El recorte en publicidad oficial es un ataque a la libertad de expresión. La medida comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni y refrendada por el flamante ministro de Economía, Luis Caputo, es una decisión política -el monto que representa para el erario público equivale a apenas 0,05%- que viene a trastocar de fondo el escenario de comunicaciones en nuestro país.
Según garantiza nuestra Constitución, los actos de gobierno deben ser de libre conocimiento. Conocer el día de cobro de la jubilación, acceder a información sobre beneficios fiscales, conocer las políticas de seguridad o salud, las decisiones de gobierno y las campañas de bien público. Si la función de la pauta es dar publicidad a los actos de gobierno, ¿a quién afecta el recorte? A toda la ciudadanía, pero a algunos más que a otros.
Comencemos rebatiendo mitos: el principal golpe no es para Clarín. Pese a que el principal grupo mediático de Argentina concentra uno de cada ocho pesos destinados a publicidad, la pauta estatal representa solo el 4% de sus ingresos. No obstante, encabeza en la gran mayoría de los rubros. En 2022 (último año con datos completos), Clarín recibió unos 3 mil millones de pesos entre sus medios gráficos, audiovisuales y repetidoras fantasma. El equivalente a 11.436 Potenciar Trabajo, 6.375 jubilaciones mínimas o 34.880 AUH.
Pero los negocios del Grupo Clarín no están en sus medios: son el 5G, la telefonía móvil, el servicio de Internet, etc. La pauta estatal, según consigna el investigador Agustín Espada, representa una parte magra de sus ingresos. Entonces, ¿quiénes pierden con esta medida? Los medios populares y autogestivos.
El sector de la comunicación popular tiene raíces profundas e historia acumulada de muchas décadas en el país. Genera miles de puestos de trabajo, garantiza los derechos de las audiencias y la libertad de expresión. Representa un baluarte importantísimo en la defensa de la pluralidad de voces. Sin embargo y pese a algunos avances en la última gestión, se lleva apenas un 4% del total de la publicidad oficial. Montos pequeños y casi irrisorios si se los compara con los grandes grupos, pero que son cruciales para sostener trabajo y democracia.
El Grito del Sur, por ejemplo, recibió entre enero y octubre de este año $1.800.000 en concepto de pauta, a razón de 180 mil por mes. Dividido entre 10 trabajadores y trabajadoras que componen la cooperativa, equivale a 18 mil pesos por cabeza. Menos, mucho menos, que los ATP que Alberto Fernández le pagó en pandemia al Grupo Clarín. Es poco, pero resulta fundamental para la subsistencia del sector.
De estas medidas emergen grandes ganadoras: son las plataformas de redes sociales. La propuesta del equipo de Milei consiste en la destrucción de los medios autogestivos, de pueblos originarios, cooperativos o locales y el fortalecimiento de las mediaciones en redes. Nobleza obliga, es la pesada herencia: YouTube recibió mil millones de pesos en los últimos 10 meses de la gestión de Alberto.
Resulta necesario dar un debate también en el campo popular. Opinadores, twitteros y gente sin mayor conocimiento del tema intentan reivindicar la medida y señalan que implica una acción «valiente». Vale la pena hacer pedagogía: nada de nosotros sin nosotros. En momentos de crisis, si tu opinión solo abona a la división y tu regocijo es la angustia del otro, estás del lado equivocado. Así seas amigo del Papa o de la Madre Teresa de Calcuta.
El impacto no caerá solamente sobre los medios autogestivos sino también sobre esos medios privados que precisaban de la publicidad estatal para sostenerse. En el Grupo Oktubre, Perfil y cientos de medios provinciales corren riesgo muchos puestos de trabajo y paritarias. Si los sueldos en prensa ya eran malos, esto será la excusa empresaria para que sean aún peores.
Sin comunicación popular no hay democracia. Y sin Estado no hay comunicación popular. La ausencia de una ley que democratice y federalice la publicidad oficial nos trajo hasta aquí. Pese a la buena voluntad de algunos funcionarios, si no hay ley, la pelea es muy difícil.
