Lejos de imaginar aún el costo social que tendrán las políticas que a viva voz vociferó durante su campaña el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, la motosierra prometida no solo llegará al sector público para acabar con la supuesta “casta” sino que, en esencia, será el instrumento simbólico para avanzar en reformas más profundas en materia laboral y previsional.
Si de algo careció el ex presidente Mauricio Macri, aparentemente socio mayoritario del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre, fue de la capacidad de interpelación con la que, afortunadamente para las clases dominantes, cuenta el líder ultraderechista. Este hándicap, además de la holgada diferencia obtenida sobre el candidato de Unión por la Patria, le garantizará unos meses de gracia para ejecutar -a garrotazos pero con cierta legitimidad social- el programa de ajuste económico brutal del que hizo alarde.
Si bien casi todo el conjunto del movimiento obrero cumplió un papel protagónico en la campaña de Sergio Massa, la reunión con el libertario que dejó trascender allá por los primeros días de septiembre el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, cobrará mayor verosimilitud en los próximos meses. En aquella oportunidad, el mismo Martínez reveló que Milei “quería interiorizarse de primera mano de cómo es el sistema de indemnizaciones de la construcción” para eventualmente aplicarlo en el resto de los convenios laborales.
Lo cierto es que el gremialista podría haber evitado el encuentro con el ahora presidente electo y recomendarle la lectura del “Nuevo régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción” (Ley 22.250), anunciado por José Martínez de Hoz junto a un paquete de medidas económicas entre las que también se eliminaban los aportes patronales a las jubilaciones y se derogaba el estatuto del peón.
Luego de más de cuatro décadas, la norma que lleva la firma de Jorge Rafael Videla sigue vigente y podrá convertirse en uno de los ejes estructurantes de la nueva reforma laboral que tratarán de imponer desde el gobierno. Al menos así lo manifiesta en su plataforma política Javier Milei, quien ha planteado que un esquema de seguro de desempleo de este tipo le daría una “mayor profundidad financiera” y que “permitirá que los 8 millones de argentinos que se encuentran fuera del sistema puedan incorporarse al mismo, con todos los beneficios que ello implica”.
El “Fondo de cese laboral de la UOCRA” está reglamentado en el artículo 15 de la mencionada ley, y funciona más o menos así: el empleador deposita mes a mes el 12% del salario en ese fondo durante el primer año de relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se acredita en una cuenta para el trabajador, a la que no tiene acceso hasta el momento en que cesa la relación laboral. Cuando el trabajador es despedido la indemnización se compone de dichos aportes, situación que constituye una excepción a la regulación de la indemnización por despido prevista por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Si bien la totalidad del fondo del cese lo paga el empleador como un adicional al sueldo neto bajo la premisa de darle mayor previsibilidad y cobertura a una actividad que tiene periodos de alta demanda que garantizan la ocupación y otros con mayores fluctuaciones, donde lo que predomina es la intermitencia de la relación laboral, lo cierto es que dicho modelo facilita los despidos, sin que sea necesario para el empleador ni el previo aviso ni la existencia de justa causa. Además, es más barato dado que a diferencia de la indemnización por despido que rige el resto de los convenios, el “fondo” excluye el aguinaldo y otros adicionales.
Finalmente y como una característica no menor es que la Ley especial 22.250 para el sector de la construcción se complementa con el convenio 76/75 de la UOCRA que legaliza las 9 horas diarias de trabajo. Lo que parece entusiasmar aún más a quienes quieren imponer las supuestas “ideas de la libertad” con el argumento de la necesidad de “modernizar” las relaciones de trabajo.
De llevarse adelante, la propuesta de Milei cuenta, en principio, con el apoyo mayoritario del empresariado. El propio Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), había señalado que “puede haber fondos de cese por convenios colectivos pero administrados por fondos de aseguradoras y con controles del Estado para que no terminen en malas decisiones de inversión”. Es decir, una nueva timba, como lo fueron las AFJP.
En este escenario, aún lleno de incertidumbres, el movimiento obrero tendrá un gran desafío a partir del 10 de diciembre: mantener la unidad para enfrentar el ajuste y las reformas estructurales que vendrán, u optar por el transformismo que una buena parte de la dirigencia gremial asumió bajo el gobierno del ya fallecido presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, a través de quienes el pueblo argentino pagó un alto precio que aun reverbera, y cada vez con más fuerza, en nuestro presente, y al que las fuerzas del campo popular están obligadas a enfrentar.
