El pasado 12 de septiembre, los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía, Sergio Massa, presentaron el proyecto para una nueva Ley de Financiamiento Educativo que aumente la inversión del 6 al 8 por ciento del PBI y establezca metas generales para todos los niveles de enseñanza. Esta decisión fue elogiada por distintos funcionarios gubernamentales y referentes sindicales, quienes resaltaron la importancia de que el Estado siga apostando por la inversión educativa.
«Este proyecto vuelve a ratificar la importancia de la educación obligatoria, anticipándola a los 45 días. En algún sentido pone de relieve el tramo 45 días-3 años, que es muy importante», señaló a El Grito del Sur Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Sileoni respondió de esta forma a dichos recientes del candidato presidencial Javier Milei -vencedor en las PASO de agosto-, quien ya se expresó en contra de la obligatoriedad educativa: «El sistema de la obligación no funciona y solo el 16% de los chicos terminan el secundario». Este argumento, repetido en otras oportunidades, niega la concepción de educación como derecho y su importantísimo alcance actual, dado que -según los datos del último Informe Nacional de Indicadores Educativos- más de 12 millones de personas reciben educación en los niveles inicial, primario y secundario. También se sustenta en el sistema de vouchers propuesto por Milei, que eliminaría la obligatoriedad y la gratuidad del sistema educativo actual.
«El aumento del financiamiento educativo también tiene un aspecto significativo orientado a los estudios universitarios. El objetivo es poder hacer en el lapso de diez años -de 2024 a 2033- una asignación del 6,5 por ciento a la educación obligatoria y 1,5 por ciento más dedicado a la educación universitaria. Éste no es el único elemento a tener en cuenta: un proyecto de ley como éste ratifica que la educación es un derecho humano fundamental, personal y social garantizado por el Estado, en un momento en que algunas fuerzas políticas nos invitan a discutir algo que creíamos ya cerrado. Queremos garantizar los 14 años de educación obligatoria, ampliar de 180 a 190 días de clase, trabajar en la cobertura de la primera infancia y en un aspecto poco transitado como son las jardines maternales», puntualizó el funcionario bonaerense.
Entre las metas del nivel primario que promete esta iniciativa, pueden destacarse: un mínimo de 25 horas semanales de clases para todes; al menos 50 por ciento en escuelas de jornada completa; diseñar políticas educativas para garantizar la comprensión de lectura y escritura; asegurar la enseñanza de una segunda lengua. En cuanto a las metas del nivel secundario, aparecen: garantizar la incorporación del 100 por ciento de les estudiantes; ampliar la jornada escolar con al menos el 30 por ciento de les estudiantes con un mínimo de 6 horas de clase por día; avanzar en la concentración horaria de les docentes; y el dictado obligatorio de robótica y programación en el segundo ciclo.
La secretaria general de UTE, Angélica Graciano, también saludó este proyecto y planteó que «al haber más jardines, se suman más puestos de trabajo y mayor extensión horaria en las escuelas, acompañamiento de trayectorias, computadoras y libros, mejor infraestructura y edificios. De esta forma se mejoran profundamente nuestras condiciones de trabajo. Cuando éstas son tenidas en cuenta, tenemos mejores posibilidades de desplegar al máximo las capacidades de enseñanza y los chicos tienen mayores posibilidades para aprender».
Por su parte, quienes rechazan esta iniciativa de Massa y Perczyk se basaron en un estudio hecho por la ONG Argentinos por la Educación: según un informe privado de esta organización, la pauta del 6 por ciento del PBI de cada año destinada a Educación -prevista en la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 (año 2005) y la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (año 2006)- se cumplió en apenas tres ocasiones, en los años 2009, 2013 y 2015. Si se suman los recursos estipulados que no se invirtieron en educación en nuestro país entre los años 2006 y 2020, equivaldrían a una deuda de 3,4 billones de pesos.
En esta línea, el secretario gremial de Ademys y dirigente de Izquierda Socialista, Jorge Adaro, planteó a este medio que ésta se trata de «una propuesta claramente electoralista partiendo que la ley de financiamiento actual nunca se cumplió y que en el mejor de los casos ha llegado al 5 por ciento del PBI. Entonces anunciar un incremento, cuando hay una ley que no se cumple, nos hace suponer que nada va a ser diferente». «Al mismo tiempo, esto no es algo nacional sino que es el mínimo porcentaje que pone la Nación sumado a lo que ponen las provincias. Una ley de financiamiento tiene que ir ligada a la renacionalización del sistema educativo y se debería contemplar la quita de los millonarios subsidios que reciben las escuelas privadas», agregó.
¿Presentismo vs. paros?
En su último acto realizado en la Universidad Metropolitana (UMET), Cristina Fernández de Kirchner recordó sus polémicos dichos sobre el sector docente al señalar que «trabajan cuatro horas por día y tienen tres meses de vacaciones». «En 2012, cuando era presidenta y dije lo que dije, los docentes me saltaron a la yugular. Pero compañeros y compañeras, si no discutimos los problemas que tenemos, van a venir de afuera a imponernos las condiciones. Y no van a ser las condiciones reales, van a ser otras», sostuvo. Y agregó: «Con Néstor pagábamos presentismo. Es algo álgido y de discusión. Pero nos pasaba que docentes que iban a trabajar a la escuela privada nos hacían huelga en la pública».
De acuerdo con un reciente informe del Centro de Investigaciones Sociales – CIS (UADE-Voices), entre la principal razón por la cual una familia eligió una escuela primaria o secundaria privada en vez de una pública o estatal, aparece con el 63 por ciento el factor «para evitar la pérdida de clases por paros o ausentismo docente». Es decir que las inasistencias de docentes resultan una problemática que impactan no sólo en el aprendizaje, sino en el prestigio de la escuela pública. «Hay que trabajar contra el ausentismo docente, retomando las mejores tradiciones e incorporando otras», señaló Alberto Sileoni.
Luego de que el gobierno porteño diera un bono de 60 mil pesos a docentes que no tuvieron «faltas injustificadas» durante los primeros seis meses de este año, se buscó también reconocer en forma solapada a quienes no ejercieron su derecho a huelga. Hasta julio de este año, por los 11 días de paro realizados por UTE y Ademys, a les docentes sin antigüedad de jornada completa que se adhirieron se les descontaron $104.101,53, mientras que para aquellos que cuentan con la máxima antigüedad la quita fue de $122.137,84.
Desde UTE consideraron por entonces que «este anuncio significa otro ataque directo a la organización de lxs trabajadorxs, un intento de amedrentamiento a la docencia y a la unidad construida al calor de la lucha en defensa de la educación pública para todxs». «Con esta nueva medida (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez), Larreta intenta dividir a la docencia y debilitar el reclamo colectivo. Nuevamente va a fracasar», concluyeron.
