«Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos».
Este lunes se cumplirán 50 años de aquella última alocución que hiciera Salvador Allende desde el Palacio de la Moneda, asediado ya por las columnas del Ejército que disparaban contra la casa presidencial. A medio siglo de aquel primer Golpe de Estado que inauguraría una senda de violencia en América Latina y que haría de Chile el laboratorio del neoliberalismo, el presidente Gabriel Boric anunció que el país andino comienza un proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Son 1100 detenidos y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet que el «Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia» se propone identificar y cuya historia se busca recuperar. El manto de olvido con el que la democracia chilena intentó ocultar su memoria pareciera comenzar a develarse al calor de una nueva generación joven.
En un momento en donde los discursos negacionistas vuelven a prender a ambos lados de la cordillera, El Grito del Sur habló con el alcalde de Recoleta (Santiago de Chile), Daniel Jadue, para reconstruir lo que implica este cambio de abordaje en las políticas de memoria en el vecino país. «Llevamos 50 años sin reflexionar de verdad sobre las razones y las causas profundas del Golpe. Sobre el programa y las realizaciones del gobierno de Salvador Allende», explicó en diálogo con este medio.
Es en el distrito de Recoleta donde, desde hace dos semanas, se sostienen actividades alegóricas al golpe de Estado. Intelectuales, movimientos sociales, partidos políticos y referentes de toda la región se acercaron al distrito periurbano de Santiago para debatir sobre la actualidad de las reivindicaciones en materia de Derechos Humanos.
El decreto firmado por Gabriel Boric oficializa un plan nacional de búsqueda de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y da inicio a una serie de tareas de investigación y reparación. En tanto, otro de los legados del dictador se renunció a retirarse: la Constitución de 1980. Tras la derrota de la primer Constituyente, ahora una comisión de expertos chilenos -hegemonizada por representantes partidarios y de la derecha- discute un nuevo texto.
«El proceso actual no es constituyente, es un proceso desde el poder constituido. De hecho, el proceso actual terminó con el proceso constituyente», señaló Jadue. En caso de que no sea aprobada la nueva propuesta, el gobierno de Boric insiste en que se deberá debatir un nuevo texto que modifique la carta magna heredada de la dictadura.
