En poco más de tres meses, el presidente Javier Milei devaluó brutalmente los salarios, aplicó un tarifazo de más del 200% sobre el transporte, congeló el presupuesto educativo, y desreguló los alquileres y la suba de los servicios. Estas medidas repercuten de manera directa en el sostenimiento de la cursada de millones de estudiantes de la Universidad que hoy ven amenazado su futuro académico y profesional. El diagnóstico es claro: resta construir una agenda de lucha reivindicativa que permita volver a encender al movimiento estudiantil, en coordinación con el conjunto de actores que intervenimos en el ámbito educativo.
Cuando hablamos del congelamiento del presupuesto se trata concretamente de sostener una partida de 752 millones de pesos, planificada en octubre de 2022 y devaluada por completo por los más de 250 puntos de inflación acumulados en los últimos cinco trimestres. En este sentido, tanto las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como los Consejos Superiores de distintas universidades advirtieron que -con dichos ingresos- el funcionamiento está garantizado únicamente hasta el mes de abril. Solo se podrán solventar los gastos mínimos de funcionamiento, lo que implica que si un caño se rompe o un ascensor deja de funcionar no podrá repararse por falta de presupuesto.
A esto hay que añadirle que el Gobierno decidió sacar a las universidades de la lista de organismos que hasta hace un mes permanecían exceptuados de pagar altas tarifas de servicios, por ser considerados servicios esenciales, lo que también provocará un altísimo aumento de luz, agua y gas que las facultades de todo el país no podrán afrontar. Las consecuencias empiezan a verse reflejadas en los anuncios de muchas casas de estudios que, de cara al inicio del ciclo lectivo 2024, debieron poner un límite a la cantidad de materias en la inscripción de cada estudiante. Por si no es obvio ya, detrás de los números hay personas de carne y hueso, con sueños e ilusiones, que ven truncado su futuro académico-profesional.
El oficialismo ha decidido declararle la guerra a la universidad pública. El vocero presidencial salió la semana pasada a cuestionar públicamente los fondos que se transfieren a las universidades alegando una supuesta discrecionalidad en la asignación de los recursos y la falta de resultados académicos. Se ordenó por decreto la auditoría de las Universidades de Pilar, Ezeiza, Río Tercero, Delta y Madres de Plaza de Mayo que el año pasado el Congreso había votado recategorizar como Universidades Nacionales. A su vez, se cerró la paritaria nacional universitaria por decreto aplicando un aumento de un miserable 6 por ciento. La inversión en materia educativa es una apuesta por el desarrollo y el futuro de la sociedad argentina, la creación de nuevas universidades en distintos puntos del territorio argentino han posibilitado que cada vez más pibes y pibas accedan a la Educación Superior y han conseguido formar a primeras generaciones universitarias de muchas familias humildes de nuestro país.
Pero el ahogo presupuestario de Javier Milei, a través de su ministra Sandra Pettovello -a cargo de la cartera que contiene al área educativa, entre otras-, no es una novedad. Estudiantes y docentes resistimos al mismo programa durante el gobierno de Mauricio Macri: frenamos el 0% de aumento en 2016 montando la Marcha Federal Universitaria que copó las calles de todo el país y enfrentamos el ajuste presupuestario de 2018 con la toma de 56 universidades nacionales. Seis años más tarde la juventud, una vez más, debe ser protagonista.
La tarea que tenemos hoy los Centros de Estudiantes y las agrupaciones políticas es reconstruir un movimiento estudiantil desmembrado luego de dos años de pandemia que atomizaron la capacidad de respuesta y movilización y volver a ofrecer al conjunto de estudiantes la organización como una vía para conquistar los pisos más elementales que nos permiten gozar de los derechos que tenemos los argentinos y las argentinas.
Esta no será una tarea fácil. Muchos y muchas de quienes cursan en nuestras aulas apostaron por La Libertad Avanza en las últimas elecciones. Y probablemente aún mantienen viva la esperanza de que su esfuerzo servirá para que algo mejore, algo que se repite como mantra en todos los sectores de la sociedad que ven en un eventual éxito de la política de Milei la mejoría que desde hace tanto esperan. Fundamentalmente quienes se encuentran en ese 57% que está bajo la línea de pobreza, muchos de ellos empujados a esa situación por el brutal ajuste de los últimos meses que aumentaron 15 puntos el índice inflacionario.
