«Los salarios dependen de los gobernadores», dijo ayer en su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni. De esta forma, Nación confirmó que dejará de transferir a las provincias los recursos económicos correspondientes al Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares. También puso en duda la continuidad de la paritaria nacional docente, motivo por el cual los gremios analizan no iniciar las clases en todo el país.
«Cada vez que llega la derecha al gobierno, avanza en la descentralización de los servicios educativos. Lo hacen sin fondos para sustentar la educación. La principal consecuencia es la fragmentación del sistema educativo y el debilitamiento de la presencia del Estado, ya que las provincias se verán obligadas -entre otras cosas- a suspender las obras de edificios escolares», señaló a El Grito del Sur Angélica Graciano, secretaria general de UTE y secretaria gremial de CTERA.
La caída del FONID es un duro golpe a las provincias: se trata de un porcentaje del salario que cobran en forma igualitaria más de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario. Según datos del «Informe indicativo del salario docente», representa el 13% del salario docente inicial (el de un maestro de grado común, de jornada simple y sin antigüedad) y se pagaba junto al ítem «conectividad», este último creado durante la pandemia. Tampoco se transfirió el dinero correspondiente al Fondo de Compensación Salarial Docente, destinado a las provincias de menores recursos.
«Hay sumas que aportaba Nación y los gobernadores se hicieron cargo el último mes, pero que no van a poder seguir pagando. Los docentes no sólo no van a recibir aumento, sino que se va a producir un proceso de rebaja salarial porque no van a estar las sumas nacionales. Éstas servían para no profundizar la desigualdad entre las provincias ricas y las de menores recursos», explicó Graciano.
La referente gremial responsabilizó por esta situación al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo. «Para tener déficit cero, le quitan los recursos a la educación. Si no enfrentamos esta situación ahora, van a empezar a suceder conflictos provinciales. El gobierno nacional nos tiene que convocar y cumplir con las leyes. Están haciendo saltar la institucionalidad por los aires», planteó Graciano.
En cuanto a la suspensión de la paritaria nacional docente, significa la pérdida de un ámbito de negociación colectiva donde se discuten no sólo los pisos salariales sino también las condiciones de trabajo. «Cada provincia va a quedar librada a su suerte», alertó la secretaria gremial de CTERA. Este espacio que nuclea a diferentes gremios de todo el país realizará un congreso el próximo 22 de febrero con el objetivo de resolver una medida de fuerza. «Corre grave riesgo el inicio de las clases», concluyó Angélica Graciano.
