A pesar de que varios sectores políticos justifiquen la resolución de privatizar los medios públicos aludiendo a su supuesto carácter de “órganos de propaganda al servicio de un gobierno”, ese argumento fue demolido este lunes por el propio Presidente de la Nación, que decretó una intervención casi monárquica con amplias facultades sobre los medios del Estado.
De esta manera, el mandatario arranca a éstos del seno del control parlamentario al que estaban sujetos por ley y los deja en plena jurisdicción de los designios del misterioso jefe de Gabinete, que, a su vez, decidió su delegación en dos interventores.
Es así que Javier Milei coloca a los medios públicos bajo un absoluto control del Ejecutivo y podrá tomar decisiones con un grado de arbitrariedad notable sobre la programación, la línea editorial y el patrimonio, sin rendir cuentas ante nadie. La intervención es contraria a la ley 26.522, vigente y absolutamente progresiva en materia de comunicación pública democrática, pero poco parece importarle a la gestión nacional.
Asimismo, la intervención también viola la ley de Sociedades del Estado, forma constitutiva de los medios públicos, que pretendió ser derogada mediante el DNU 70/2023, impugnado por inconstitucional por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), en un amparo que actualmente tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Donde hasta la semana pasada había un directorio conformado por los sectores parlamentarios y varios representantes de la sociedad civil, ahora se sientan los interventores designados por el dedito presidencial. Se trata de un primer paso rumbo a la pretendida privatización, que a partir de este martes los diputados y diputadas discutirán en el marco de varios artículos de la Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno.
Los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos rechazamos ambos caminos. Tanto la intervención como la privatización implican el incumplimiento por parte del Estado argentino de compromisos internacionales asumidos y consagrados constitucionalmente en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información. Hoy, cumplir con esa obligación que garantiza el derecho a la comunicación solo le insume monedas al Estado Nacional: la exigua cifra del 0,017% del PBI. En el caso de Télam, ni un centavo: los balances son positivos.
Ninguno de los “niños del Chaco”, que se le caen del teclado a los no muy brillantes defensores del Gobierno cada vez que se refieren al tema en redes, se muere de hambre porque haya medios públicos. Su potencial ausencia tiene ganadores claros: el gobierno libertario, que para tener éxito con su plan regresivo y reaccionario necesita de la desinformación y el silencio, y los especuladores de sectores privados, que hacen de la comunicación un negocio que no incluye ni a sus propios trabajadores a la hora de los dividendos.
No contar con medios públicos determinaría, en el actual contexto de retracción de medios privados locales y regionales en muchas provincias, la formación de desiertos informativos en áreas significativas del país, y también respecto a una variedad enorme de sucesos, temas y discusiones que los medios privados no muestran, aún pudiendo hacerlo, porque no les representan ganancias.
Así, se procedería a silenciar efectivamente a amplios sectores de la sociedad, que, paradójicamente, incluyen a muchos de los legisladores que están por levantar la mano para venderlos, a sus provincias y a sus comunidades.
Enajenar los medios del Estado también asestaría un golpe a la industria cultural argentina, al impedir su utilización para la difusión de productos culturales que no tienen espacio en el ecosistema de medios privados. No nos engañemos: no se puede encontrar coherencia entre votar en contra de las previsiones de la Ley Bases para la cultura y votar a favor de vender los únicos espacios que le dan lugar.
Pero quizás como componente clave, vender los medios públicos representaría una mella a la soberanía estratégica, al enajenar las frecuencias de mayor alcance del país, las únicas que permiten la cobertura de cada rincón de la Argentina. Quizás sea esa la cuestión de fondo, en pleno alineamiento con las máximas de Milei y su gobierno que santifica la custodia de los intereses de los países de dónde provienen los fondos buitre a los que sirve, o los billonarios que considera héroes.
La postura arraigada en el dogma ideológico del Presidente y su camarilla incluye también algunas aristas más venales: vender todo, juntar platita rápido, enriquecerse hoy sin contemplar la pobreza de mañana. En esa veta se encuentran las intenciones muy mal disfrazadas de vender los medios públicos para hacerse de sus terrenos bien cotizados y sacrificar la libertad de expresión en el altar de condominios de lujo que ningún argentino de bien puede pagar.
Hace décadas somos los trabajadores, mediante nuestras organizaciones gremiales, los que bregamos por el pluralismo y el federalismo en los medios públicos, así como por su mejoramiento técnico y profesional.
Hemos señalado y denunciado a las gestiones que pretendían que fuéramos medios gubernamentales y no estatales, defendido el patrimonio común todas las veces que intentaron regalarlo, y día a día, luchamos por reflejar la vida de nuestras comunidades en el dial, la pantalla y la agencia de noticias.
Aunque conseguimos destacables avances, muchas veces nos estrellamos contra los muros de la ineptitud de sucesivas gestiones y de la sordera de sectores del Congreso, que abdicaron de ejercer las funciones de control de manera eficiente y que ahora fundan en esa abdicación la justificación para barrer con los medios del Estado, su rol social, su importancia estratégica y nuestros puestos de trabajo.
El Congreso puede y debe retomar las riendas. Esta semana, la Cámara de Diputados está frente a la oportunidad histórica de, por fin, escucharnos y votar para conservar los medios públicos y así aportar a la construcción de una sociedad federal y democrática; o de optar por privatizarlos, para que construyan inmuebles de lujo los aportistas de Milei.
