En la actualidad asistimos a una mayor concientización y exposición de prácticas sustentables vinculadas al cuidado del planeta. En simultáneo, un color cobró especial notoriedad: el verde. Hoy, más que nunca, esta tonalidad es representativa de acciones amigables con el medio ambiente, pero en ocasiones su utilización es engañosa y responde a otras intenciones, que parecen querer camuflarse detrás del color esperanza. De esta manera, algunas empresas usan estrategias para responder a una demanda social creciente. Así es como entran en juego el greenwashing (lavado verde) y el greenhushing (silencio-verde).
El más conocido de los dos es el greenwashing, también denominado lavado verde o eco-lavado, término acuñado en los años ochenta por el reportero ambientalista Jay Westerveld. El greenwashing es una práctica o estrategia que utilizan algunas empresas para hacer público su compromiso con el medio ambiente, con el fin de «lavar su imagen» y mostrarle al consumidor que son una compañía responsable. El problema radica en que muchas veces ese discurso responde a una falsa información. Para Jorge Barrionuevo, abogado especialista en Derecho Ambiental: «Esta estrategia implica hacer afirmaciones falsas o exageradas sobre la sostenibilidad de un producto, servicio o empresa. Consiste en la desinformación y falta de transparencia, al utilizar u ocultar información relevante para hacer que un producto o empresa parezca más sostenible de lo que realmente es. El objetivo es capitalizar la creciente preocupación de los consumidores por el medio ambiente, impulsar las ventas y evitar críticas». En tanto Marcelo Corti, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), señala que esta maniobra tiene como finalidad: «Más que realizar una práctica sustentable, lo que busca es sobre-informar con respecto a lo que hace en favor del ambiente».
El segundo concepto, el greenhushing o eco silencio, no goza del mismo grado de popularidad que el greenwashing, pero persigue el mismo propósito. Este término es más reciente y corresponde a una estrategia deliberada de algunas compañías que optan por no informar al público sus prácticas sustentables. Según Barrionuevo: «El greenhushing implica no comunicar ni destacar las acciones positivas que una empresa ha llevado a cabo en términos de sostenibilidad o protección ambiental». Ya sea por falta de divulgación u omisión directa de la información, al no mencionar cuáles son los beneficios o los perjuicios que la industria ocasiona en su fase productiva provoca confusión. Esto «lleva a los consumidores a tener una percepción errónea del impacto que la empresa ocasiona en el medio ambiente». Corti sostiene que este tipo de estrategia «oculta o sub-informa, para que no parezca que en materia ambiental se hace demasiado poco».
Ahora bien, ambas cumplen una misión clara: engañar y confundir, ya sea por falsear datos, o por callar. «En definitiva, son prácticas que perjudican a los consumidores. Pero también a las empresas a largo plazo, lesionando su imagen y reputación», afirma Barrionuevo.
En el país existen diversas leyes y marcos normativos en materia ambiental: cada una varía de acuerdo a la jurisdicción y podemos encontrar normas internacionales, nacionales, provinciales y municipales. En lo que refiere al sector empresarial, Barrionuevo explica: «Actualmente no existe una regulación específica que exija a todas las empresas e industrias en Argentina a divulgar sus acciones ambientales. Aunque no haya una obligación legal, la divulgación de información puede ayudar a las empresas a cumplir con las normativas ambientales existentes y evitar posibles sanciones por incumplimiento». El abogado recibido en la UCA aclara que existen algunas normas estructurales que las empresas deben cumplir: la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Ley General de Ambiente, leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, y también normativas referentes a residuos y efluentes (Urbanos, Industriales, Peligrosos y Patógenos). En este último punto, el centroGEO -en colaboración con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y empresas tratadoras de residuos como CATRIES Y CAITPA- realiza informes sobre el tratamiento de residuos industriales peligrosos en el país. De acuerdo al relevamiento del bimestre noviembre-diciembre 2022, sólo el 9% de los residuos riesgosos cuentan con tratamiento. «La Ley Nacional 24.051 obliga a que todo residuo peligroso sea tratado, para reducir su nivel de toxicidad… En términos generales, las empresas tienen un mayor compromiso ambiental, porque se dan cuenta que les otorga valor ser sustentable», declaró Corti, director del organismo.
El rol del consumidor y las empresas B
El consumidor asume un rol importante y en este aspecto es necesario destacar la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental y la Ley de Defensa del Consumidor. Barrionuevo explica a El Grito del Sur: «Las primeras dos consagran el derecho de los ciudadanos a solicitar y acceder a la información y la última establece los derechos básicos de los consumidores, y prohíbe la publicidad engañosa que pueda inducir a error a los clientes».
El factor clave es estar informade, buscar y tener acceso a informes y datos, sirve para tomar mejores decisiones y, de alguna manera, marcar la cancha. «Los consumidores tenemos la obligación de informarnos y las empresas tienen la obligación de informar, entonces en ese contexto es clave e imprescindible exigir qué nos informen«, sentenció Corti. En cuanto a qué prestar atención para evitar prácticas como greenhushing y greenwashing, Jorge Barrionuevo recomienda: «Hay algunos rótulos o datos en los productos a los cuales se debe prestar particular atención al evaluar afirmaciones ambientales y evitar caer en este tipo de prácticas. Algunos aspectos a considerar podrían ser las etiquetas y certificaciones reconocidas, como el sello de ISO, estos pueden ser indicadores confiables de acciones sostenibles. Sin embargo, es importante verificar que dichas certificaciones sean legítimas y estén respaldadas por organismos reconocidos, como IRAM». También existe la certificación de empresa B (otorgada por la organización internacional Sistema B o BLab). Para obtener este sello, una compañía debe cumplir con ciertos parámetros, entre ellos, favorecer las prácticas sustentables. «Una empresa con certificación B en Argentina es aquella que ha pasado por un riguroso proceso de evaluación y cumple con altos estándares de desempeño social, ambiental y de transparencia», concluyó Barrionuevo.
