Ni siquiera en la peor de las distópicas fantasías de George Orwell los empleados estatales podrían haber elucubrado sobre lo que está pasando actualmente. El desfinanciamiento del INCAA, los despidos en el INADI, el vaciamiento de los ministerios, los merma en las partidas presupuestarias, el cierre de la agencia Télam, el recorte del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), AySa y la Administración General de Puertos, la quita del subsidio al Fondo Nacional de las Artes, el cierre de Diputados TV y una catarata más de etcéteras son solo algunos de los frentes que deben defender desde el sector.
Según el diario Infobae, entre julio de 2023 y finales de enero de 2024 la reducción de puestos estatales alcanzó a 9.253 personas, aunque el Presidente habló del despido de 50.000 empleados. Esta cifra nos da una reducción de la planta de 343.106 empleados a mediados del año pasado a 333.853 en marzo del corriente. Entre los despedidos, 8.227 pertenecían a la Administración Pública Central y otros 1.026 a las 125 sociedades y empresas del Estado.
Lejos de mejorar, el panorama se pone cada vez más opaco con un índice inflacionario de dos dígitos que no da respiro y un mercado inmobiliario altamente desregulado. Entre angustias e incertidumbre, los empleados del Estado malabarean con las economías cotidianas y se organizan frente a la arremetida de la derecha. Como en las peores épocas del país, cientos de familias -de clase media y no tanto- deben comenzar a jerarquizar gastos o incluso endeudarse para llegar a fin de mes.
Mientras los despidos continúan y la motosierra parece no perder el filo, El Grito del Sur habló con integrantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Agencia Télam y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para conocer más a fondo la situación.
Poner el foco en Télam
Argentina es uno de los 10 países latinoamericanos que cuentan con agencias estatales de noticias. Télam tiene casi 80 años de historia, 803 medios adheridos en todo el país, 63 mil usuarios que interactúan mensualmente con la cablera y 8.700.000 personas que visitan el sitio web mensualmente. Además, factura 1.333 millones de pesos anuales y la exportación de servicios se calcula en 117.420 dólares por año. Sin embargo, su valor excede a las cifras y puede medirse en la rapidez y la precisión de la información a nivel federal, sumado a la posibilidad de llegar a los lugares más lejanos del país gracias al trabajo de sus cronistas.
El 1 de marzo pasado, Milei anunció el cierre de la Agencia en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Tres días después, los empleados se encontraron con el edificio vallado y todos los trabajadores dispensados con goce de sueldo por siete días, modalidad que se renovó por una semana más y a la que se sumó la oferta de un retiro voluntario. Muchos de ellos no tuvieron previo aviso, ya que el mail que los informaba llegó en plena madrugada. Desde ese momento tanto la cablera, que provee de información a otros medios, como la página web están caídas. Casi 770 empleados se encuentran acampando alrededor del edificio sin mucha información sobre su futuro laboral. Para algunos de ellos la historia se repite como tragedia, pues ya habían vivido situaciones similares durante el macrismo.
«Es una situación vulnerable para todos. Estamos esperando que nos abran las puertas y nos den una respuesta para saber cómo seguir”, explicó Jazmín Guzmán, trabajadora del medio y delegada de SiPreBa. “La agencia Télam tiene casi 80 años de historia. Es federal, plural y su trabajo sirve como fuente tanto para medios públicos como privados de todo el país. Es trágico que den de baja la página web de un medio valorado internacionalmente. Ya en 2018 hubo 363 despidos en la agencia y muchas personas están volviendo a vivir esa situación”, continuó, destacando que su cierre significaba una grave pérdida de soberanía.
Mientras, tanto los y las empleados/as abrieron el portal www.somostelam.com.ar para seguir subiendo noticias. A través de esa vía se organizaron para cubrir la marcha multitudinaria del 8M, que brilló por su ausencia en la mayoría de los medios hegemónicos, a pesar de su concurrencia.
“Es preocupante que un gobierno tan autoritario cercene voces. Fue muy oscura toda la forma de proceder. Nosotros seguimos trabajando y cumpliendo horarios porque es lo que queremos hacer, pero necesitamos que nos abran las puertas”, enfatizó Guzmán. “No queremos que en la sociedad hayan medidas antidemocráticas ni de censura”, aseguró. 770 familias podrían quedarse sin un ingreso en medio de la crisis económica, entre ellas muchos hogares monomarentales.
Los despidos no discriminan en ANDIS
“Diego Spagnuolo no sabe de discapacidad ni quiere aprender”, sentenció Guadalupe Bargiela, estudiante de abogacía, oriunda de Moreno, militante de Orgullo Disca y una de las despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los despidos en ANDIS no discriminan. Dentro de la Agencia las políticas de Milei se llevaron puestos a 165 empleados de un total de 1380, entre ellos algunos con más de 20 años de antigüedad, mujeres embarazadas, delegados sindicales y personas con discapacidad.
