Cinco personas en una habitación, viviendas sin agua potable o sin servicios básicos, hacinamiento y conflictos habitacionales. La llegada del aislamiento social obligatorio y la consecuente reclusión en los hogares trajo más que nunca la discusión acerca del acceso a la vivienda digna y el rol del Estado en la materia. Decano de Arquitectura en la Universidad de Avellaneda, exdecano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, arquitecto, docente e investigador, Jaime Sorín analiza el impacto de la pandemia en términos de hábitat, propone políticas públicas y enfatiza en la necesidad de gravar la vivienda ociosa en un diálogo profundo con El Grito del Sur.
La pandemia y el aislamiento social vuelven a poner en el centro de la escena el acceso a la vivienda como Derecho Humano.
Argentina tiene un problema de vivienda serio. Se ha construido bastante (no en estos últimos años de macrismo pero sí en los anteriores 10 o 12) y se impulsaron soluciones habitacionales que implicaban no sólo viviendas nuevas sino ampliaciones, créditos o refacciones, que permitieron reducir un poco el problema de la vivienda. Que, para mí, ya no es un problema sino una penuria, y realmente en este momento se nota mucho más. Lo que estamos viendo en plena pandemia es la aparición de todos los problemas que se generan a partir de que los sectores más necesitados carecen de vivienda adecuada. A nivel de vivienda tenemos dos problemas: por un lado, un problema territorial, muchas viviendas asentadas en lugares que no estarían habilitados para una vivienda adecuada. Y, por otro lado, una concentración demasiado grande de viviendas en un espacio demasiado chico, terrritorialmente hablando: tenemos más de 4.000 asentamientos, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Y esta pandemia nos muestra que se puede tener una vivienda digna -en el sentido de que no se llueve, tiene agua y tiene servicios- pero hay un problema que nos habíamos olvidado y que no entra en los planes de vivienda en general: el del hacinamiento.
¿Qué sucede con el hacinamiento en términos del impacto sobre los habitantes?
Cuando todo está normal, entre comillas, el hacinamiento crea problemas en la convivencia, en la salud mental. Pero en estadíos como el actual, la convivencia con el hacinamiento llega a situaciones insoportables. Nosotros tenemos muchas viviendas en las que conviven dos hogares, lo que sucede generalmente si no se pueden independizar los hijos. La Ciudad de Buenos Aires tiene un promedio altísimo de hacinamiento que, por supuesto, es mucho más evidente en la zona sur, donde puede llegar hasta un 20%, pero también existe en las zonas centrales. Y se acrecienta en el momento en que se hace imposible acceder a una vivienda nueva, en que los jóvenes no se pueden independizar y tienen familia. Es algo que hay que empezar a tener en cuenta en los planes de vivienda. ¿Cómo hacer cuando existe hacinamiento para generar el crecimiento de una vivienda?
Al mismo tiempo, el hacinamiento convive con una importantísima cantidad de viviendas ociosas.
Éste es un tema que, independientemente de la pandemia, hay que tratarlo. La vivienda tiene que ser un bien de uso, no un bien de cambio. Cuando hay esa cantidad de viviendas desocupadas es porque la vivienda se transforma en una caja fuerte, un lugar donde se guarda dinero, una mercancía. Pero la vivienda es uno de los elementos más vitales de la vida, lo dice el Papa Francisco. Hay que actuar sobre eso, empezar a pensar en un impuesto específico para aquellos que utilizan la vivienda como resguardo de valor. No podemos pensar una redistribución, esas viviendas podrían salir al mercado pero en general son de uno o dos ambientes. En la CABA necesitamos más que eso, no vamos a volver a generar hacinamiento en viviendas chicas. Hubo momentos de nuestra historia donde la vivienda tuvo su valor social: vos podés tener lo que quieras, pero la sociedad también tiene derecho a ponerte un impuesto que permita que haya un fondo específico que se dedique a desarrollar la política de vivienda del Estado. A esto se le suma que el Estado no construye, en los últimos 4 años ha abandonado este tema y así tenemos el problema de los créditos UVA. En otros lugares el Estado actúa sobre la construcción privada: en Brasil, Colombia, España y Alemania, el Estado es propietario de una cantidad de las viviendas que se construyen. Un porcentaje de lo que construís tiene que quedar en manos del Estado.
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¿Qué discusiones se abren sobre la posibilidad de pensar un acceso colectivo a la vivienda?
Nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos la Ley 341 de autogestión y vivienda, que no existe a nivel nacional y que surgió de una fuerte lucha de las organizaciones sociales de La Boca. Esta ley establece que el Estado debe dar créditos específicos para la compra de terrenos y construcción a cooperativas, mutuales o asociaciones civiles. Si se cumpliera, esto permitiría pasar a una etapa como la que tiene Uruguay, donde las propias cooperativas construyen y la propiedad es común. Eso no significa que te puedan echar de la vivienda sino que tienen espacios comunes, como parques y guarderías, y que la vivienda queda en poder de la familia que trabajó, compró y aportó, que la va pagando en la medida de su capacidad. Si la querés vender, podés venderla, pero la cooperativa define a quién. En Argentina habría que habilitar el tema de la propiedad colectiva si queremos avanzar en la solución de la vivienda.
Por último, ¿qué es y qué implica un impuesto a la renta urbana?
Hay una ley que se llama Ley de Plusvalía Urbana y se aplica en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Colombia. Significa que cuando construís en terrenos que te habilita el Estado y luego cambia el código y ese terreno se valoriza, ahí hay un aporte de la sociedad en infraestructura y en valor de la tierra, y el que construye se lo lleva gratis. Lo que debería pensarse es que cuando el Estado vende tierra, debe aplicar un impuesto diferencial a la ganancia que se obtiene sobre esta tierra, ya sea porque se cambió el código y se puede construir más o porque se incorporaron tierras que eran rurales a las ciudades. Cuando el Estado pone mucha infraestructura, el que está aprovechando eso tendría que pagar un diferencial. Una de las cosas que tendrá que estudiar el Gobierno, una vez que se termine esta etapa, es la aplicación de este tipo de impuestos.
