Eduardo Soares es integrante de La Gremial de Abogados y defensor de las familias que ocuparon las tierras de Guernica. En los debates que siguieron al desalojo de la toma, el jueves, se dijo que la gobernación bonaerense y las 1300 familias que quedaban en el lugar, tras cuatro meses de negociaciones, estuvieron cerca de firmar un acuerdo. El gobierno del Frente de Todos tuvo, a contrarreloj, la posibilidad de una salida política, no represiva: un entendimiento con los delegados de los barrios y ocho partidos y organizaciones sociales de izquierda que los acompañaron en el reclamo. Demanda que excede, en mucho, al caso de Guernica. Entrevistado por El Grito del Sur, el abogado de La Gremial confirma que ese acuerdo estuvo muy cerca. Soares dice más: de los cuatro barrios que conformaban la ocupación, el miércoles a la tarde sólo quedaba uno que se oponía a desocupar. Las familias de los otros tres habían aceptado ser trasladados a un predio transitorio, donde el Estado se ocuparía de garantizar condiciones de mínima dignidad —comida, baños químicos, carpas— durante seis o siete meses, tiempo que la Provincia necesitaba a su vez para encontrarles tierras definitivas. De este preacuerdo se llegó a redactar un acta, pero hubo sectores que patearon la mesa. Sobre quiénes fueron, cómo y por qué Soares habla en esta charla.
—¿Qué propuestas había en discusión en Guernica?
—Las negociaciones fueron muy largas, muy ásperas también. Cuando empezamos la última, ya con la fecha de desalojo para entre el 15 y 30 de octubre, había dos propuestas, incompatibles. La gobernación decía “salgan todos de ahí, los censamos, les atendemos las necesidades básicas durante seis, siete meses, y vemos si les podemos dar tierras en otro lado”. Eso era rechazado de plano por los delegados y las organizaciones sociales, que decían que el acuerdo debía ser de tierra por tierra: “saco la pata de acá si la puedo poner en otro lado”. Antes, en las semanas previas, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta venía rechazando todo. El fiscal… para dar una idea, cuando con La Gremial nos hicimos cargo, nos presentamos con la designación y en la fiscalía nos dijeron “para qué, si ya tenemos hasta las ambulancias para llevar a los heridos que se resistan al operativo”. Porque en esta causa ya habían actuado otros abogados, nosotros la tomamos como pasa siempre con estos casos: nos hicimos cargo un viernes y el desalojo estaba previsto para el lunes. Eso fue hace cuatro meses.
—Hubo varias instancias de negociación desde entonces, ¿no?
—Varias, pero sin avances. La más importante, la más simbólica, fue cuando nos sentamos con la intendenta del PJ, Blanca Cantero. Esa mesa se hizo con el Gobierno nacional. Nosotros tenemos buena relación con algunos funcionarios, que se acercaron para ver qué podían destrabar. Vinieron el segundo de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, Gabriel Fucks, y Emilio Pérsico, del Ministerio de Desarrollo Social. En esa reunión lo primero que nos dijo Cantero fue: “el principal interés mío son los 18 countries que rodean el predio, la gente que está ahí que se embrome, si fueron es porque son delincuentes”. Dijimos “tienen chicos”; dijo “no los hubieran llevado”. Y además nos dijo: “yo cuando llegué saqué a los fiscales y a los jueces que eran de la administración anterior y puse a los míos”. Esto no lo planteó en una mesa de café, lo dijo delante de 40 personas. En esas condiciones empezamos a pelear.
—Y en esta última negociación, entonces, estaban esas dos posturas. ¿Qué pasó después?
