Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se cumple un año desde que se reglamentó la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis que vino a reemplazar la Ley de Sida N° 23.798. Desde el 2014 distintas organizaciones sociales impulsaron el cambio en la normativa, hubo tres intentos fallidos en el Congreso y finalmente se aprobó en 2022 con solo 8 votos negativos en Diputados y uno en el Senado. Entre las personas que votaron en contra, se encontraban Victoria Villarruel y Javier Milei, que dijo que estos proyectos “agrandan el Estado y destruyen el sector privado”.
Según el informe de monitoreo realizado por la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación, durante este primer año hubo avances y cuentas pendientes. Se ha buscado acompañar el procedimiento de constatación de diagnóstico para acceder a los beneficios de la seguridad social, mejorar la prevención -con el foco en el acceso al diagnóstico, preservativos y Educación Sexual Integral-, hubo una mayor inversión en investigación, comunicación, prevención de la transmisión, y además trabajaron en la eliminación de la transmisión materno-infantil. Sin embargo, también detectaron falta de capacitación en la nueva ley, dificultades para acceder a la jubilación especial y se registraron numerosos casos de discriminación en el acceso al empleo que no fueron resueltos.
Con el futuro gobierno de Javier Milei hay grandes incertidumbres con respecto al financiamiento y la aplicación de la Ley. Una de las principales razones es la promesa de campaña de recortar el gasto público y la eliminación del Ministerio de Salud que se convertirá en Secretaría y dependerá del eventual Ministerio de Capital Humano. “Ya vivimos un gobierno que no tuvo Ministerio de Salud y si bien muchos de los servicios disponibles desde el Estado para las personas con VIH no tuvieron problemas, otros sí. Hubo cambios de tratamientos, faltantes de insumos en algunas instancias y las organizaciones sociales tuvimos que estar atentas y siempre disponibles ante el reclamo”, dijo a El Grito del Sur Matías Muñoz, fundador de la asociación Ciclo Positivo.
En noviembre se reglamentó la creación del Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación por VIH, Hepatitis Virales y otras ITS que dependerá de INADI con el fin de desarrollar un sistema que brinde herramientas para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas para visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos. Por ende, estará a disposición de aquellos que lo necesiten ante un caso de discriminación o un problema con el acceso a la salud.
“Todavía no sabemos qué puede pasar a futuro, y tampoco es conveniente opinar sobre supuestos. En Fundación Huésped trabajamos en favor de las políticas públicas que permiten que todas las personas accedan al cuidado de su salud de manera igualitaria. Si fuera necesario, aportaremos nuestra opinión respetuosa y basada en la evidencia, como lo hemos hecho a lo largo de estos 34 años”, afirmó Diego Salusso, infectólogo e investigador de Fundación Huésped.
En Argentina 65.500 personas reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público. Por eso, el triunfo de La Libertad Avanza trajo inseguridades a muchas personas que dependen del Estado para acceder a medicamentos. “Tenemos que estar alertas y hacer un seguimiento a lo que puede llegar a suceder, pero sin alarmar. Se harán monitoreos de la disponibilidad de los insumos, de los recursos en obras sociales, prepagas y el sistema público”, expresó Muñoz y agregó: “Hay mucha gente que está muy atenta a cuál es el contexto y eso puede hacer que circule desinformación y que incluso se ponga en riesgo la forma en la que cada persona lleva adelante su tratamiento. Por eso es importantísimo poder conocer los derechos para saber qué es lo que tenemos que reclamar”.
El nuevo informe de ONUSIDA, Que lideren las comunidades, asegura que el sida puede dejar de ser una amenaza para la salud pública antes de 2030, pero solo si las comunidades de primera línea reciben todo el apoyo necesario de los gobiernos y los donantes. “Con toda esta desarticulación de ministerios y espacios, ¿a quién le vamos a ir a reclamar lo que dice la ley? La respuesta es organización y diálogo colectivo para saber cómo actuar para que no le falte a nadie la medicación”, sostuvo el activista Lucas Fauno y remarcó: «Esta normativa es importantísima, está escrita con la sangre de muchísimas compañeras y compañeros. Hubo personas que esperaron que esa ley se apruebe y terminaron muriendo en el camino. Entonces, que no se aplique sería no solo un dolor, sino un cinismo gigante por parte de este gobierno entrante”.
Actualmente, al menos 140.800 personas viven con VIH en Argentina. El 13% de las personas que tienen VIH desconoce su diagnóstico y 3 de cada 10 se diagnosticaron en un estadío avanzado de la infección. Por esta razón, resulta fundamental que el gobierno nacional, los provinciales y municipales fomenten los testeos, sobre todo en poblaciones vulnerables. “Hay una brecha en el acceso. El 30% de los diagnósticos se hacen en fase avanzada de la infección, es decir, cuando las defensas se encuentran bajas. Eso tiene que ver con una dificultad para acceder al testeo”, explicó Diego Salusso.
Los test de VIH se pueden hacer de manera gratuita en todo el país en hospitales y centros de salud. Sobre esto, Salusso aseguró que “el rol del Estado está en acercar a las comunidades las distintas ofertas que existen para hacer el diagnóstico del VIH”. El estudio es confidencial y en caso de ser positivo el personal de salud brinda asesoramiento y herramientas al paciente sin ningún costo. “En nuestro país la medicación está provista por el Plan Nacional del VIH, que asegura la provisión en forma gratuita. La medicación es sumamente importante porque es lo que va a asegurar que la persona pueda permanecer con su salud en óptimas condiciones y también evita la transmisión hacia otras personas porque sabemos que quienes controlan el virus y están indetectables dejan de transmitirlo”, aseguró el investigador de Fundación Huésped.
La ley que se logró el año pasado es una de las más vanguardistas a nivel mundial. Incentiva la investigación, fomenta la participación activa de la población en la elaboración de las políticas públicas, obliga al servicio público y a las obras sociales a suministrar de manera gratuita los medicamentos, elimina las pruebas obligatorias de diagnóstico y otorga una jubilación especial para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, ente otros derechos. “El reclamo histórico es la cura que implica muchísimas cosas: que haya investigación, por ejemplo un Conicet, que haya acuerdos y diálogo con las empresas farmacéuticas para que a las vacunas tenga acceso todo el mundo”, dijo Lucas Fauno y agregó: “Si la ley del año 1990 era una ley de urgencia de vida, esta ley aprobada es una ley de calidad de vida, porque nuestras vidas no son solamente un virus, una pastilla y un preservativo. Nuestras vidas tienen que ver con acceso al trabajo, a la salud, controles periódicos, con la mejor medicación para cada cuerpo, para cada persona. Hablar de VIH es hablar de algo integral. No es solamente la cura, es la calidad de vida y más que debe asegurar el Estado”.
