograron proscribir a uno de los políticos más importantes del siglo XXI, Lula da Silva. Pero el pueblo no les dio esa posibilidad y logró volver a elegirlo presidente por tercera vez y repudiar las prácticas antidemocráticas reveladas hace días en el Palacio de presidencial en Brasilia.
Hoy, un poder de Estado que nadie votó frena políticas del Ejecutivo, cuestiona y obstaculiza decisiones del Legislativo, y hasta llega a desobedecer la propia Constitución. Lo más grave es que empieza por decisiones de su máximo estamento: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es un pésimo mensaje para el resto del sistema de justicia.
Si la Corte se atreve a no respetar la propia Constitución ni las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿qué queda para el resto del Poder Judicial en las provincias? ¿Qué queda para las ciudadanas comunes cuando intentan lograr justicia? La situación institucional por la que atraviesa nuestro país es homologable al estado de excepción del que hablaba Greorgio Agamben: un régimen de vacío legal, con decisiones que están lejos de la Constitución.
Nuestra generación, la generación de los y las que nacimos en democracia y la defendemos, tiene una responsabilidad histórica en repensar este régimen para retornar al Estado de Derecho, para defender y sostener los derechos que logramos.