—No había acuerdo. La Gremial llevó una última propuesta, que bautizamos el Plan Palestina o el Plan Refugiados. Lo que propusimos fue que la Provincia buscara un predio, un lugar provisorio. “Llevemos allí a la gente para que esté en condiciones habitables. Pongámosle carpas, de los Cascos Blancos o del Ejército, pongamos baños químicos, usemos los camiones cocina del Ejército y así podemos estar esos seis o siete meses de espera”. Esa propuesta le interesó al Gobierno y le interesó a las organizaciones sociales. Y empezó a limarse, a limarse, coma va, coma viene. Nosotros, en esta etapa, ya no teníamos una función de representantes sino de mediadores. Nos quisimos retirar pero tanto el Cuervo (Andrés Larroque) como los delegados y las organizaciones sociales y partidos de izquierda nos dijeron que no, nos pidieron que nos quedáramos. La gobernación ofreció 15 hectáreas, le pidieron 100, dijo que 40, finalmente se había acordado usar unas 60 hectáreas y así seguimos, hasta la última coma.
—¿Ese predio se iba a instalar dentro del mismo municipio?
—Cerca de la ocupación.
—¿Cuándo se acordó?
—El miércoles a la tarde. El jueves fue la represión, pero el miércoles estábamos listos para firmar.
—¿Y por qué no se firmó?
—Se necesitaban dos días para sacar a la gente. De los cuatro barrios, el primero que aprobó irse fue el barrio La Unión, el martes. El miércoles votaron los otros tres, y sólo uno votó quedarse. O sea, de cuatro barrios, tres habían aceptado salir. Claro que no pasó como lo estoy contando ahora, sino con altas asperezas, porque las ocho organizaciones que participaron son duras, y están peleadas entre ellas, enfrentadas en un montón de cuestiones. Pero un solo barrio votó quedarse. Sólo faltaba llevar al lugar a la gente que había votado irse. Arreglando cada coma, cada punto, se determinó que necesitamos dos días para el traslado.
—¿Cuántas familias hubieran quedado fuera del preacuerdo?
—Unas cien familias, tal vez ciento cincuenta.
—¿Y cuántas dentro del acuerdo?
—Las familias que habían quedado en total eran unas 1300. Unas 600 o 700 se habían ido, aceptando los ofrecimientos que les había hecho el gobierno de la provincia.
—Entonces llegaron al punto de firmar un preacuerdo.
—Sí, ahí (Sergio) Berni le pide formalmente al fiscal una postergación hasta el día 2, hasta el lunes. Y el fiscal lo rechaza. La Gremial habla con el fiscal, y el fiscal dice “yo mañana entro y reprimo. No les doy ningún día, no se los concedo”. Es más, le dijo a nuestra compañera Rosario Fernández, que es la que se puso al hombro todo el proceso, todas las conversaciones: “mire doctora, saque a los buenos porque yo mañana entro sí o sí”. En esas condiciones, el ministro (de Desarrollo de la Comunidad Andrés) Larroque nos dice “yo no firmo”. “Yo no firmo porque yo no garantizo que aún firmando venga la represión”. Conclusión: el miércoles a la noche, cuando todos en La Gremial esperábamos brindar por el acuerdo, tuvimos que armar las guardias para defender a los que cayeran en la represión. Así fue la historia. Es decir, el gobierno no quiso firmar, por las razones que tuviera, buenas, malas, valederas, pero no quiso firmar. Y al no firmar el gobierno, no pudimos presentar el acuerdo y a las 5 de la mañana entró Berni con las tropas.
—¿Quién cree que tiró por la borda la negociación?
—La fiscalía y el juez, que responden a la intendenta, Blanca Cantero. En realidad son esos 12 o 13 intendentes el PJ, de la ortodoxia peronista, que tienen un poder propio y no quieren moverse un centímetro de la caja que detentan. Son tipos que manejan por lo menos cuatro millones de votos en la provincia de Buenos Aires, que ungen un gobernador, un presidente y hacen valer ese poder. Blanca Cantero es parte de ese poder, su marido (Carlos Acuña) es uno de los capangas de la CGT, que ni bien entró la gente a la toma les mandó bandas a tirotearlos. Es decir la responsabilidad principal fue de la justicia que responde a la intendenta, como ella misma nos lo reconoció; en segundo lugar el gobierno: su indecisión, la falta de autoridad del gobierno de la Provincia, que podría haber dicho “firmo igual”. Porque estábamos pidiendo dos días, no estábamos pidiendo dos meses o dos semanas. Si nos hubieran concedido ese tiempo, el lunes se entregaba el predio vacío. O por lo menos con un solo barrio.
