Entre septiembre y octubre del año pasado, más de 20 colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires fueron tomados por estudiantes bajo el propósito de reclamar viandas con buena calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas. Por aquellos días se registraron una serie de acciones de persecución política por parte del gobierno porteño, consistentes en averiguar datos de menores, llegar hasta las inmediaciones de casas familiares, iniciar causas penales y hasta demandar montos de dinero exorbitantes correspondientes a supuestos destrozos producto de las medidas de fuerza estudiantiles.
Las tomas se decidieron como última instancia frente a la «falta de escucha» de las autoridades del Gobierno de la Ciudad, encabezadas por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña. Frente a esto, el GCBA realizó 25 denuncias a 366 madres y padres culpabilizándolos por las tomas de colegios que realizaron sus hijos. Asimismo, a partir de un informe técnico que cuantificaba el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal docente y no docente de las escuelas tomadas, el Ejecutivo porteño adoptó una nueva estrategia basada en recurrir al Fuero Contencioso-Administrativo. ¿El objetivo? Pedirle plata a las familias. La cifra por la demanda civil ascendió en principio a unos 50 millones de pesos.
Daniela, madre de una estudiante de un colegio de Educación Artística y demandada por casi 3 millones de pesos, cuenta a El Grito del Sur que «mi hija fue una de las que encabezó la toma, ella firmó el protocolo por ejemplo. Esta causa se abrió en diciembre, pero a mí me notificaron hace apenas diez días. Aparentemente hay muchas otras causas parecidas en varias escuelas de la Ciudad, cuyos madres y padres aún no se notificaron».
El Ministerio Público de la Defensa ofreció patrocinio jurídico gratuito a todas las familias víctimas de este tema. También recibieron apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que a través del área de Violencia Institucional decidió poner a disposición un teléfono para aquellas familias que busquen algún tipo de asesoramiento. Por su parte, desde el sindicato UTE acercaron un equipo de abogados/as para garantizar un acompañamiento pleno. «Ya el año pasado, cuando se realizaron los pernoctazos y las tomas, estuvimos construyendo muy de cerca con los estudiantes respetando sus decisiones y su autonomía pero entendiéndonos como parte de un mismo movimiento que en la Ciudad viene dando la pelea contra el gobierno», señala Lu Cancela, docente de Nivel Medio y militante de UTE. «En ese marco, cuando la policía se presentó a distintas instituciones pidiendo nombres de los menores, compañeros del sindicato se fueron haciendo presentes para acompañar esas situaciones e interviniendo en conjunto con los organismos de protección de Derechos Humanos», agrega.
«Disciplinamiento vía bolsillo»
Los centros de estudiantes de una veintena de colegios secundarios llegaron a adherir al proceso de tomas que se extendió desde fines del mes de septiembre hasta mediados de octubre de 2022. No sólo denunciaban los problemas de infraestructura y alimentación, sino también otros como la implementación del sistema de pasantías obligatorias, la presencia de ratas en los colegios o de alacranes como en el caso del Lengüitas. Frente a esto, el Ejecutivo porteño aplicó un «disciplinamiento vía bolsillo».
«Lo que el gobierno porteño argumenta es que los padres somos responsables de los pibes, pero esto va en contra de la Constitución y de leyes nacionales que reconocen la progresiva autonomía de los adolescentes. Éstos tienen derecho a ir tomando decisiones sobre su cuerpo, por eso pueden agremiarse a centros de estudiantes y algunos también votan. Cuando las escuelas se caen a pedazos, tienen derecho a peticionar frente a las autoridades», plantea Daniela.
La mamá afectada, cuya hija de 16 años protagonizó una de las tomas del año pasado, agrega que «nos hacen un reclamo en concepto de salarios, pero éstos no se pagan por día sino por mes. Además, en el calendario escolar de CABA se recuperaron los días de tomas. No entendemos por qué estamos siendo demandados, la mayoría de las escuelas no sufrió daños e incluso los estudiantes hicieron cosas para mejorar las instalaciones».
Las familias demandadas estiman que hay alrededor de medio centenar de causas judiciales como la que sufre Daniela. No tienen un número exacto «porque las notificaciones recién están llegando ahora». En algunos casos, según cuentan, aún no se notificaron dado que los domicilios están desactualizados y a pesar de que el GCBA busca entender esto como un «acto de rebeldía». Por ello decidieron organizarse para defender sus derechos y resistir frente a un embate que consideran «inédito».