Entre los últimos se encuentra Guadalupe, de 22 años, quien habló con diferentes medios para difundir el conflicto y recalcar la insensibilidad de las medidas de Javier Milei. “Primero comenzaron rescindiendo algunos contratos y luego le sumaron más. Los sindicatos pudieron negociar un pequeño número de reincorporaciones, pero aún son muy pocas y a dedo. Esto no sólo es grave para las personas despedidas sino en términos de derechos para las personas con discapacidad. Es un desguace generalizado para el Estado y la política pública”, aseveró.
La joven resaltó que el actual director de la agencia, Diego Spagnuolo, no tiene los conocimientos necesarios en la materia, lo que supone un retroceso. “El director actual es abogado penalista y amigo de Milei y eso es lo único que lo lleva a obtener este puesto. Nosotros creemos que las personas con discapacidad tenemos que llevar adelante las políticas que nos afectan. A esto se pueden sumar otras personas idóneas, pero tienen que estar formadas en derechos humanos”, enfatizó.
“Este gobierno tiene un problema con las personas que se organizan y militan. Buscan desarmar todos los espacios donde los colectivos más vulnerados tenían un refugio, como el INADI, donde las personas con discapacidad hacíamos la mayor parte de las denuncias”, contó la joven, dejando en evidencia la interseccionalidad de las luchas. “Yo ya sé que no me van a reincorporar, pero tenemos que visibilizar lo que sucede porque ahora se viene otra tanda de despidos y necesitamos darles voz. Tenemos que frenar esta violación a los derechos humanos”.
Sobre el rol de las personas con discapacidad en la militancia, Guadalupe explicó que la dificultad para poner el cuerpo físicamente, como muchas veces requiere la política tradicional, los deja sin herramientas. Es por eso que resulta fundamental generar los apoyos necesarios para que puedan manifestarse y hacer oír su voz en gremios, centrales obreras y sindicatos. “Las personas con discapacidad queremos ser sujetos de derechos y no objetos de cuidado. Necesitamos ser parte de las luchas y estar en la toma de decisiones. Sin una política pública anti capacitista, no hay validez para las personas con discapacidad. Nosotros queremos hacer del orgullo una identidad política, queremos ser protagonistas de nuestras luchas, dejar el rol infantil de personas a curar”, afirmó.
“Lo que hace Milei con estas medidas es quitarnos la autonomía y volver atrás, ni siquiera al modelo médico hegemónico, sino a un modelo donde no somos merecedores de derechos”, concluyó.
El desguace del INADI
El 22 de febrero el gobierno nacional informó a través de su vocero oficial, Manuel Adorni, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Luego aseguró que algunas de sus funciones serían absorbidas por el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
En conferencia de prensa, Adorni hizo explícita la decisión del Presidente de avanzar con el desmantelamiento de diferentes institutos que, a su criterio, «no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para emplear militantes». «No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde haya favores políticos. No podemos hacer que la gente siga sosteniendo con sus impuestos a la política», agregó en ese momento Adorni.
“Al día de hoy no sabemos cuál es el destino del organismo más allá de lo que se anunció mediáticamente”, explicó Julieta Calderón, abogada y trabajadora del Instituto. “Estamos a la espera de definiciones, pero las autoridades designadas en el organismo no nos han dado una respuesta sobre el destino del INADI y sus trabajadores. Estamos articulando con los sindicatos para conocer qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. No sabemos cuál va a ser el correlato real de lo que se dijo mediáticamente, pero entendemos que va a haber un achicamiento o un vaciamiento”, continuó.
Lejos de los dichos del Presidente, el INADI cumple con muchas funciones sociales que se perderían en caso de hacer efectiva su eliminación. El mismo surge como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, se encarga de realizar campañas de difusión y concientización, centralizar las denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas, formar personal del Ministerio Público y el ámbito judicial en la materia, celebrar convenios con entidades públicas y privadas, y asesorar de manera gratuita a aquellas personas vulneradas, entre otras responsabilidades.
“Nos preocupa mucho esta decisión a nivel cultural y político”, señaló Julieta. “Las medidas por las que dicen que hay que cerrarlo son justamente las razones que demuestran su validez: la exacerbación de los discursos de odio. Se dicen mentiras para generar descrédito sobre el organismo porque La Libertad Avanza no cree en las políticas de inclusión. De hecho, muchos de sus funcionarios tienen denuncias por discriminación, lo que deja en claro que hay una especie de revanchismo”, justificó.
La trabajadora aseguró que la sociedad no está a favor de la medida y lo ha demostrado en diferentes manifestaciones, además enfatizó en la pérdida que significaría para los colectivos vulnerados. “El INADI es una institución de la democracia, tiene una ley que le da potestad y tiene compromisos a nivel nacional. No es tan fácil eliminarlo, sin embargo pueden vaciarlo y matarlo mediáticamente. Dejarían desamparadas a todas las victimas de discriminación que encuentran en el Instituto un lugar de resistencia”, planteó.
Calderón concluyó: “El INADI va a dejar de tener sentido cuando no haya más discriminación, cuando alcancemos la igualdad, cuando sea una sociedad libre de prejuicios. Estamos muy lejos de eso. Ahora es cuando más necesitamos un organismo especializado que pueda defender a las personas. No faltan recursos para mejorarlo, falta la voluntad política y la decisión. Están hiriendo instituciones que hacen a la democracia”.
