¿Qué es el glifosato?
El glifosato, también conocido con el nombre comercial de Roundup, es un herbicida químico que se utiliza para eliminar «malezas post emergentes» o plantas no deseadas que interfieren en el crecimiento del cultivo. El desarrollo y comercialización de este producto lo patentó la compañía Monsanto en la década del ’70. En el 2000 la patente expiró y, desde entonces, numerosas empresas y laboratorios producen el compuesto, considerado uno de los agrotóxicos más usados del mundo. De acuerdo a estimaciones del año 2021, en Argentina se utilizan 600 millones de litros de agrotóxicos al año. «La situación a nivel nacional es mala, todos los años aumenta un 8, 10 o 12 por ciento la cantidad de agrotóxicos que se usan en el país, esto es inevitable porque los yuyos se hacen resistentes a los herbicidas, entonces, cada vez se aplica más cantidad para lograr el mismo resultado, las únicas beneficiadas son las industrias químicas internacionales que venden este producto y los perjudicados somos todos», declaró a El Grito del Sur Medardo Ávila Vázquez, médico ecologista y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS).
El daño a la salud y el ambiente
En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los probables efectos negativos del glifosato en la salud y el ecosistema. Desde el organismo señalaron que produce daño genético y lo declararon posible cancerígeno. En asociación con la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) revisaron 1000 estudios sobre glifosato, de los que seleccionaron 200 artículos relevantes para determinar: «hay pruebas sólidas de que la exposición a formulaciones basadas en glifosato es genotóxica». De acuerdo con Ávila Vázquez, también miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, «la genotoxicidad se refiere a sustancias que afectan la estructura genética de las células de los organismos vivos, a partir de ella se genera el surgimiento de células alteradas que pueden desarrollar un cáncer, malformaciones, o abortos. La genotoxicidad se ha demostrado en el glifosato y la mayoría de los agrotóxicos«.
El mencionado informe de IARC concluyó que el herbicida ha sido detectado en el aire, el agua, los alimentos, y hasta en la orina de trabajadores agrícolas. Asimismo, afecta a otros seres vivos y reduce la diversidad y cantidad de especies vegetales.
Una investigación realizada en 2018 por REDUAS «detectó e identificó frecuencias elevadas de anormalidades congénitas y aborto espontáneo, sugiriendo un vínculo entre la exposición ambiental al glifosato y los problemas reproductivos». Dado que el estudio fue exploratorio, «no puede hacer aseveraciones causales directas». Otro informe a cargo de Rafael Lajmanovich, Doctor en Ciencias Naturales e investigador del CONICET en la Universidad del Litoral, advirtió que el glifosato -en combinación con el arsénico presente en el agua- «genera severas mutaciones en el ADN de los anfibios, en su metabolismo y en el sistema hormonal»; además, alertó sobre riesgos ecotoxicológicos para las poblaciones silvestres y humanas.
De acuerdo a REDUAS: «Desde el año 2000 comenzaron a escucharse denuncias y protestas de colectivos vecinales de los pueblos agrícolas denunciando que las fumigaciones los enfermaban». Sin embargo, en la actualidad no existe un consenso científico general en cuanto a los efectos nocivos del glifosato.
Antecedentes internacionales y nacionales
En el plano internacional, países de todos los continentes han aplicado restricciones o directamente prohibieron el uso del glifosato. Entre ellos es posible mencionar los casos de Austria, Inglaterra, Escocia, Francia, España, Malta, Alemania, Italia, Eslovenia, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Arabia Saudita, Malawi, Togo, Canadá, Bermudas, algunas regiones de los Estados Unidos, Colombia y México (a partir del año 2024).
En 2019, organizaciones médicas cómo ABRASCO y la Sociedad de Pediatría Brasileña propusieron una ley para la Reducción del Uso de Agrotóxicos en Brasil -pandemia de por medio- pero el proyecto quedó sin definición.
En el ámbito nacional el ejemplo pionero corresponde a Chubut, mediante ley, que impidió la utilización de glifosato a partir de 2020 en todo el territorio provincial. La normativa prohibió «la importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación, ya sea por tierra o aire del herbicida Glifosato en todas sus variantes».
También existen otras ordenanzas a nivel municipal que prohíben el herbicida, entre las que destacan: la ordenanza N° 9789/2017 aprobada por el Concejo Municipal de Rosario, y la ordenanza municipal 12216/18, sancionada en 2018, en Gualeguaychú, Entre Ríos.
Misiones: Ley de Protección a la Producción de Bioinsumos
El proyecto de ley fue presentado por los diputados Carlos Rovira, Martín Sereno y la ministra de Agricultura Familiar de la provincia, Marta Ferreira. La normativa tiene por objetivo «establecer un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, conocidos como bio-insumos». Estos últimos aluden a productos de origen biológico como bacterias, hongos, insectos, o extractos naturales obtenidos de plantas, que pueden ser utilizados para controlar plagas, o promover el desarrollo de los cultivos.
Además, la ley propone fomentar el adecuado manejo del riego agropecuario y enfatizar el empleo de técnicas relacionadas con el reciclaje de materiales orgánicos para mejorar la fertilidad del suelo. Se crea el Registro Provincial de Productores de Bio-insumos y mediante el artículo 7 «prohíbe la utilización de glifosato, sus componentes y afines en toda la Provincia». Con el fin de no generar un cambio abrupto, se establece un plazo de dos años de transición progresiva para reemplazar el herbicida por métodos más ecológicos.
Oposición y resistencia
Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural mostraron su descontento ante la normativa. En un comunicado sostienen que la medida es «un embate a la producción». Afirman que no fueron consultados, y que «se sancionó sin una base técnica ni aval científico». Instaron al diálogo y le solicitaron al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, la derogación del artículo 7 de la ley.
Eduardo Rodríguez, titular de Economías Regionales de CAME, consideró que está medida pone en riesgo el modelo productivo y social de la provincia: «Si la ley apela a una producción más sustentable, la mirada debería no solo hacer énfasis en lo ambiental, sino también en lo económico y social». Desde el Movimiento Agrario Misionero (MAM), los pequeños productores están a favor de la ley y no dudan en luchar para que la normativa sea acatada.
