La ajustada derrota en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de la coalición electoral que lleva como candidato a presidente al actual titular de la cartera económica, Sergio Massa, y una devaluación pre-acordada de alrededor de un 22% el día posterior a los comicios, despejaron cualquier duda sobre la implementación de una serie de medidas que venían reclamándose desde distintos sectores para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Con un alza en el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que hasta julio pasado había encontrado su techo en un relativamente modesto 6,3% y con una variación interanual del 60,2%, la suba del tipo de cambio motivó a que la inflación del mes de agosto alcance los dos dígitos.
Para ponerlo en números, según Matías de Luca de la consultora LCG, la estimación de inflación para el mes de agosto se ubicará en torno al 13%, algo muy similar a lo que surge de los cálculos de Analytica, que dirige el economista Claudio Caprarulo, quien arroja un 12,5% para igual periodo. Por su parte, algo inferior es lo que se desprende del informe de la fundación Libertad y Progreso, donde el incremento sería del 10,7%, lo que marcaría el resultado más alto desde marzo de 1991, aunque con una proyección anual que supera cómodamente el 150%.
En este escenario, las medidas de Sergio Tomás Massa, a pesar de estar encorsetadas por las exigencias de déficit fiscal impuestas por el Fondo Monetario, y apenas suficientes para recuperar parte de los ingresos pulverizados en las últimas semanas, son un bálsamo frente a las propuestas que ambos sectores de la oposición de derecha vienen vertebrando con distintos actores del poder económico.
A las habituales bravuconadas de Milei y la sorprendente ignorancia que rodea a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (que ni el pícaro ex consultor del Banco Mundial, Carlos Melconian, puede “couchear”), se suman una serie de declaraciones públicas sobre las reformas que pretenden introducir en el mundo del trabajo y el sistema previsional. Planteos que, en palabras de Hugo Yasky para El Grito del Sur, “no tienen nada de novedoso, se trata de un menú compuesto por el mismo guiso recalentado que terminó en el 2001 con el recorte del 13 por ciento en salarios y jubilaciones con ajuste y represión, pero para evitar que se sienta el gusto rancio le agregan el picante de un discurso violento y antipolítico”. El secretario general de la CTA y actual diputado nacional destacó además que, por el contrario, las medidas tomadas por el oficialismo “pese a no ser suficientes para recuperar lo perdido, van en el buen camino”.
La de Yasky no es la única voz que se hace escuchar entre los gremialistas ante el desprecio con que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se ha manifestado sobre los trabajadores del sector público y el cierre de organismos de gestión estatal, como el Conicet, la Agencia Télam o la TV Pública entre otros. En este sentido desde ATE Capital, la secretaria adjunta Agustina Panissa, advirtió en comunicación con este medio que “aún habiendo con este gobierno una situación salarial compleja, con Milei o Bullrich ya no estaríamos discutiendo pases a planta, aumentos salariales o sumas fijas, sino que estaríamos luchando por sostener los puestos de trabajo, estaríamos peleando contra la pérdida de derechos laborales”. «Ellos van contra la indemnización por despidos, las vacaciones pagas, la ultractividad de los convenios colectivos y contra las paritarias”. Y si bien desde el gremio consideran “valoradas y necesarias” las medidas del candidato de Unión por la Patria, sostienen que la suma fija otorgada podría ser “mejorable”.
En esta misma dirección, Agustín Lecchi, actual secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), señaló que si bien “hay muchas cosas que regular o actualizar en la actividad periodística, repudiamos cualquier intento de avanzar sobre los derechos laborales o los convenios colectivos”, y advirtió que muchas de las declaraciones vertidas por miembros de La Libertad Avanza “son una amenaza a la libertad de expresión”.
Las declaraciones delirantes del candidato ultraderechista -por ejemplo, que habla con su perro muerto a través de una medium, o sus propuestas de dolarizar la economía, incendiar el Banco Central y privatizar los ríos, entre otras- ponen al conjunto de la clase trabajadora y a sus dirigentes en estado de alerta, salvo aquellos que ya comienzan a mover las fichas para encontrar un lugar en el mundo Milei: el gastronómico Luis Barrionuevo y Gerardo Martínez, de la construcción. El primero vaticinando el triunfo del “loco” -como le decían en su juventud- en primera vuelta, y el segundo tirándole una mano para suavizar la idea de una reforma laboral: “Milei no quiere hacer una reforma laboral, no es el capítulo que más le interesa; lo que más le interesa es el tema de la macroeconomía y cómo bajar los índices de inflación”, dijo el secretario general de la UOCRA.
A contramano de estas expresiones, el actual secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, expresó que “volver hacia atrás no significa solamente sacarle los derechos a los trabajadores y trabajadoras, sino dejar de lado la lucha de muchos muertos, desaparecidos, encarcelados y perseguidos. Nosotros como dirigentes no lo vamos a permitir de ninguna manera”, mensaje que ratificó hace pocos días el co-secretario de la CGT, Pablo Moyano, al decir que “ni con la detención de sindicalistas sería posible llevar adelante ese tipo de medidas”.
En un escenario de gran volatilidad electoral y profunda desafección de la sociedad con la política, aún con un acuerdo mayoritario en el movimiento sindical sobre el rumbo que viene llevando adelante Massa y a pesar de las secuelas heredadas por la deuda onerosa con el FMI contraída por el gobierno de Mauricio Macri, es necesario responder a la devaluación con nuevas medidas económicas que logren impactar en el cortísimo plazo en el bolsillo de millones de trabajadores y trabajadoras. Lo que está en juego no solo son las chances de que la fórmula que articula el tigrense ingrese al ballotage, sino la conservación del Estado de Derecho y la vigencia de una democracia plena.
