“Basta de desalojos”, dice la pared del edificio ubicado en Santa Cruz 140, Parque Patricios. 107 familias viven en el establecimiento y este martes corren el riesgo de ser expulsadas de sus hogares. El domingo comenzaron a llegar camiones de Defensa Civil para instalar vallas de seguridad y se espera que haya un fuerte operativo policial. Ante la inminente llegada de la Policía de la Ciudad, el domingo los vecinos hicieron una asamblea para organizarse y exigir: “Vivienda sí, desalojo no”.
La casa de Santa Cruz solía ser la fábrica de toallas Selsa -que ocupaba dos manzanas- pero entró en quiebra en los 90 y cerró. El espacio quedó abandonado durante años y en el 2004 comenzaron a habitarlo familias que no tenían dónde vivir. Había desechos, ratas, murciélagos, insectos, incluso culebras y el edificio no era habitable, pero lograron convertirlo en un hogar. En 2010 hubo una subasta y lo compró Leonardo Ratuschny. El juicio se desarrolló en varias etapas y se extendió durante muchos años, hasta que en 2019 hubo una orden de desalojo. Sin embargo, los vecinos resistieron.
— Es hermosa esta ventana, está llena de recuerdos-, dice la vecina Aide Flor Rojas Quispe, cargada de angustia.
Aide llegó desde Perú hace 16 años. Su primer y único hogar en Argentina es la casa de Santa Cruz. Es madre soltera, tiene cuatro hijos y trabaja vendiendo comida peruana. Intentó alquilar en otros edificios, pero la rechazaron por tener hijos. “Cuando empiezas es difícil. Tenía que trabajar y dejar a mi primera hija con mi madrina, que estaba viviendo acá también. Cuando me fui a buscar otro lugar para vivir no me dejaron ni hablar. Me negaron el alquiler”, contó la mujer.
Iliana Llanos es trabajadora social. Llegó al edificio después de que su pareja se quedara sin trabajo. Hoy es referente de la Casa Santa Cruz y ante cualquier duda o incertidumbre, los vecinos acuden a ella. “No podíamos pagar el alquiler. Vivíamos en dos piecitas en el barrio pero estábamos por quedarnos en la calle. Llegué con una beba de 4 meses y mi hijo que tenía un año, con las poquísimas cositas que teníamos porque recién estábamos comenzando la vida en familia”.
La mayoría de las personas que viven en el edificio son migrantes y tienen hijos. El edificio de cinco pisos aloja a 350 personas, entre ellas 131 niños y adolescentes. La organización de los vecinos fue una de las bases fundamentales para que pueda sostenerse durante tantos años. Hacen asambleas constantemente y cuentan con determinadas normas de convivencia para mantener el orden del lugar. “Somos familias en situación de vulnerabilidad, pero tratamos de tener la casa lo mejor posible, pagamos nuestras propias expensas, le pagamos a una vecina para cuidar el edificio y a otra para que limpie. Entendemos que para estar organizados tenemos las instancias de las asambleas para vivir lo mejor posible”, sostuvo Iliana.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°60 fue el que notificó a quienes viven en el edificio de Santa Cruz sobre el desalojo que durará “no menos de 30 días”. Ante la consulta de la Asesoría Tutelar de Cámara de CABA sobre si se puede garantizar el profesionalismo del personal de la Policía de la Ciudad y su entrenamiento basado en la cercanía y la protección de los Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA respondió que no.
“Están todos los vecinos angustiados. El domingo pusieron las vallas y estaban preocupados, me llamaban por teléfono. Había una enorme confusión y paranoia. Las personas están cansadas de poner el cuerpo y que nunca haya ningún tipo de respuesta. Nosotros sabemos que el operativo puede comenzar, pero no tiramos la toalla. Estamos haciendo vigilia y cuidando la puerta”, comentó la referente de la casa.
“No hay posibilidad de relocalizar, de acceder a alquileres de vivienda ni de materializar la cautelar que tenemos”, expresó Iliana Llanos y agregó: “Dijeron que no es posible garantizar nuestra integridad y que además no contaban con la cantidad de efectivos policiales necesarios, porque estiman que necesitan mil efectivos. Sin embargo, el juez le respondió que no es su competencia y que si necesitan un operativo más grande tienen que pedir ayuda a otras fuerzas de seguridad”.
Los vecinos pasaron por distintas instancias para poder solucionar el conflicto y regularizar su situación habitacional. Hubo personas que quisieron hacer una oferta en la subasta y no se lo permitieron. “En la subasta se compró por un poco más de un millón de pesos en cuotas y hoy vale millones de dólares”, expresó Jorge Abasto, referente de la Coordinadora Inquilina de Buenos Aires, que también sostuvo que Leonardo Ratuschny se dedica a la compra-venta de inmuebles, además ha comprado en remate viviendas que estaban alojadas y es dueño de hoteles que se alquilan al gobierno de CABA. “Se intentó negociar para comprar el establecimiento, pero el propietario ponía cifras irracionales como una forma de rechazar las propuestas de la gente”, afirmó el referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, Jorge Abasto.
Por la crisis habitacional, desde el Gobierno de la Ciudad crearon la 690, el programa que otorga una Ayuda económica a personas en situación de calle, que tiene un monto tope de aproximadamente $50 mil por grupo familiar. Sin embargo, no llega a cubrir los gastos y en la mayoría de los casos los alquileres duplican o triplican ese número. También existe como herramienta la Ley 341, que promueve los créditos para la compra de inmuebles y pueden ser otorgados a cooperativas de vivienda. Sin embargo, el referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires explicó que “es una normativa muy difícil de operar hoy porque no se consiguen tierras y hay un escaso presupuesto”.
Hace cinco años, los vecinos de la casa de Santa Cruz crearon la Cooperativa Papa Francisco, que tiene como objetivo buscar soluciones para la vivienda y sirve como herramienta jurídica para acceder a fondos para la vivienda. “Nace por y para los vecinos como iniciativa frente a tanta negativa por parte del Estado. Nos enteramos de que si teníamos personería jurídica podíamos acceder a un presupuesto para la compra de terreno”, contó Iliana. Además, explicó: “En términos económicos es la mejor solución. Los procesos terminados de otras cooperativas son hermosos y sabemos que nadie va a sabotear el proceso de construcción de su propia casa”.
Las familias, junto a organizaciones sociales, piden que se genere una mesa de trabajo donde esté el Gobierno de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para plantear posibles soluciones y una salida digna que no signifique que las personas queden en la calle. Al igual que en 2019, los vecinos van a resistir. A partir de hoy a las 18 realizarán un festival y vigilia la puerta de la casa y el martes se realizará una concentración a las 6 de la mañana. La calle no es lugar para vivir. Por eso, volverán a gritar: Vivienda sí, desalojo no.
