Se cumplió un año de la asunción del primer gobierno progresista de la historia de Colombia. Este corto tiempo, marcado por el empeño en impulsar sus principales banderas de campaña, ha evidenciado un gobierno comprometido con la defensa de su triunfo en las urnas y la voluntad del pueblo colombiano de hacer un cambio radical que consolide al país, en los términos del Plan Nacional de Desarrollo presentado por Gustavo Petro, como una potencia mundial de la vida.
Elementos domésticos, regionales e internacionales han marcado estos 12 meses de gobierno y sin duda trazan la ruta de los tres años que se vienen: voluntad política de transformación, una oposición protagonizada por los sectores económicos que ven afectados sus intereses por las reformas del gobierno y un pueblo campesino, índigena, empobrecido y diverso que por primera vez pasa de la absoluta invisibilidad de los proyectos de país anteriores, a la primera plana de las políticas de gobierno con el proyecto de la justicia social.
Las conquistas logradas y las reformas por venir
Con el eje puesto en las reformas de Salud, Laboral y Pensional presentadas al Congreso de la República ―y que ya se encontraron con un primer revés que espera finalmente ser aprobado en este nuevo período legislativo inaugurado el pasado 20 de julio―, el gobierno busca dar una concreción material a la bandera de justicia social con la que llegó a la Casa de Nariño. Estas reformas, que en síntesis proponen cambios estructurales en la matriz neoliberal de estas áreas, han sido complementadas por iniciativas políticas que continúan concretando, en otros aspectos de la vida social y política del país, la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos.
Ejemplo de ello fue la aprobación del acto legislativo (reforma a la Constitución Política) que reconoció al campesinado como sujeto de derechos, en atención a un reclamo histórico de las comunidades campesinas. En el mismo sentido, da cuenta de esta inclusión el avance en la Reforma Agraria y Rural, que incluyó la compra de 28 mil hectáreas para el campesinado. Por último, la publicación de la ley que reconoce la gratuidad de la educación pública superior, sueño de múltiples generaciones que no pudieron acceder a la educación universitaria.
Paz total con justicia social
Asimismo, el proyecto de Paz Total -también central en la pasada campaña presidencial- ha tenido importantes avances, en particular respecto a la reapertura de la Mesa de negociaciones con el ELN y la reciente inauguración de la Comisión Nacional de Participación, que diseñará los mecanismos de participación de la sociedad colombiana en ese proceso de paz. Finalmente, el gobierno consiguió un cese al fuego bilateral que busca (junto a esfuerzos con diferentes grupos armados del país) avanzar en el proyecto de la Paz Total, fundamental para el cambio que ha contado con el esperado rechazo de la oposición nostálgica de la guerra.
Por supuesto, el proyecto de cambio estructural en un país donde siempre la misma élite ocupó los lugares de poder y capturó el gobierno lejos de la voluntad popular, no iba a encontrarse con un camino allanado ni simple. En ese sentido, los medios de comunicación hegemónicos y las élites económicas que sienten amenazados sus intereses han ocupado un rol central. De esa forma no han sido pocos los intentos de desestabilización del gobierno de Petro, que últimamente tuvieron eje en el caso de la investigación en contra del hijo del presidente, Nicolás Petro, quien se encuentra judicializado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conductas por las cuales el mismo presidente ha pedido se investiguen de forma transparente y que, a pesar de los intentos de la prensa opositora de mostrar algún vínculo del presidente con estos hechos, no lo han conseguido por no corresponder con la realidad.
Junto a la Justicia Social, la Justicia Ambiental ha sido el segundo gran pilar del gobierno y ha conducido diversas iniciativas con esta prioridad. En este primer año, parte de la política de descarbonización de la economía a nivel nacional ―y como propuesta inclusive a nivel global―, así como su proyecto de Transición Energética Justa hacia energías limpias, ha permitido al gobierno reducir la deforestación en la región de la Amazonía en un 76%. Al mismo tiempo, le ha permitido impulsar en la agenda internacional iniciativas novedosas, como la propuesta de cambio de deuda por acción climática en los países de nuestra región y las propuestas del Pacto Amazónico en el marco de la Cumbre Amazónica de Leticia de julio. Lo propio ha sucedido en la Cúpula da Amazonía en agosto, con la iniciativa de un tribunal amazónico de justicia para los delitos ambientales, un centro de investigación científica y un tratado de cooperación amazónica, entre otras.
El sueño bolivariano de la Gran Colombia y la integración regional
En la agenda internacional, además de la ambiental, es fundamental rescatar la importancia que ha tenido para la agenda binacional de Colombia y Venezuela la reapertura de la frontera y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el país vecino. Esta reapertura, acompañada del rol que ha cumplido en el relanzamiento del proyecto de integración regional con un nuevo paradigma de soberanía en el que se interpela a los Estados Unidos a reconocer el fracaso de la política de guerra contra las drogas que impulsó en la región y sus dramáticas consecuencias, se suma a una activa participación en el fortalecimiento de la CELAC, el retorno de Colombia a la UNASUR y la presencia en reuniones de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo, ha sido una voz importante en la defensa de América Latina y el Caribe como una zona de paz, con un llamamiento a la solución política del conflicto en Ucrania, fuera de las imposiciones geopolíticas de la OTAN.
La gran cantidad de iniciativas a nivel nacional e internacional como mencionamos encuentran hoy una resistente oposición por parte de aquellos sectores de poder que no están dispuestos a pasar la página de la guerra y la subordinación. A pesar de estas dificultades, Gustavo Petro ha insistido en el llamado a construir un Acuerdo Nacional que incluya los diferentes sectores políticos, no para el beneficio del gobierno, sino para el establecimiento de bases democráticas, justas y estables para el país, más allá del gobierno en gestión. Apela tanto a los sectores políticos con representación en el legislativo, como a las diferentes expresiones sociales del pueblo del común, quien debe tomar como propio este objetivo para conseguir el cambio que acompañaron en la urnas.
