Con sensaciones encontradas, se inaugura mañana el juicio oral por los secuestros y las torturas cometidas por la Fuerza Aérea en el ex centro clandestino Virrey Cevallos. El proceso judicial recae sobre dos ex integrantes de la estructura de la RIBA y el ex Brigadier Graffigna, pero quedaron afuera más de 20 represores identificados. Primer paso para echar luz sobre uno de los capítulos más postergados de la represión durante la última dictadura.

A tres de los represores de la Fuerza Aérea que participaron de secuestros y torturas en el ex centro clandestino Virrey Cevallos les llegó la hora del juicio oral. La paciente y tenaz reconstrucción que sobrevivientes y familiares de las víctimas realizaron durante dos décadas sobre los delitos de Lesa Humanidad cometidos entre 1977 y 1978 en esa oscura casona del barrio de Montserrat tendrá este martes su corolario con el puntapié inicial de las audiencias públicas, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. El ex jefe de la Fuerza Aérea y ex miembro de la Junta Militar entre 1979 y 1981, Omar Domingo Rubens Graffigna, encabeza la lista de procesados, que se completa con el titular de la Jefatura II Inteligencia, Jorge Alberto Espina, y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde. Los Monteverde formaron parte de la estructura de inteligencia a cargo de Espina y fueron señalados en los testimonios incorporados a la causa como partícipes de los secuestros y las torturas, de los que también fueron responsables otros 23 civiles y militares identificados pero que permanecen impunes. Por esa razón, los querellantes, sobrevivientes y familiares -muchos de los cuales trabajan ahora en la conservación de la casona, recuperada como Espacio para la Memoria- apuestan a que el juicio que se inicia mañana sea el primero, pero no el único. Una segunda etapa, esperan, tendrá como acusado al propio Espina, que estuvo prófugo hasta el mes pasado.

“Tuvimos que esperar mucho tiempo para que este pequeño centro clandestino de detención enclavado en plena ciudad de Buenos Aires atrajera los ojos de la Justicia, que como estaba sobrepasada por la cantidad de procesos, tardó mucho en acceder a las medidas de prueba que nosotros le pedíamos”, le dijo a El Grito del Sur la periodista Miriam Lewin, una de las querellantes. Lewin estuvo secuestrada en Virrey Cevallos diez meses antes de pasar otros cuatro años de tormento en la ESMA. Durante su secuestro en la casona logró verle la cara a casi todos sus captores. Peleó durante años junto a Osvaldo López, otro de los sobrevivientes y querellantes, para poder acceder al legajo con las fichas de los integrantes de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), que operaba en el lugar, para señalarlos con nombre y apellido. A través de las gestiones de Pablo Llonto -abogado de la querella- logró hacerlo y la causa tomó el cuerpo necesario para avanzar en los procesamientos.

“Si bien estoy conforme, tengo un gusto amargo porque hay mucha gente que está quedando impune”, explica Miriam Lewin. Foto: Andrés Wittib.

Tanto para Lewin como para el resto de la querella, la elevación a juicio tiene un sabor agridulce. Graffigna, de 92 años, goza de prisión domiciliaria y acusa problemas de salud para evitar hacerse presente en el juicio. Además, habrá que seguir esperando para que varios de los miembros de la RIBA identificados sean llevados al estrado. “Ahora puedo decir que me siento bien, pero también tengo una gran frustración porque todo el resto de los represores que operaron allí, todo el resto de la gente que secuestraba y torturaba en el ese lugar, está libre. De manera que si bien estoy conforme, tengo un gusto amargo porque hay mucha gente que está quedando impune”, explica Lewin.

“Estoy disconforme con la causa”, afirma López, hoy coordinador del Centro para la Memoria, “porque considero que también hay elementos para procesar a los civiles y militares identificados”. López logró fugarse de la ex casona y fue uno de los testigos clave para dar con ella y más tarde recuperarla como prueba y retaguardia de la memoria. “Cuatro años esperamos este juicio, además de los 25 de impunidad, para tener apenas dos agentes civiles procesados, cuando tenemos los nombres de 26 represores”, reclama. “La justicia para mi no sólo es lenta, sino que es arbitraria. De todas maneras, espero que se continúe el proceso para el enjuiciamiento del resto”, explica.

Según la estimación de los sobrevivientes, pasaron por el lugar entre 200 y 300 personas. Sin embargo, Espina y los Monteverde fueron procesados por la privación ilegal de la libertad agravada y la tortura de 9 víctimas. Esa brecha judicial tiene su raíz en el manto de impunidad, descripto por Lewin y López, del que gozó durante años la estructura que funcionó en la casona: hay un sinnúmero de secuestrados todavía sin identificar. El tiempo también conspiró: muchos de quienes hubieran tenido la posibilidad en el juicio que empieza mañana de dar testimonio frente a sus verdugos fallecieron recientemente.

Buena parte de los secuestrados, según el expediente, fueron objeto de las tareas de inteligencia de la Fuerza Aérea, que por entonces “investigaba” los “atentados” cometidos contra los altos mandos de la dictadura. Todos los delitos cometidos dentro de la casona donde funcionó el centro clandestino de detención estuvieron coordinados por la Jefatura II Inteligencia, dependiente del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, que estuvo a cargo de Graffigna.

Los cimientos del horror

El Brigadier Graffigna, por su parte, “en su calidad de Jefe a cargo del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, tuvo un rol central en la cadena de mandos a través de la cual se transmitieron las órdenes que culminaron en la comisión de los hechos por los cuales se le recibiera declaración indagatoria”, dice el procesamiento. Graffigna ya fue condenado a 25 años de prisión como responsable del secuestro y las torturas cometidas contra los militantes montoneros Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Perez Rojo, desaparecidos desde 1978. En el mismo fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín, fue condenado el ex jefe de la RIBA, Luis Tomás Trillo.

No sólo resta procesar y llevar a juicio al total de los 26 represores identificados. El juicio, se espera, podrá ser una posibilidad para dar con la responsabilidad del sector civil que prestó apoyo. Los hermanos Leonardo  y Roberto Río fueron los propietarios de la Casona hasta 2004, por lo que también son objeto de la investigación. Según el testimonio que ya brindó en el marco de la causa, Roberto Río alquiló el lugar para “oficinas” pero se ocupó en aclarar que “nunca me constituí en el lugar a fin de verificar el uso que efectivamente le dieron al lugar”. Lo llamativo es que otra propiedad que funcionó como centro de detención clandestino a cargo de la Fuerza Aérea, en la calle Franklin del barrio de Caballito, también figura a su nombre.