En la sede del sindicato de trabajadoras sexuales en Constitución -más conocida como Casa Roja-, este mediodía se realizó una conferencia de prensa para visibilizar la emergencia habitacional y alimentaria del colectivo travesti-trans. El principal reclamo de AMMAR responde a que en las últimas semanas el Gobierno porteño le negó a 80 travestis y trans el acceso al subsidio habitacional debido, entre otras cosas, a no contar con servicios a su nombre o no estar literalmente en la calle. “Estamos acá para que el Gobierno de la Ciudad nos dé una solución porque somos más de 80 compañeras en riesgo de quedar en la calle. Ellos quieren que estemos durmiendo debajo de un puente, en un hospital o acuchilladas, quieren que lleguemos a los extremos más deplorables del ser humano para darnos una ayuda y esto no puede ser así”, explicó Chocolín Mares Ortíz, una de las coordinadoras de la Casa Roja.
“Fuimos a pedir ayuda al Gobierno y como en toda institución gubernamental se nos burlaron, nos discriminaron y no nos dieron respuesta. Nos quieren en la calle, ya no sabemos qué hacer, queremos trabajar como todas las personas, queremos trabajo digno y que nuestros derechos se hagan valer. Somos seres humanos y merecemos respeto como todos”, agregó Catalina.
Según relevó el sindicato, en el barrio de Constitución hay más de 400 personas travestis y trans que pagan entre 3.000 y 8.000 pesos mensuales de alquiler en los hoteles donde viven, generalmente en condiciones precarias. Debido al aislamiento, muchas no pueden salir a trabajar y ya adeudan dos o más meses de renta quedando expuestas a ser desalojadas. A esto se suma las dificultades para acceder al alimento, lo cual lleva a que más de 200 personas trans se acerquen todas las semanas al comedor de la Casa Roja.
“En la Ciudad de Buenos Aires el derecho habitacional para las personas travestis y trans es una gran problemática. Si bien la Constitución de la Ciudad garantiza el acceso a la vivienda, esto termina siendo ficticio para este colectivo. El problema de más de 80 compañeras es poder acceder al subsidio habitacional, pero lo que esgrimen desde la Subsecretaría de Desarrollo y Hábitat a cargo de Maximiliano Corach es que las personas tienen que estar en situación de calle para recibirlo y, aunque las compañeras estén en inminente riesgo de estarlo, la respuesta sigue siendo nula. Otro motivo que nos dan es que tal vez el programa no es acorde a ellas, pero no existe otro programa que pueda dar este tipo de contención habitacional”, agregó Alejandro Joma, abogado de AMMAR.
“La realidad es urgente, las compañeras atraviesan una situación de emergencia alimentaria y habitacional que no puede esperar a que se reformen los informes, tal cual nos lo piden cada vez que vamos a intentar acceder a un subsidio habitacional. Ellas son rechazadas porque los dueños de los hoteles donde viven tampoco pueden esperar y las terminan exponiendo a situaciones de violencia. Las compañeras viven en condiciones precarias y de hacinamiento, pero pagan entre 600 y 800 pesos por día, lo que las lleva a estar endeudadas y aún más frente a la imposibilidad de trabajar. En los primeros días del mes surgen muchos intentos de desalojos, a pesar de que hay un decreto presidencial que los prohíbe hasta el 30 de septiembre”, explicó la presidenta de AMMAR, Georgina Orellano, quien acompañó la movilización al Ministerio de Desarrollo Social de CABA realizada el día anterior.
«Las personas travestis y trans viven en hoteles precarios con más de 60 personas. Desde la Subsecretaría de Hábitat dicen que el subsidio habitacional no es el plan adecuado para ellas, pero no les dan otro y el Estado porteño tampoco las contempla como parte de los grupos vulnerables. A muchos compañeras les solicitan el estado efectivo de situación de calle y cuando están a días de ser desalojadas. Antes de implementar una medida paliativa pretenden que suceda el hecho para después ser contenidas en el programa, lo cual es una medida totalmente innecesaria», aportó posteriormente a esta medio Joma.
Cabe recordar que hace algunas semanas se desató una polémica luego de que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación diera de baja el casillero de trabajo sexual como opción en el formulario del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ReNaTEP.
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