El miércoles 10 de marzo se declaró Estado de Desastre Ígneo en la provincia de Chubut, debido a una serie de focos de incendio que se desataron en la zona de la cordillera, al noroeste de la provincia. Luego de un año 2020 con más de 1 millón de hectáreas afectadas en todo el país, y un 2021 con 40 mil hectáreas incendiadas en los primeros dos meses del año, esta semana nos trajo una situación particularmente grave en el bosque andino patagónico.
Si bien los incendios en los bosques de la Patagonia vienen preocupándonos desde comienzos de febrero, con los focos ígneos que surgieron en torno a El Bolsón, provincia de Río Negro, esta semana estalló la alarma por la situación de Chubut, que tiene tres agravantes: la intencionalidad, la ubicación de los incendios y la tensión política que atraviesa la provincia. Por la gravedad de lo sucedido, las duras imágenes se volvieron virales y se lanzaron varias campañas solidarias para ayudar a las y los afectados. Es importante comprender en profundidad el trasfondo de estos eventos para que no sigan ocurriendo.
Incendios en áreas residenciales
Al día de hoy, se incendiaron más de 200 viviendas y miles de hectáreas de bosque. Hay al menos 200 familias evacuadas, 11 personas se encuentran desaparecidas y la policía de la provincia ya confirmó el fallecimiento de una persona. En este momento, gracias a la lluvia y el trabajo de los brigadistas de las provincias de Chubut y Río Negro y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) -que además aportó aviones hidrantes y helicópteros-, la mayoría de los focos se encuentran contenidos. Aún así, esta tragedia es el reflejo de un proceso que está ocurriendo a mayor escala: en toda la provincia, el país y la región, los abusos de poder sobre la naturaleza y el territorio son la regla, no la excepción. No hay garantías de que esto no siga sucediendo, sobre todo en un contexto de cambio climático.
La intencionalidad de los incendios y la falta de prevención
Los bomberos y brigadistas afirman que los focos iniciaron intencionalmente. Lo cierto es que el fuego comenzó en 7 localidades en simultáneo, en un lapso de 3 horas. Difícilmente haya otra explicación para semejante acontecimiento que no sea un incendio ocasionado adrede. En respuesta a esto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó una denuncia penal para que se investigue quiénes fueron los autores de esta ‘intencionalidad tan manifiesta’, en sus propias palabras.
En el último año, en Argentina, nos acostumbramos a ver noticias de incendios intencionales, provocados con el objetivo de cambiar el uso del suelo de áreas de valor de conservación para ser explotadas con fines productivos. A pesar de la repercusión de los incendios del año 2020, el SNMF continúa desfinanciado, no se han hecho efectivos los sistemas de alerta temprana, y las tareas de prevención de incendios en la provincia no fueron realizadas.
Según un informe de FARN, se destinó al SNMF un 0,003% del presupuesto nacional del año 2021, valor que descendió de un 0,01% en 2017. Sin dudas es mayor el costo de reparar los daños materiales ocasionados por los incendios que tomar las medidas de prevención adecuadas, sin mencionar los daños a la salud y a los ecosistemas, muchas veces irreversibles. Por ejemplo, según el mismo informe, el costo de la reparación de los incendios de 2020 varía entre 1.100 y 3.700 millones de dólares por año.
La acumulación de material combustible en plantaciones de pino abandonadas y la falta de cortafuegos efectivos permiten que los incendios se propaguen más y más rápido, y alcancen las zonas residenciales. Ignorando el principio precautorio, la gestión del Estado en materia de prevención de incendios fue muy mala, y la previsión de los efectos del cambio climático en las políticas públicas sigue siendo prácticamente inexistente.
En la política hay que empezar a hablar de cambio climático
El cambio climático implica que los eventos extremos aumenten en intensidad y frecuencia. La sequía, la escasez de agua, los vientos fuertes y las temperaturas extremas facilitan la propagación del fuego. En lugar de excusarse en que los incendios suceden porque las condiciones climáticas eran atípicas, debe comprenderse que esto seguirá sucediendo. Estos factores deben ser tenidos en cuenta en el financiamiento de los servicios de manejo del fuego y en la planificación de las medidas de prevención, así como en la elaboración de las políticas de Estado debe instalarse, de una vez por todas, la agenda climática.