Pero hoy la rebeldía se mide en 280 caracteres. El peronismo dejó de ser garantía para la construcción de un futuro mejor y la ultraderecha comprendió mejor que la izquierda cómo construir una narrativa que invite a perseguir utopías logrando hoy que la disputa por libertad y la igualdad social se vean mediadas por una motosierra que viene a destruirlo todo. Ser joven y no ser revolucionario ya no parece ser una contradicción hasta biológica como hace una década y eso se debe en gran medida a que la política ha dejado de dar respuestas a las demandas que tenemos como generación.
Durante los últimos años nos rompimos la cabeza pensando cómo enfrentar este fenómeno con la mayor creatividad y se terminaron imponiendo los mismos modelos y recetas que llevaron a la destrucción del tejido social en nuestro país tiempo atrás. Nos toca, entonces, -sin abandonar la creatividad- reconstruir los lazos de organización y lucha colectiva que nos han permitido a lo largo de nuestra historia enfrentar las políticas de ajuste y defender la educación del pueblo argentino. Y nos toca, fundamentalmente, salir de la crítica cómoda a la que nos lleva la política oficialista que recibe cada mañana con un nuevo golpe a las conquistas obtenidas durante los últimos 40 años de democracia.
Debemos, sin lugar a dudas, defender cada uno de los derechos que hoy se ven amenazados, pero el hambre y la pobreza no van a cesar por más cuestionamientos que hagamos. Si nos detenemos únicamente a criticar lo que hace mal el Gobierno sin sentarnos a pensar cuál es el programa que queremos llevar adelante las fuerzas populares, progresistas y democráticas de la Argentina, nos vamos a encontrar -con suerte- en cuatro años nuevamente al frente del gobierno mientras seguiremos discutiendo y respondiendo a su agenda. Tenemos que consolidar una resistencia ofensiva.
La vara, lamentablemente, no puede estar más baja: lo que pedimos es tan básico como poder inscribirnos en una carrera teniendo la certeza de poder terminarla; queremos pagar el alquiler sin que implique dejar la mitad o más de nuestro salario; soñamos con el día en que acceder a un trabajo no sea sinónimo de precarización y un presente donde no necesitemos de dos o tres empleos para llegar a fin de mes; creemos en una Argentina donde comer todos los días no sea un privilegio.
El aumento del presupuesto educativo, la recomposición salarial para docentes y nodocentes, el boleto educativo, las becas estudiantiles, la construcción de comedores y residencias universitarias. Consignas heredadas de numerosas generaciones de jóvenes comprometidos y comprometidas, que hoy cobran mayor relevancia. Desde que empezó el año hemos realizado asambleas con cientos de estudiantes, paramos el 24 de enero junto a las centrales sindicales, hicimos cacerolazos junto a las asambleas barriales, fuimos al Polo Científico en defensa del desarrollo tecnológico nacional, movilizamos el 8 de marzo en el marco del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binaries y hemos empalmado nuestra lucha también a la de los sectores populares, participando de actividades y protestas en reclamo de alimentos para los comedores comunitarios y útiles escolares para las familias más humildes de nuestra Patria.
El domingo 24 de marzo tenemos una nueva cita con la historia donde la comunidad universitaria dirá presente en las calles junto a sindicatos, organizaciones políticas, organismos de derechos humanos, colectivos feministas, junto a cada ciudadano de a pie que no va a poder afrontar los aumentos de la prepaga, los servicios, la nafta, el colegio de sus hijos o el alquiler que empezaron a regir a partir del 1 de marzo. Nuestro pueblo tiene memoria y ningún león podrá gozar de impunidad mientras se juega con el hambre y la vida de los argentinos y las argentinas. Si las redes son del Gobierno, las calles son nuestras. Si el Gobierno no baja el presupuesto necesario para que las universidades puedan funcionar, las clases públicas y los paros docentes, como el de este jueves 14 de marzo, serán solo la antesala de las grandes movilizaciones y las tomas de las facultades que se desarrollarán en cada rincón del país en defensa de la Educación Superior, que no es patrimonio de ninguna fuerza política sino del conjunto de la sociedad argentina. La consigna es clara: si no hay plata para estudiar, que haya unidad para luchar.
*Christopher Loyola es presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
