El asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620 de colectivos de La Matanza, encendió nuevamente las alarmas respecto a los hechos de inseguridad acontecidos en el transporte público. La problemática se arrastra desde hace al menos diez años, cuando este medio de transporte se convirtió en uno de los blancos preferidos de muchos delincuentes. Esto ha dejado a los choferes de colectivos en una situación de extrema vulnerabilidad, cuestión que ha suscitado múltiples reclamos para evitar estos hechos.
La última gran turbulencia en esta materia se había vivido allá por el año 2017 luego de que casi 60 líneas de colectivo se plegaron a una medida de fuerza tras el crimen de Carlos Sánchez, un chofer que fue asesinado por motochorros de un tiro en la cara en la localidad de Claypole. Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), respaldó aquel paro de 24 horas y sentenció: «Todos los días nos matan como perros». Además de la huelga, cientos de choferes decidieron marchar a la ciudad de La Plata para llevarle directamente el reclamo a María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, en ese entonces gobernadora y ministro de Seguridad de la Provincia respectivamente.
Éste no fue el único caso bajo la gestión Vidal: en abril de 2018, dos delincuentes asesinaron a Leandro Miguel Alcaraz en Virrey del Pino (La Matanza) y la ex mandataria provincial decidió reglamentar la ley 14.897, que había sido aprobada ya en 2017 y estableció la obligatoriedad de cámaras de seguridad en los transportes de pasajeros. Sin embargo, la medida nunca se implementó y las empresas de transporte reclamaron por los «altos costos» de la puesta en marcha del sistema. Ya con la gestión de Kicillof-Berni, en el año 2021 el gobierno provincial entregó 2500 millones de pesos para que los dueños de las líneas de colectivos tengan cámaras. Algo evidentemente falló.
Durante su alocución tras recibir una fuerte golpiza, ayer el ministro Sergio Berni hizo referencia a los «escasos recursos humanos» con que cuenta la Provincia para combatir los problemas de inseguridad. Esto se materializa en estadísticas desfavorables: de acuerdo con un informe presentado por la ONG Defendamos Buenos Aires en febrero de este año, se registraron al menos diez mil hechos delictivos en los tres meses previos -6000 ocurrieron en CABA y 3400 en el conurbano bonaerense- destacándose los robos de teléfonos celulares, de tablets, notebooks y billeteras. También se registraron denuncias por abusos, lesiones y homicidios.
«En lo que se refiere a colectivos, algunas de las líneas de la Provincia de Buenos Aires que lideran las denuncias por abusos son la 542, los distintos ramales de la línea 620 entre González Catán, Laferrere, Isidro Casanova y otros hasta la Avenida Provincias Unidas y la General Paz; la línea 148 que va desde Florencio Varela hasta la Ciudad de Buenos Aires y la línea 60«, detalló dicho informe.
Bajo la postura de evitar la confrontación con la patronal, desde el gremio UTA vienen advirtiendo sobre la inseguridad cotidiana que viven las y los trabajadores del transporte público. En ese sentido reclamaron a las autoridades «para que de una vez por todas garanticen la paz a todos los ciudadanos y brinden la protección que el pueblo argentino merece». Cabe destacar que la Unión Tranviarios Automotor posee 71 mil afiliados, poco si se compara con el 1,2 millón del sindicato de Comercio o los más de 400 mil de la UOCRA. Sin embargo, el poder de fuego de la UTA radica en que la falta de colectivos y otros medios de transporte permite frenar buena parte de las actividades productivas del país.
Mientras la inseguridad se acrecienta, el sindicato se desangra por una interna política que parece no tener fin. En diciembre de 2019, un grupo de gremialistas vinculados al dirigente opositor Miguel Ángel Bustinduy -ligado al moyanismo- tomó el edificio de la UTA para pedir la renuncia de Fernández. Se produjeron incidentes, que dejaron 11 heridos y un detenido. Más temprano, dicho sector había realizado un sorpresivo paro en más de 50 líneas de colectivos en reclamo de «elecciones limpias». Tampoco se puede subestimar la importante presencia de delegados y delegadas de izquierda, que se definen como «anti-burocráticos» y pretenden que el sindicato deje de estar al servicio de los grupos empresariales y gobiernos de turno.
Tras el homicidio de Barrientos, lo que primó fue la disparidad de criterios: si bien el jefe del gremio buscó que las protestas se limitaran a la región oeste del conurbano bonaerense, debió lidiar con algunas huelgas en otras líneas no ligadas geográficamente al episodio. Por ejemplo, en varias de las 80 líneas que administra DOTA hubo choferes que hicieron retención de tareas o directamente «duelo» en solidaridad con el asesinado.