Incendios en un contexto de lucha por el agua
El pueblo de Chubut vive, hace varios años, en un escenario de tensión política constante. Para empezar, los brigadistas del SPMF cobran sueldos desactualizados y en forma escalonada hace más de un año, así como los docentes, el personal de salud y otros trabajadores del Estado provincial. El ajuste llevado a cabo por el gobierno de Mariano Arcioni se ve agravado por las repetidas declaraciones del mandatario diciendo que la crisis económica de la provincia sólo se puede solucionar permitiendo la megaminería.
Haciendo oídos sordos a la opinión del pueblo y los expertos, el gobierno provincial -incentivado por las empresas transnacionales de minería metalífera como Panamerican Silver y Yamana Gold- ha intentado reiteradas veces aprobar una ley de zonificación para permitir la minería a cielo abierto, que hoy se encuentra prohibida gracias a la ley provincial 5001, que fue votada por un plebiscito popular en 2003 con el apoyo del 83% de la población. Desde entonces, en Chubut, el pueblo marcha los días 4 de cada mes por el agua y la soberanía sobre sus recursos, lo cual se convirtió en la manifestación más prolongada por un tema ambiental en la historia del país.
Además de las asambleas de comunidades en Chubut, diferentes instituciones se han manifestado en contra del proyecto de zonificación. Universidades como UNP y UTN, sociedades médicas como la SAP, instituciones científicas como CENPAT e IGEHCS, afirman que la aprobación de este proyecto de ley implica grandes riesgos para la salud de la población y el ambiente, y pocos o ningún beneficio sobre la calidad de vida.
Con amplio rechazo popular y científico, el lobby minero ha hecho una campaña por demás irregular para instalarse en el territorio. Entre falsificaciones de documentos públicos, denuncias por corrupción, videos de legisladores aceptando coimas, un duro bloqueo mediático, detenciones arbitrarias dirigidas hacia dirigentes ambientalistas y la criminalización y represión de las manifestaciones, el gobierno de la provincia se ha ganado la desconfianza del pueblo.
El gobierno nacional, por su parte, tampoco ha respondido a los reclamos de los habitantes de estas tierras, donde se quiere instalar la megaminería. Al contrario, ha manifestado reiteradas veces su apoyo a esta actividad. Nunca se aclaró cómo se supone que se realice de forma justa y sostenible, con un código minero colonialista, con un límite del 3% de regalías, con la explotación en manos de empresas que coleccionan denuncias por contaminar ríos y devastar tierras de forma permanente, con toda la regulación a su favor, una actividad que se regula a sí misma, se audita a sí misma, y no ha presentado ninguna evidencia de mejorar los índices de calidad de vida en las zonas donde opera.
En este contexto político, los incendios en Chubut comenzaron 5 días después del último intento por aprobar el proyecto de zonificación minera, en la primera sesión del año de la Legislatura provincial. Mientras el bosque se incendiaba, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el secretario de minería Alberto Hensel presentaron en la conferencia minera más grande del mundo (PDAC) los proyectos que se planean instalar en la meseta de Chubut. Finalmente, el próximo martes, con todos los ojos apuntando a los incendios, el gobierno de Chubut pretende volver a intentar aprobar su proyecto de ley.
Ante esta situación, las asambleas populares de Chubut sospechan que los incendios pueden ser una distracción para impulsar, luego de 18 años de resistencia, la instalación de la minería metalífera hidrotóxica en el territorio. Considerando la lucha asimétrica que se da en la provincia hace tanto tiempo, aun siendo ilegal la actividad, la aprobación de esta ley sería un punto de no retorno para la población chubutense.
Si bien es muy pronto para saber qué motivó la provocación de los incendios, todo indica que fueron intencionales. Se especula que puede haber sido para avanzar con un emprendimiento inmobiliario, una explotación forestal o agropecuaria, o la exploración de la minería metalífera. Independientemente de cuál sea la respuesta, no hay que perder de vista el contexto que permite que esto suceda. La desidia estatal, el desconocimiento de los funcionarios en materia ambiental, la corrupción y la falta de planificación estratégica seria y transparente son los principales obstáculos para prevenir efectivamente estas injusticias, y, en última instancia, estas tragedias, en un contexto de crisis climática y ecológica.
