Porro, porrito, maruja, marihuana, chala, faisan, churro, vela, canuto, charuto, Ezequiel, faso, fasola, ricardo, ganja. El gobierno de Javier Milei se metió con cultivadores, usuarios medicinales y fumones y la guerra está declarada.
Al principio fue un rumor, un runrún entre los usuarios de cannabis. Dilaciones en los trámites, retrasos en las renovaciones. No parecía algo inusual en el marco de la asunción de un gobierno que no ha terminado de completar la designación de funcionarios en todas las áreas del Estado. Pero ahora ya es una realidad: según pudo confirmar este medio, el gobierno ha congelado el funcionamiento del Reprocann.
El Registro del Programa de Cannabis es una base de datos que registra unos 200 mil usuarios y 40 mil cultivadores solidarios de la planta de cannabis. Producto de la Ley de Cannabis, el registro tiene como objetivo institucionalizar el cultivo y la tenencia con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Ahora, su funcionamiento está bajo amenaza.
Lo primero que se supo era que el gobierno quería realizar una auditoría del Registro. Luego llegó la renuncia de los funcionarios a cargo de la Agencia Regulatoria del Cannabis. Desde el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Russo, dijeron: «No vamos a dejar de ofrecer cannabis medicinal (…) pero sí vamos a trabajar en mejorar cómo funciona el Registro actual». Sin embargo, este medio confirmó que los ingresos y renovaciones al Reprocann están congelados.
«Estamos viendo que hay un modus operandi en esta administración que tiene que ver con frenar o congelar el desarrollo de ciertas políticas, dejando sin presupuesto o sin personal a las áreas que no les interesa administrar», señaló a El Grito del Sur Valeria Salech, representante de Mamá Cultiva Argentina. «De todos modos nosotras creemos importante destacar que quienes elegimos anotarnos en el Reprocann, mas allá de que se hayan frenado las aprobaciones, elegimos estar amparadas por la ley 27.350 que en su artículo 8 habilita el registro nacional voluntario a los fines de autorizar nuestros cultivos. Si el Estado no nos aprueba los permisos, el que está en falta es el Estado, no nosotras que nos atenemos a la ley».
Pato Liddle es Secretario de Organización de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). En diálogo con este medio resalta: «Cuando se empezó a discutir la Ley de Cannabis Medicinal, la 27.350, durante el macrismo, señalamos que no podíamos poner el carro adelante del caballo. No tenía sentido discutir la regulación del cannabis sin despenalizar la tenencia de drogas y sin derogar la Ley de Drogas», explica. «Esta decisión llevó a que los usuarios estén presos de los vaivenes políticos de las distintas administraciones».
Si bien durante el gobierno de Alberto Fernández hubo grandes avances en materia de producción industrial y medicinal de cannabis, la Ley de Drogas a la que refiere Liddle aún sigue siendo el marco normativo que impera en el país y la responsable de miles de detenciones por tenencias menores de estupefacientes. Y con Milei al frente del Ejecutivo, el panorama cambió.
«Empiezan a cristalizarse algunos elementos que dan cuenta que este gobierno pretende restringir el alcance de la ley de cannabis medicinal», agrega Liddle. No es un caso aislado: como parte de la investigación para la presente nota, este medio recopiló tres casos distintos de usuarios Reprocann que han registrado dilaciones y problemas para actualizar el registro. Entre las especulaciones que circulan (porque no ha habido ninguna comunicación oficial al respecto) se estima que el gobierno pueda volver a prohibir el autocultivo doméstico de cannabis, lo que implicaría un retroceso grave en materia de derecho a la salud y de libertades individuales.
Producto de esta decisión, el impacto más evidente sería la concentración y monopolización del cannabis en los grandes laboratorios. Así como la destrucción de la agricultura familiar llevó a la consolidación del modelo terrateniente a gran escala, la muerte del autocultivo sería la excusa para entregar el cannabis con moño a la industria farmacéutica. «Este gobierno está alineado con las viejas, ineficientes y dañinas políticas de guerra contra las drogas. Apuestan a concentrar la producción en laboratorios en lugar de garantizar la libertad de las personas para que cultiven en sus casas», señala Liddle.
La otra cara de la moneda sería el regreso de la escuela punitiva en el abordaje del cannabis: allanamientos, persecución, hostigamiento a usuarios. Si bien esta situación nunca dejó de existir, las organizaciones señalan que el Reprocann sirvió como paraguas legal para amparar derechos en la materia.
«Para nosotras es importante visibilizar que somos millones de personas las que recurrimos al cannabis para mejorar nuestra calidad de vida y que es importante defender los logros sin dejar de lado la lucha por lo que falta», agregaron desde Mamá Cultiva.
Para Salech, la apuesta sigue siendo la insistencia en el registro. «Recomendamos seguir anotándose para demostrar la predisposición ciudadana de ponerse a derecho», agrega. Por ahora, y hasta tanto no halla una respuesta oficial, cultivadores, usuarios y agrupaciones se encuentran en estado de alerta por una nueva vulneración a los derechos. Pareciera que al final, la libertad no era el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro sino solamente a la propiedad privada
