“Trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. (Convenio de la OIT, 1930)
La semana pasada, a partir de una denuncia realizada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), 17 personas fueron rescatadas en Santiago del Estero en el marco de una causa judicial por trata y explotación laboral. El procedimiento fue llevado a cabo en una finca de 13 mil hectáreas con plantaciones de soja, maíz, sorgo y actividades de ganadería. En el allanamiento se constató que los trabajadores, de las cuales 8 eran menores de edad, estaban sometidos a extensas jornadas de trabajo de más de doce horas, con bajos salarios, falta de condiciones básicas de higiene y seguridad y en un entorno completamente degradante.
Casos como éstos abundan y mucho. Durante la primera semana de febrero, a partir de denuncias realizadas por organizaciones sociales y operativos de rutina realizados por el Renatre con delegados regionales del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, 132 víctimas fueron rescatadas en las provincias de Rio Negro, La Rioja, Corrientes y Santa Fe, en el cultivo de cebollas, aceitunas, lechuga y en la extracción de resina. Según informó el Comité, en todos los casos se halló un denominador común: extensas jornadas laborales, salarios por debajo de lo que indica el convenio agrario y condiciones de hábitat completamente denigrantes. Allí intervino la Procuraduría PROTEX, organismo encargado de iniciar las causas judiciales y de activar los mecanismos para proteger y asistir a las víctimas.
El Comité Ejecutivo (línea telefónica 145), dependiente de Jefatura de Gabinete y dirigido por Gustavo Vera, señaló que durante 2020 fueron rescatadas 933 personas. El 69% fueron víctimas de explotación laboral (644 personas) y la mayoría de esos casos, casi el 90%, fue en la actividad agropecuaria. Asimismo el Comité calcula que en el campo argentino se emplea aproximadamente a 750 mil trabajadores y trabajadoras, de los cuales sólo 250 mil están registrados.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los últimos años Argentina tomó medidas significativas para erradicar el trabajo esclavo. La sanción de la ley 26.842 en 2012, durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner, y la creación del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas son ejemplo de ello. Además Argentina es uno de los 25 países que ratificaron el protocolo de 2014 relativo al Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso y fue el segundo en hacerlo en el continente americano, después de Panamá. Sin embargo, la explotación laboral en la actividad agropecuaria continúa siendo una realidad difícil de transformar en pleno siglo XXI.
El sindicalismo rural: ¿renovación o más de lo mismo?
José Voytenco, nuevo secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), declaró hace unos días que el RENATRE debía volver a ser administrado por el Estado y los trabajadores, sin intervención de las patronales agrarias, con el objetivo de “ponerle fin a la vergüenza del trabajo no registrado, la trata de personas y el trabajo infantil en el sector agropecuario”. El gremio propone reemplazar a los cuatro representantes empresarios dentro del organismo por cuatro referentes obreros, a través de la modificación de la ley 25.191.
El chaqueño Voytenco asumió la conducción de UATRE a fines del año pasado luego de la muerte de Ramón Ayala por coronavirus. Ayala era mano derecha de Gerónimo “Momo” Venegas y fue quien lo sucedió luego de su fallecimiento en junio de 2017. Al igual que Venegas, Ayala apoyó al gobierno de Cambiemos e incluso fue uno de sus aportantes de campaña, con la suma de 25 mil pesos. La UATRE se caracterizó en los últimos años por ser el sindicato perfecto para las patronales agrarias, avalando e invisibilizando los casos de abuso y explotación laboral.
No obstante, ahora el nuevo secretariado general encabezado por Voytenco pareciera encaminar la organización sindical por un rumbo diferente al que transitaron sus antecesores. El dirigente manifestó públicamente su apoyo al gobierno del Frente de Todos. Incluso recibió la venia del presidente Alberto Fernández en una reunión que mantuvieron en el despacho presidencial a mediados de enero, en el marco del lockout patronal de 72 horas que había dispuesto la Mesa de Enlace. El nuevo conductor del gremio también recibió el apoyo del secretario general de la CGT Héctor Daer y de los dirigentes camioneros Hugo y Pablo Moyano.
Corren días convulsionados en el sindicalismo rural. Voytenco busca tejer alianzas con diferentes actores políticos y sindicales en pos de ejercer el control de la obra social de las y los trabajadores rurales (OSPRERA), que por estas horas mantiene en disputa con el diputado nacional Pablo Ansaloni, expulsado recientemente del sindicato por sus declaraciones antisemitas en una conferencia por Zoom. Además, el diputado fue denunciado penalmente por el desvío de 10.5 millones de pesos durante su gestión en la obra social.
