Apenas pasaron cien días desde que Javier Milei asumió el poder al grito de “AFUERA” y bajo la muletilla de “no hay plata”. En estos tres meses y medio las áreas de género de ministerios, municipios y secretarías fueron licuadas, desjerarquizadas o directamente desfinanciadas, sin nombramientos a cargo ni tareas que ejecutar. Bajo el mote de “ñoquis”, “vagos” y «militantes», las y los trabajadores estatales fueron estigmatizados por el Ejecutivo y vapuleados por los medios de comunicación. Si bien ya comenzaron a ejecutarse los despidos, aún se esperan más para fines de marzo, momento en el cual se vencen aproximadamente 70.000 contratos.
El depredador gobierno anarcocapitalista, que habló en reiteradas ocasiones de la “sangrienta agenda del aborto” y nombró a las feministas como su enemigo, se hizo notar recortando con su motosierra todo lo que hacía más vivible la vida de mujeres y disidencias. Lo que se pudo construir en los cuatro años de la anterior gestión, con autocríticas y medidas perfectibles, va cayendo poco a poco como la arena en un reloj.
Según el informe de la organización ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -titulado “Un ajuste que agranda la brecha”-, el gasto en las políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 33% más bajo en términos reales que el año pasado. Eso significa incluso 9 puntos más de lo que sufrió el presupuesto nacional (24%). “Hicimos este informe porque veíamos que de parte del Ejecutivo había una narrativa explícita que se traduce en medidas concretas de recortar el gasto público, cayendo fuertemente sobre el contenido social. Nos parecía importante hacer zoom en las políticas de género para publicar el informe el 8M y así reabrir la discusión”, explica Malena Vivanco, economista del programa Justicia Fiscal de ACIJ. “Los recortes se dan porque los montos se licuan. El problema es que no se realiza una actualización constante frente a estos niveles de inflación”, asevera.
Entre estas políticas recortadas se encuentra la moratoria previsional que bajó un 38% desde el año pasado, a pesar de que gracias a ella se jubilaron 6 de cada 10 mujeres en Argentina. También hubo una caída del 45,5% en pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijes. En el caso de la Asignación Universal por Hije, cobrada en un 95% por mujeres, la caída fue del 4%. “La desigualdad de género no es nueva, es histórica y estructural. Las estadísticas demuestran que las mujeres son las más afectadas por la pobreza y quienes asumen de forma desproporcionada las tareas indispensables para la sostenibilidad de la vida”, asegura el documento.
“El recorte de presupuesto afecta más a mujeres y diversidades porque todo lo que se achica en el Estado se agranda en responsabilidades en la casa, en todos los sentidos. Nosotras somos mayoría en las prestaciones ‘no contributivas’, que en realidad no lo son porque contribuimos muchísimo a la riqueza del país con nuestro trabajo no remunerado”, asegura la economista Lucía Cirmi Obón, Magister en Desarrollo y autora del libro «Economía para Sostener la Vida». “Cuando el Presidente dice que las moratorias para amas de casa no son sostenibles, se olvida que para que los hombres hayan podido salir a trabajar había alguien planchando, lavando y cocinando puertas adentro. El aporte de la economía del cuidado es del 25% del PBI y las jubilaciones se financian mayoritariamente con el IVA, que es el impuesto que más pagamos las mujeres. Para hablar de la sostenibilidad de las jubilaciones hay que hablar de la riqueza no grabada”, enfatiza Lucía.
Las políticas de prevención y asistencia a la violencia de género no fueron la excepción a la regla: en la Línea 144 se bajó un 12% el monto ejecutado. Según datos oficiales esta línea atendió, desde su creación en 2013, 125.000 comunicaciones por año. El programa Acompañar, que consta de un subsidio monetario para personas en riesgo de sufrir violencia de género, cayó en un 69% si se lo compara con el año pasado. La merma en este programa es clave a la hora de pensar los femicidios, crímenes de odio y travesticidios, ya que la autonomía económica es una pata fundamental para la salida de vínculos violentos. “Si dependes económicamente de tu agresor, no tenés posibilidad de salir de ese espiral de violencia”, subraya Cirmi Obón.
En cuanto a las políticas de cuidado, en los centros de primera infancia y los jardines casi no hubo presupuesto ejecutado, con una reducción que alcanza alrededor del 100% entre el año pasado y éste. Dichas decisiones no pueden verse escindidas de las consecuencias materiales que conllevan. El desfinanciamiento de las políticas de cuidado dificulta mucho más la tarea a la que las mujeres dedican el doble de horas promedio por día que los hombres, según el INDEC. “Consideramos que los recortes en las políticas de cuidado son una pérdida enorme porque son éstas las que van al núcleo del problema, las que ahondan en la base de la desigualdad que hay tanto en los hogares como fuera de ellos”, afirma Vivanco. Por su parte, Lucía explica: “En conjunto con el CELS hicimos el cálculo que de 43 políticas de cuidado 22 ya fueron derogadas, eliminadas o totalmente desfinanciadas, 15 están en alerta y solamente 7 en vigencia. Hay un retroceso muy grande en un periodo muy corto”. Ella fue quien se desempeñó durante cuatro años como subsecretaria de Políticas de Igualdad en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
El programa Registradas, que servía como incentivo para la formalización y permanencia en el empleo de las trabajadoras de casas particulares, se encuentra con las inscripciones cerradas desde el 31 de diciembre de 2023. Mediante este plan, el Estado nacional pagaba el 50% del salario de la trabajadora durante 6 meses, a cuenta del pago que realiza la parte empleadora. En lo que respecta al programa «Potenciar Trabajo», experimentó una reducción del 71% en comparación con el mismo período de 2023. Este programa contaba con un 63% de mujeres inscriptas a finales del año pasado. “Lo que está en peligro es la autonomía económica de las mujeres. Cuando dejamos todo librado al mercado nos damos cuenta que ese mercado prefiere varones porque piensa que nosotras somos más costosas”, continúa Cirmi.
Como si hiciera falta aclarar, otra de las medidas que fue borrada por el libertarismo fueron los análisis transversales del presupuesto y el presupuesto con perspectiva de género que había impulsado durante el gobierno anterior la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género perteneciente al Ministerio de Economía y encabezada por Mercedes D’Alessandro. Esto, lejos de ser una mera formalidad, “representa una herramienta de gran alcance para comprender las prioridades del gobierno en la resolución de urgencias que aún afectan de manera desigual a distintos sectores de la sociedad, entre ellos a las mujeres y personas LGBTI+”, especifica el informe antes citado.
“Que no existan análisis transversales del presupuesto con perspectiva de género es un problema para la transparencia del gobierno. Todo esto se enmarca en una política de acceso a la información y disposición de la información pública que ya no son tan accesibles. Desde ACIJ hacemos pedidos de información pero vemos que ya no está disponible para todos”, concluye Malena.
