Después de cinco años, José Alperovich, empresario, exsenador y tres veces gobernador de Tucumán, llegó a juicio oral acusado de abusos sexuales a su sobrina y ex empleada. Se espera la participación de más de 80 testigos en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, bajo la dirección del juez Juan María Ramos Padilla.
Este lunes 5 de febrero estuvo prevista la declaración de la denunciante para iniciar el debate oral. En este proceso judicial, Alperovich deberá responder como imputado por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal. La investigación judicial indica que los ataques ocurrieron entre 2017 y 2019, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Tucumán.
A lo largo de este extenso proceso, iniciado en noviembre de 2019, la denunciante ha tenido que ratificar la denuncia durante más de 9 horas en las dos jurisdicciones judiciales. Luego se sometió a pericias psicológicas y revisiones oculares de los lugares donde ocurrieron los abusos denunciados: un departamento en Puerto Madero, uno de los barrios más costosos de América Latina, y dos casas en la provincia de Tucumán. En cuanto a Alperovich, fue indagado solo una vez, negó los hechos en una declaración virtual y no aceptó preguntas.
En septiembre de 2022, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Rappa, elevó el caso a juicio oral después de tres años de investigación. El magistrado sostuvo en su fallo que el «sometimiento sexual ultrajante» que Alperovich infligió a su sobrina ocurrió en una situación de asimetría absoluta entre ellos. Concluyó la etapa de investigación y ordenó que Alperovich fuera juzgado por los hechos denunciados, además de solicitar un embargo de 2,5 millones de pesos.
El fiscal encargado de la nueva etapa oral es el Dr. Sandro Abraldes, y la querella que acompaña a la denunciante está a cargo del equipo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, coordinado por los abogados Pablo Rovatti y Carolina Cymerman. La defensa de Alperovich continúa a cargo del abogado Augusto Garrido –del estudio Cúneo Libarona– y lo acompaña el tucumano Ariel Sosa.
Más de 80 personas están citadas como testigos, incluyendo familiares, amigos de la denunciante y colegas de la campaña electoral provincial de 2019. Según las declaraciones del Dr. Pablo Rovatti, los testimonios revelarán «el deterioro físico de la víctima y profesionales que la atendieron para que pudiera fortalecerse y denunciar». También se conocerán los resultados de peritajes que «corroboraron el daño psíquico producto de los hechos que sufrió a manos de Alperovich», según el abogado de la querella.
Este caso es de gran relevancia, ya que marca la primera vez que Alperovich se enfrenta a un juicio a pesar de haber sido implicado en más de 20 causas de corrupción y abuso de poder en la provincia de Tucumán. Además, establece un precedente sobre cómo se juzgan las violencias por razones de género en el ámbito político argentino.
Una lucha entre la vida y la muerte
La magnitud de esta denuncia fue un terremoto para la impunidad de las estructuras patriarcales en la política. Uno de sus máximos exponentes en Tucumán fue expuesto. No sorprendió en las oficinas del gobierno provincial ni en la sociedad tucumana. No había pasado mucho tiempo desde que Alperovich se mostraba en vivo acosando y violentando a una periodista en una transmisión en línea del diario La Gaceta. Sin olvidar cómo integrantes de su gobierno fueron juzgados por encubrimiento en el femicidio de Paulina Lebbos.
La acusación fue presentada en noviembre de 2019, tanto en Buenos Aires como en Tucumán, cuando ya habían pasado cinco meses desde las elecciones provinciales para la gobernación, donde Alperovich perdió en las urnas.
En ese momento, la denunciante tenía 29 años. El relato de los hechos que constan en la causa es estremecedor. Durante un año y medio, soportó todo tipo de humillaciones, manoseos y vejaciones, hasta que en mayo de 2019 renunció a su puesto de asistente personal. Luego vinieron las demoras por parte de la Justicia.
Pasó un año y no había respuestas, entonces difundió en los medios otra carta para pedir respuestas. “Cuando decidí hacer mi denuncia, sentí que era una lucha entre la vida y la muerte que ocasiona el silencio, como una enfermedad terminal. Elegí la vida. Estar bien después de vivir experiencias traumáticas es un trabajo diario y minucioso, por lo que hoy, ante todo, celebro la determinación de denunciar y respeto profundamente mi proceso y mis avances. Una mujer que descubrió su voz sabe que el silencio es asfixia y lucha por no volver nunca más a esos lugares de oscuridad y dolor. Recuperarse es difícil, no es estable ni constante. Tampoco hay una fórmula mágica”, relataba en esa misiva.
Sobre el desafío que representa ir a la Justicia para una mujer que sufrió esas situaciones de violencia, relató en su texto: “Experimenté un vértigo estremecedor que logré aliviar con la templanza que me otorga la certeza de la verdad. Así entiendo mi valentía, la cual me impulsa a defenderme a pesar del espanto de lo atravesado y de lo que genera estar frente a un sistema que intimida, contando con lujo de detalles los abusos a los que fui sometida”.
Hoy la denunciante tiene 33 años, está cursando un embarazo avanzado, su identidad se ha mantenido resguardada, pero teme que los medios de comunicación puedan contribuir a la revictimización revelando su nombre, su imagen o dando detalles morbosos de los abusos que denunció. Además, espera no sentir más hostilidad en el proceso judicial.
Un freno a las violencias del poder político
A raíz de este caso, las organizaciones de mujeres y feministas tucumanas crearon la Mesa Provincial contra los Abusos del Poder Político de Tucumán, con el propósito de acompañar a las víctimas de violencia de género que involucran a funcionarios públicos.
Los casos de violencia sexual y de género implican no solo al exgobernador Alperovich, sino también al legislador Ricardo Bussi, al intendente de Famaillá José Orellana, al vocal de la Corte Suprema de Justicia provincial Antonio Estofán y al concejal de Alberdi Bruno Romano. «Tienen como común denominador las demoras judiciales en las investigaciones, el silencio estatal, cuando no la protección directa a los victimarios y el ataque a las víctimas», según definen las integrantes de esta Mesa.
Las intervenciones de la Justicia tucumana siguen pendientes o no llegaron nunca a reparar a las víctimas. Solo cuando intervinieron tribunales de otras jurisdicciones hubo juicio y condena a los políticos tucumanos. Como antecedente se cuenta el caso del exdiputado nacional y actual intendente de la ciudad de Famaillá, José Orellana, quien fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el abuso sexual cometido contra una empleada de la Cámara de Diputados de la Nación, Agustina Poch, en noviembre de 2016. Esta sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 28 de la Ciudad de Buenos Aires será la ratificación de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces también le prohibieron a Orellana acercarse a Poch durante cuatro años.
Para este juicio oral, más de 500 personas y organizaciones feministas manifestaron su apoyo a la «denunciante que logró llegar a esta instancia después de haber esperado durante 5 años respuestas por parte del Poder Judicial».
«Nos mantenemos alertas ante los posibles ataques y revictimización por parte del acusado a través de su defensa o del uso de los medios de comunicación para avanzar sobre la integridad física y psíquica de la denunciante», refleja el comunicado.
Entre otras cosas, exigieron al Poder Judicial «que actúe con la debida diligencia en casos de violencia de género, evitando así la revictimización constante de esta valiente joven».
Muestran gran preocupación ante cualquier maniobra de impunidad debido a que «el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, hasta hace unos meses era su abogado y hoy la defensa (de Alperovich) continúa a cargo de su estudio jurídico».
