Familiares y sobrevivientes de la masacre de Cromañón están nuevamente en alerta. A través de una nota dirigida al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reclamaron esta semana “definiciones más claras” respecto del monto de los subsidios para las víctimas, que quedó atrasado respecto de la inflación. Durante el año pasado, según denunciaron, sufrieron un ajuste de unos 100 millones de pesos en el principal programa de asistencia, que no fue actualizado en base a la paritaria de Sutecba, tal como marca la ley vigente.
“Tener que insistir todo el tiempo que se respeten los tramos del subsidio es una forma más de revictimización que tenemos que soportar”, le dijo a El Grito del Sur Nicolás Pappola, sobreviviente de la masacre.
De acuerdo a la Ley de asistencia a las víctimas, sancionada en 2020 por la Legislatura porteña, el incremento del monto del subsidio que reciben sobrevivientes y familiares está atado a la paritaria del gremio de los empleados públicos de la Ciudad, Sutecba. Durante el año pasado, los aumentos entre el sindicato y el Ejecutivo se pactaron en un 90 por ciento en varias cuotas entre marzo y enero de este año, pero el programa para Cromañón no siguió esa pauta y estuvo congelado durante meses. Las organizaciones reclaman los montos no percibidos y que este año no vuelva a repetirse el ajuste.
La última actualización dejó el subsidio en apenas unos $35.540 para los sobrevivientes y en $65150 para los familiares. Antes, estuvo seis meses congelado. Por eso, las organizaciones denuncian que el Ejecutivo se ahorró unos 100 millones de pesos producto del ajuste. “Los fondos están. Figuran en el propio presupuesto de este año y en el del año pasado, que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Humano. El problema es que, hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no los destraba”, precisó Pappola.
En el Gobierno de la Ciudad explican, insólitamente, que el problema está en la “ambigüedad” de la redacción de la ley. Si bien el artículo 11 de la norma, dicen, establece que el subsidio se actualiza “conforme al incremento salarial acordado por SUTECBA”, no especifica que deba hacerlo en cuotas, de la misma forma que los salarios. Un argumento burocrático para el ajuste.
“Si el problema es la ley, entonces que se redacte nuevamente. Lo que no podemos tolerar es un retroceso revictimizante, son derechos conquistados”, sentenció Pappola.
“A casi 10 años de la sanción de la ley continuamos esperando que el Gobierno porteño cumpla las promesas y asuma el real compromiso que por ley tiene la obligación de asumir para transformar la ley 4786 en una ley justa, integral y para todas las víctimas de la masacre”, dijeron las organizaciones.
