La «crueldad de la agenda sangrienta del aborto” y la inexistencia de la desigualdad de género fueron dos de los puntos centrales que Javier Milei recalcó en su último discurso durante el Foro de Davos. El Presidente, que no deja pasar oportunidad para criticar la agenda de género, insistió en que hay “supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico”, entre ellos la “pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer”.
Las feministas argentinas no tardaron en hacerse eco de las declaraciones, y desde el Twitter de Ni Una Menos respondieron: “No nos sorprende y nos honra que el presidente nos elija como enemigas mientras defiende la fortuna de 8 millonarios y un modelo de miseria para el 99% de la población”.
Más allá del conflicto ideológico, existe una realidad palpable: mujeres y disidencias son les mayores perjudicades en una crisis que impacta sobre sus cuerpos. Son quienes sostienen las economías familiares en base a sacrificios y trucos de magia. Quienes se endeudan para comer y quienes diluyen la leche con agua mientras fraccionan la ración de pan.
La socióloga Luci Cavallero aborda esta relación entre deuda, política y género en libros, papers y entrevistas. Pero también lo hace en calles y asambleas, como las que organizaron desde Ni Una Menos para marchar este 24 de enero en el marco del paro general. Allí se congregaron las diferentes vertientes de los feminismos para subrayar la necesidad de realizar una lectura transversal e interseccional de la crisis. En diálogo con El Grito del Sur, la investigadora ahonda en la gravedad de las medidas de La Libertad Avanza y enfatiza en la necesidad de generar estrategias comunes.
Hace tiempo que venís realizando “Una lectura feminista de la deuda”, como se titula el libro que escribiste junto con Verónica Gago. Traspolando los conceptos, ¿se podría hacer una lectura feminista de las medidas de La Libertad Avanza?
Desde Ni Una Menos venimos impulsando una lectura feminista de la deuda desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) retornó a nuestro país con Mauricio Macri. Las primeras medidas de Javier Milei son una profundización acelerada y exacerbada de estas políticas de ajuste. La devaluación del 120%, la desregulación de los combustibles, las prepagas y los servicios públicos, entre otros, disparan el precio de los alimentos recrudeciendo la pobreza y la indigencia. Esto genera un mayor empobrecimiento de quienes sostienen las economías domésticas. Las mujeres se están endeudando para sobrellevar las necesidades cotidianas y esto aumenta con la liberación de la tasa de interés de las tarjetas y la desregulación de la actividad financiera. Las mujeres son las mayores beneficiarias de subsidios sociales, que están congelados, son las más precarizadas laboralmente, las que están a cargo de los comedores y merenderos que ya no están recibiendo comida y las que ya no podrán ser formalizadas por el programa para trabajadoras de casas particulares “Registradas” porque se dio de baja.
Yendo a las políticas específicas, ¿qué modificaciones a la Ley de los 1000 días contempla la Ley Ómnibus?
Hay modificaciones sustanciales que cambian el espíritu de la ley. Por ejemplo, se elimina la figura de “persona gestante” y el término “género” se cambia por “mujeres”, invalidando la lucha del colectivo travesti trans por visibilizar las maternidades que exceden a lo binario. Además, introduce figuras como “hijo por nacer” y “vida desde la concepción”, incluso cuando éstas entran en contradicción con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En resumen, se pasa de un Estado que debe garantizar derechos a un sector de la población a uno que solo debe dar protección a las mujeres madres, especialmente cuando éstas son vulneradas o víctimas.
¿Creés que la IVE está en riesgo?
La ley Ómnibus no modifica explícitamente la IVE y creo que ahí hay cierto reparo con la reacción social que podría generar. Sin embargo, si se empieza a legislar de manera contraria es claro que van a ir hacia ahí tarde o temprano.
¿Por qué la Ley Ómnibus licúa la paridad de género en el Congreso?
Porque cambia el sistema de proporcionalidad de los legisladores y se borra la paridad. Se genera una nueva composición de la Cámara de Diputados donde ya no es necesario garantizar un piso mínimo de mujeres en el Congreso.
¿Qué sucedería con la Ley Micaela?
Lo que sucede es que se va a limitar su alcance. Ahora la Ley Micaela impone una capacitación obligatoria para quienes trabajen en los tres poderes del Estado. Con la modificación sólo sería obligatoria para “quienes estén involucrados en la materia”, es decir quienes explícitamente se dediquen a temáticas de género. También se cambia el término “violencia de género” por “violencia familiar y hacia las mujeres”, acotándose a aquella que se da en el hogar, como si no existiera violencia en lo público. Además, como dijimos antes se vuelve a la idea de que las violencias de género son hacia las mujeres y no hacia otras identidades.
En cierta medida esto significa reintroducir al ámbito hogareño una cuestión estructural. ¿Creés que la intención es despolitizar?
Sí, creo que éste es un Estado negacionista en ese sentido. Esto quedó en claro en la Conferencia de Davos, donde Milei señaló a las feministas como enemigas que estamos interponiéndonos al proceso económico. Con estos gestos pone al Estado al frente de una pedagogía de la renaturalización de las políticas de desigualdad de género. Cuando negás las brechas salariales, como hizo el Presidente durante toda la campaña, estás diciendo que no vas a hacer nada para que se pueda distribuir y socializar el cuidado. Es un proceso de domesticación de las mujeres.
¿Qué pasa con la ley de Alquileres en un país donde ya en 2022 el 26,1 por ciento de las jefas de hogares monomarentales tuvo ingresos por debajo de la línea de pobreza?
Hoy uno de los primeros problemas para las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries es la posibilidad de mantener un alquiler cuando no viven con su cónyuge. Lo que estamos viendo es que esto se recrudece con la abolición de la ley de Alquileres que genera un sistema de crueldad en el mercado. Esto genera un gran impacto en las mujeres jefas de hogar en nuestro país, que son 1.300.000 personas que ya venían con una situación muy complicada de antemano. Ni que hablar cuando hablamos de lesbianas, travestis, trans, no binaries, maricas.
¿Qué impacto puede tener la degradación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una Secretaría dentro de Capital Humano?
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad era una institucionalidad reciente y sin duda le faltaba presupuesto, pero era una gran medida para abordar de manera jerarquizada y junto con otros organismos estatales el problema de las violencias por motivos de género. El impacto es clarísimo: con estas primeras medidas se demuestra que el Estado no solo no va a dar respuesta a quienes sufren violencias sino que va legitimarlas, generando una sobrecarga de las redes feministas que ya vienen sosteniendo.
Luego de formar parte de las asambleas, ¿qué estrategias feministas crees que se están gestando para paliar la crisis?
Pienso que los feminismos están presentes en todas las estrategias que el pueblo está dando para resistir: hay feminismo en las multisectoriales, en el sindicalismo, en las asambleas barriales, en los cacerolazos. Los feminismos se están entramando con la lucha popular para desbordarla, para inundar la calle. Nos estamos organizando de cara al paro porque sabemos que el paro tiene que ser multisectorial y convocar a diferentes sectores con distintas realidades. Dentro de eso hay una reactivación de la conversación feminista y una pregunta sobre cómo defender nuestra agenda propia dando cuenta de que estamos afectadas transversalmente con todas las medidas que están sucediendo.