—¿Es cierto que se llegó a redactar un acta?
—Se llegó a redactar el acta, punto por punto y coma por coma y todos estábamos de acuerdo.
—¿Quién la redactó?
—La Gremial de Abogados, a partir de los puntos que las partes iban proponiendo. Concretamente nuestra compañera Rosario Fernández.
—¿Esa acta había sido vista por la gobernación?
—No sé si por la gobernación. Por los ministros seguro. Porque hay que reconocerle tanto al ministerio de Desarrollo de la Comunidad, (Andrés) Larroque, como a los otros ministerios que nunca dejaron de sentarse a la mesa. Estuvieron en el campo siempre. Días y días, sábados y domingos, con sol y con lluvia.
—¿Hasta qué hora negociaron el miércoles?
—Hasta la tarde. Hasta las tres o las cinco de la tarde.
—¿Por qué las familias que habían aceptado el acuerdo no podían dejar el predio el mismo miércoles? ¿Por qué pidieron dos días más?
—Estábamos de acuerdo en que se necesitaban dos o tres días porque había que ir con camiones, trasladar a la gente… no se podía hacer en el momento. Al acuerdo se arribó el miércoles a la tarde. Había que usar el jueves, viernes y eventualmente el sábado. Además, cuando se aprobó, el ministerio ya no estaba dispuesto a firmarlo.
—También hubo diferencias internas entre las organizaciones sociales, ¿en qué consistieron?
—Si uno repasa quienes estaban se puede dar cuenta. Ahí estaba el PO en sus dos fracciones: el PO Oficial y el PO Tendencia; El Frente Darío Santillán Corriente Nacional, el FOL, la OLP Resistir y Vencer, la Víctor Choque, Fogoneros, Barrios de Pie. Ya con nombrarlos uno puede imaginarse las diferencias. Con respecto a Guernica, había sectores más amplios y otros más ásperos, más proclives y menos proclives a los acuerdos.
—Se instaló en los medios la idea de que no quedaba prácticamente nadie en el predio.
—Había mil y pico de familias todavía. Sólo con ver las imágenes fotográficas y televisivas queda desmentido.
—¿Qué lectura hace del desalojo?
—Lo vivimos como fracaso propio. Porque nosotros tuvimos un gran éxito jurídico, en La Gremial somos buenos abogados, perdón por la pedantería pero es así. Tuvimos éxito en frenar el desalojo y estirarlo, pero no en que acuerden las partes… La responsabilidad principal es de la gobernación, porque es el Estado. Por más críticas que uno le pueda hacer a las organizaciones… ahora veo los comunicados de la gobernación… no estoy de acuerdo con echarles la culpa. Las organizaciones pueden tener la peor responsabilidad que se les atribuya, pero el Estado es el Estado. El Estado tuvo la posibilidad en sus manos de resolverlo, por mucho tiempo, pero se enredó en sus propias contradicciones. Y hay grandes intereses inmobiliarios que tienen un contubernio, un arreglo económico, con gobernaciones en algunos casos y con intendentes en otros, que son los que impulsan estas medidas. Estamos hablando de que estos terrenos en Guernica estaban desocupados hace 60 años. No tienen formalmente dueños. Los que reclaman no tienen escrituras ni un informe registral. Básicamente, son las grandes inmobiliarias que estaban planeando infraestructura para los countries. Lo que pasó fue un símbolo, porque no está sólo Guernica. Hay decenas y decenas de casos en todo el país. Somos un país donde sobran tierras y faltan lotes y techo para nuestra gente. Creer que se puede parar con represión fue una enorme equivocación.
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