Vivimos nuevamente en la Argentina gobernada por sus propios dueños. Esta vez no a través de uno de los grandes exponentes del establishment empresarial (Mauricio Macri), sino mediante el empleado más servil de esta casta. El presidente Javier Milei sacó la semana pasada un DNU inconstitucional que desregula casi todos los ámbitos de la actividad económica y recibió el respaldo unánime de las principales cámaras empresariales del país. De un lado la AEA, UIA y CAME, del otro el pueblo trabajador víctima de estas medidas.
Si bien el presidente Javier Milei señaló en campaña electoral que «esta vez el ajuste lo va a pagar la política y sus socios, no la gente», queda claro que la devaluación del peso -que pasó de costar $366,45 a $800- ya está impactando con crueldad y dureza sobre el bolsillo de la mayoría de los argentinos y las argentinas.
Nunca estuvo tan clara la contradicción principal. Ley Quintana (desregulación del sector farmacéutico), Ley Coto (góndolas), Ley Belocopitt (medicina prepaga), Ley Eurnekian (privatización de Aerolíneas), Ley Macri (sociedades anónimas deportivas), Ley Paolo Rocca (desregulación de hidrocarburos), Ley Blaquier (ingenios azucareros) y Ley Galperín (desregulación del sistema financiero y bancario). El fundador de Mercado Libre salió a respaldar públicamente a Milei diciendo que «te mintieron durante 80 años, ayer (refiriéndose al miércoles pasado) te dijeron la verdad en 10 minutos».
El de Milei es un país farsante. Y sus redes sociales una gran caricatura. Mientras miles de personas coparon las calles de varias ciudades para rechazar el nuevo DNU, el mandatario cometió la osadía de subir a su Instagram una provocadora ilustración cerrando él mismo en una cárcel a una persona que hacía sonar una cacerola. Más leña al fuego para una sociedad enardecida y enojada, que tiene pocas pulgas para soportar un ajuste de la magnitud del que plantea el libertario.
Enero, febrero y marzo pintan sombríos para las grandes mayorías. Aumentos exorbitantes de tarifas y servicios públicos, alimentos que seguirán subiendo y sueldos congelados. ¿Hay margen para más sufrimiento individual y colectivo? ¿Acaso este nuevo esfuerzo que recae sobre las espaldas de la clase media -cada vez menos media- y baja garantizará un futuro mejor? Estos son algunos interrogantes que pueden marcar el pulso de la calle y la movilización social durante los meses siguientes.
El primer objetivo político debe ser lograr una marcha atrás con el DNU que quiere dejar la patria arrasada y privatizada. Para ello, hay varios caminos posibles. El de las pequeñas concentraciones en distintos puntos y todos los días no es el ideal, puesto que conlleva un inevitable desgaste de las bases ciudadanas que legítimamente quieren protestar contra las medidas gubernamentales. En los últimos días emergió un protagonismo inusitado del trotskismo, que busca aprovechar la crisis reinante en el peronismo tras la dura derrota electoral. Está claro que los troskos se sienten más cómodos peleando contra un Milei que un Massa.
En la vereda justicialista, no obstante, empezaron a surgir algunos signos de recuperación. Nobleza obliga, cabe aclarar que este apuro se ve más motivado por la alarmante coyuntura que por el hecho de haber superado con creces el duelo. El encuentro bonaerense entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa es una clara muestra de la necesidad de reagrupar fuerzas. El miércoles la CGT, la CTA y el kirchnerismo organizado saldrán a las calles en unidad -y en una rápida réplica de lo que fueron las masivas movilizaciones contra el gobierno de Mauricio Macri- para intentar poner freno a la maniobra mileísta.
Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. La foto del miércoles y la posterior respuesta del Gobierno, que hasta ahora su línea frente a la movilización callejera ha sido la criminalización y la represión, pueden generar las condiciones propicias para el llamado a un paro general.
