La última reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) del pasado 21 de marzo dejó un saldo que desnuda cada vez con menor disimulo la falta de apoyatura gremial con la que cuenta el Gobierno por estos días. Entre los más de 32 participantes con los que arrancó el encuentro virtual entre empresarios y sindicalistas, hubo una abstención, un rechazo y dos desconexiones abruptas de un zoom que fijó un 26.6% de aumento entre abril y junio para las y los trabajadores, lo que significa en términos concretos un incremento que pasará de los $ 69.500 percibidos en marzo a unos $ 87.987 totales a cobrar a partir del 1 de junio. El pago se efectivizará en tres tramos; un 15,6% en abril, un 6% en mayo y un 5% en junio. El 15 de julio se volverá a discutir para adecuar el valor a la inflación.
La abstención de Hugo Yasky, líder de la CTA de los trabajadores, el rechazo esperable de la CTA Autónoma, y la abrupta salida del mitin por parte de Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, y Mario “Paco” Manrique, actual secretario gremial de la misma central y referentes ambos del Frente Sindical Para el Modelo Nacional (FRESIMONA), dan cuenta de la fragilidad en la que se encuentra la alianza de los sectores más dinámicos del movimiento obrero con la coalición del Gobierno. Solo quedó el eco aprobatorio de una vetusta conducción cegetista a la que en tiempos de Macri ya le habían picado el boleto desde el moyanismo.
Y no es para menos. Según detalló la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña, la inflación del primer trimestre del año acumuló una suba de 21.8% siendo la del mes pasado de un 7.1%, mientras que la interanual se ubicó en el 105.5%. Si bien el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo el próximo viernes 14 de abril, nada hace suponer que los valores sean más alentadores. Lo cual vuelve aún más irrisorio el monto de un poco más de 18 mil pesos que se fijó de manera virtual para el trimestre que inició este mes de abril en concepto de aumento del SMVM. Máxime cuando al 20 de marzo de este año la canasta básica tipo 2 se ubicaba en unos $177.063, lo que es idéntico a decir que el SMVM es inferior al índice de pobreza.
En este sentido vale la pena mencionar que la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil ha estado siempre atado a las fluctuaciones del índice de precios al consumidor. Si tomamos como referencia, por ejemplo, el mes de abril, desde el 2021 al 2023 según fuentes oficiales, los montos del SMVM se ubicaron en $23.544, $38.940 y $80.342, respectivamente. Sin embargo, a pesar de que la inflación acumulada fue de menor a mayor en ese periodo, en ninguno de los casos las sumas han sido lo suficientemente sustanciosas para procurar aquello que establecía el Decreto 33.302 de 1945, redactado por Juan Domingo Perón antes de renunciar a la secretaria de Trabajo y Previsión Social: “La remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones”.
Tampoco dicha evolución reproduce las consideraciones de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 de 1974 y aún vigente que en su artículo 116 define: “El salario mínimo vital y móvil es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”
La depreciación del salario, la preponderancia de paritarias cortas que le impriman velocidad a la recomposición de los ingresos, el incremento de la pobreza que ya alcanza a 11.5 millones de compatriotas y unos casi 9 millones de trabajadores informales que surgen del cruce de datos del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) y el último Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el Gobierno en medio de la pandemia de coronavirus, exigen una revisión que nuevamente ponga en el centro la definición del SMVM.
Quizá el ejemplo vivo de que es posible reinstalar ese debate –y que explica parcialmente los altos salarios del sector- es el acuerdo que alcanzó la semana pasada la Federación Aceitera para este 2023 de un 65% de aumento, entre otros logros, para los desmotadores de algodón, sobre la base de una negociación con las cámaras empresarias que puso de relieve el viejo concepto del Salario Mínimo Vital y Móvil, probablemente el más fiel a la letra de la normativa vigente, y que inspiró su creación.
Que el llamado Consejo del Salario en los últimos años se haya limitado a discutir aspectos como “inflación”, “canasta básica de alimentos”, “índice de precios al consumidor” u otros indicadores estadísticos por fuera de los alcances que la misma ley otorga al SMVM, es quizá el reflejo de la derrota asestada por la última dictadura cívico-militar y los avances del neoliberalismo ya entrada la democracia, que lograron demoler la expansión salarial de las y los trabajadores, con la indudable complacencia de los sectores conservadores del movimiento obrero.
Salir al encuentro de nuevos caminos bajo viejas banderas puede volverse un acto de rebeldía, y más aún un acto de justicia social. Retomar algunos debates históricos y orientarlos en el sentido correcto puede derivar en duras peleas, pero también abrir escenarios y condensar viejas aspiraciones de nuestra clase trabajadora, en particular si se trata de establecer un criterio legítimo para definir con cuánto deben vivir las y los trabajadores en nuestro país.