Con el acercamiento al gobierno nacional y las críticas lanzadas hacia la Mesa de Enlace, la nueva conducción de UATRE parece encaminarse por un nuevo rumbo político y abre una grieta impensada años atrás en la actividad agraria. El Grito del Sur se comunicó con Jorge Pirotta, miembro de UATRE y mano derecha de Voytenco, quien se refirió a la problemática del trabajo no registrado: “Hay muchos empresarios que argumentan que si registran a sus trabajadores pierden rentabilidad, pero hay empresas agropecuarias nacionales con cientos de personas contratadas, con cientos de emprendimientos y que son exitosas. En esos casos los empresarios ganan dinero y los trabajadores cobran su salario de convenio y tienen aportes jubilatorios. «Entonces, si hay empleadores que cumplen con las leyes, con sus responsabilidades y les va bien, no existe ningún argumento para que otras empresas continúen con el empleo no registrado”, sentenció.
Pero UATRE no es el único sindicato en la actividad. Debido al lugar pro patronal en que se posicionó la organización durante décadas, varios dirigentes de distintas provincias decidieron construir organizaciones por fuera de la estructura tradicional y vincularse con otros sectores. Tal es el caso de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FeTAAP), nucleada en la CTA y que agrupa a cinco gremios de la región de Cuyo, Salta, Misiones y provincia de Buenos Aires. Ernesto Ojeda, secretario general de la FeTAAP, se mostró crítico y señaló a este medio que “en los últimos treinta años se vieron salir de nuestro país miles y miles de barcos exportando granos para todo el mundo, pero lo único que no se vio en todo este tiempo fue a los dirigentes sindicales reclamando leyes que mejoraran nuestras condiciones de vida”. Y agregó: “No se vio una mejora de los convenios colectivos, ni acceso a las capacitaciones, a la salud y a la educación”.
La connivencia entre la dirigencia sindical del fallecido Gerónimo Venegas y las empresas agroexportadoras por casi treinta años fue un factor fundamental en el aumento de los índices de la informalidad laboral. Esa complicidad se evidenció cuando estalló el conflicto por la Resolución 125. “Cuando en 2008 se visibilizó que todas las patronales rurales no querían aportar ni una moneda al Estado, a pesar del precio de exportación que tenía la soja, y se convirtieron en los ´piqueteros de la riqueza´, la UATRE fomentaba los asados de los patrones para organizar los cortes de ruta”, disparó Ojeda, quien desde la provincia de Salta decidió construir un nuevo sindicalismo rural y enrolarse en la CTA.
Refiriéndose a la problemática del trabajo no registrado, el dirigente de la FeTAAP recordó que “a partir del gobierno de Cristina Kirchner el Estado empezó a regular semejante asimetría e injusticia” y dijo que “el Ministerio de Trabajo en ese momento empezó a hacer inspecciones y detectó miles de hectáreas con trabajo infantil y trata de personas. Todo eso pasaba frente a la vista de la Uatre y del Renatre”. Además le apuntó a las federaciones agrarias enroladas en la Mesa de Enlace: “Las cámaras patronales son especialistas en evasión y contrabando, y además son especialistas en sacarle al Estado recursos que debieran destinarse a los trabajadores”, disparó Ojeda.
El RENATRE, un organismo en disputa
El Renatre fue creado por la Ley 25.191 en diciembre de 1999. Es un organismo autárquico que se financia con aportes realizados por los trabajadores/as y contribuciones de los empleadores rurales. Su principal misión es mejorar las condiciones de empleo en el sector agropecuario y para ello sus administradores (las propias patronales y los representantes sindicales) poseen libre disponibilidad de los fondos recibidos. Lo que hizo el Estado Nacional en aquel momento fue delegar su facultad de mediador en las relaciones laborales hacia un ente administrado entre las federaciones agrarias (CONINAGRO, CRA, FAA y SRA) y la UATRE.
Luego del conflicto por la Resolución 125 que mantuvo enfrentados al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el empresariado agroexportador, en el cual la UATRE jugó a favor de las patronales, el Gobierno impulsó leyes importantes que movieron el avispero en el sector agro. En 2011 se promulgó la Ley 26.727 de Contrato de Trabajo Agrario (el nuevo Estatuto del Peón Rural), en reemplazo de una ley vigente hasta ese momento que venía de la última dictadura cívico-militar. A partir de la nueva norma el organismo pasó a llamarse RENATEA y quedó bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, manteniendo su misión originaria: fiscalizar situaciones de explotación laboral en la actividad agropecuaria, denunciarlas ante la Justicia y reducir los márgenes de trabajo no registrado. El Estado volvía a recuperar su rol de regulador y mediador entre las cámaras empresarias del agro y sus trabajadores.
Entre los años 2013 y 2014 fueron rescatadas 746 víctimas de trata en el sector rural. Sin embargo, en su primer año de gestión el gobierno de Macri disolvió el organismo a través del Decreto 1014/16. Volvió a llamarse RENATRE y quedó por fuera de la órbita del Ministerio de Trabajo. Así, las funciones de fiscalización para registrar el trabajo en el sector agrario pasaron nuevamente a manos de las patronales, en connivencia con la UATRE de Venegas. Según datos oficiales, entre 2016 y 2018 la informalidad laboral en el campo ascendió al 44%.
