Hasta la semana 23 desde el inicio de la pandemia, Jujuy había registrado apenas seis casos importados de COVID-19 y ninguna víctima fatal. Sin embargo, a principios de junio esta parsimonia se rompió y comenzó una fuerte escalada de personas contagiadas con una de las tasas de letalidad más altas del país (2,44). Hoy, la provincia norteña acude al desesperado auxilio del Gobierno nacional para evitar el escenario más temido: imágenes similares a las de Bolivia y Ecuador, con cadáveres abandonados en las calles y un sistema de salud colapsado. Esto no es algo menor teniendo en cuenta que Jujuy, actualmente con 4000 casos confirmados y unas 100 muertes, llegó inclusive a presentar un plan para reabrir las escuelas y volver a las clases presenciales. El sueño del gobernador radical Gerardo Morales de mostrar a Jujuy como un territorio libre de coronavirus duró poco y ahora la situación sanitaria es crítica a todas luces.
La corrupción como disparador del fracaso
«Falló la estrategia sanitaria producto de la soberbia y la prepotencia de quienes han estado conduciendo esta situación. Aquí estuvimos 52 días sin casos de circulación comunitaria, pero en los últimos 70 días pasamos de seis o siete casos a 4000», explica a El Grito del Sur Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) en Jujuy. Precisamente, uno de los motivos de tan repentina escalada está relacionado con el accionar directo del Ejecutivo provincial. El pasado 4 de junio, una comitiva del Comité Operativo de Emergencias (COE) -encabezada por el gobernador Morales- visitó La Quiaca, pero algo estaba fuera de los cálculos oficiales: dos integrantes de la fuerza policial habrían cruzado a Bolivia para ingresar hoja de coca de manera ilegal. A partir de allí se desató un número imparable de contagios en la provincia.
Nicolás Fernández señala que «esta cuestión tiene que ver con la negligencia y la corrupción política/policial que está vinculada con el tráfico ilegal de la hoja de coca. Desde ese momento se generalizó un brote de coronavirus en todo Jujuy, que comenzó con las fuerzas de seguridad y luego se extendió al equipo de salud». «Éste fue el hecho determinante por el cual Jujuy tuvo una explosión de casos. El paso de estos oficiales a la ciudad fronteriza de Villazón se produjo justo en el momento en que la hermana República de Bolivia tenía un pico importante de casos. Estos funcionarios privilegiaron la ambición y la codicia personal por sobre la salud colectiva», asegura a este medio Víctor Aramayo, médico pediatra y secretario adjunto de la CTA Autónoma de Jujuy.
Complicidad con los más poderosos
«Existe una ausencia absoluta del gobierno provincial frente a las grandes corporaciones económicas», sostiene el referente de APUAP. La empresa azucarera Ledesma, ligada a la última dictadura cívico-militar y a la familia Blaquier, ya acumula más de 250 contagios y 9 muertes entre sus trabajadores por COVID-19. Sin embargo, se niega a frenar su producción. Frente al incumplimiento de los protocolos de salud y de las medidas de seguridad, la organización Andhes denunció recientemente a esta compañía frente al Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia de Jujuy por los contagios masivos.
Esta misma demanda se inició también contra la empresa minera Exar, perteneciente a la canadiense Lithium Americas Corp y la china Ganfeng Lithium, que opera en el Departamento de Suques con emprendimientos a más de 4 mil metros de altitud. «Hay un alto grado de contagios y el gobierno de Morales no interviene», cuestiona Nicolás Fernández.
Entre la desesperación y el falso optimismo
El gobernador reconoció la semana pasada que Jujuy se encuentra «al borde del colapso de camas críticas, con un 93% de ocupación». Ayer se ocupó de calmar las aguas y llegó a decir que «ya se pasó el cuello de botella de los contagios».
«Eso de que está superado el cuello de botella es una falacia. Morales es el distribuidor mayorista de humo en la provincia. Hoy tenemos una situación gravísima, ya hemos superado los cuatro mil casos y los 100 muertos. El propio gobierno difunde estadísticas y dice que están ocupadas el 93% de las camas de terapia intensiva, eso haciendo un promedio porque hay hospitales con una capacidad de atención superada al 100%. Así que estamos desbordados», alerta el secretario adjunto de la CTA-A Jujuy.
Afortunadamente, aún no se vieron en Jujuy imágenes desastrosas como las de Bolivia y Ecuador. No obstante, el colapso del sistema sanitario ya se siente en mayor medida en algunas localidades. Por ejemplo, de acuerdo con Nicolás Fernández, «en Libertador General San Martín ya han ocurrido algunos fallecimientos de personas en sus hogares sin recibir una correcta atención sanitaria. Esto demuestra una ausencia absoluta por parte del Estado como garante de la salud de nuestra población».
El problema de la falta de médicos
Jujuy afronta desde hace bastante tiempo una carencia de recursos humanos en salud, que se hizo más visible con la llegada de la pandemia. «Tenemos 120 camas de terapia intensiva con respiradores, pero podemos usar solamente 60 porque tenemos terapistas para esa cantidad», dijo Gerardo Morales. En ese marco, el gobernador confirmó la llegada de dos terapistas cordobeses y otros 24 profesionales enviados por la administración nacional.
«Celebramos la ayuda de Nación porque es fundamental auxiliar a la provincia de Jujuy en estos momentos. Hemos tenido conversaciones con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, a quienes les hemos acercado nuestro diagnóstico y sugerencias para abordar de manera correcta la pandemia. Desde hace ya más de ocho años que venimos advirtiendo de una crisis de recursos humanos muy aguda, pero hemos sido sistemáticamente desoídos. Jujuy tiene alrededor de 700 mil habitantes y teníamos hasta el día de ayer solamente 55 camas con respiradores en funcionamiento», señala Fernández. En tanto, Aramayo asegura que lo que se está viendo hoy es consecuencia del pasado: «Este déficit es crónico y no ha sido corregido».
Las perspectivas futuras de la pandemia
Más allá de los dichos de Morales, lo concreto es que Jujuy se ubica ahora en el tercer lugar dentro del ranking nacional de COVID-19 por detrás de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Esto en el marco de un «importante» subregistro, según estiman algunos especialistas en el campo de la salud. En ese sentido, los referentes de APUAP y CTA-A observan con preocupación el avance de la pandemia en la provincia del Norte argentino.
«Desde el punto de vista de los tiempos, la provincia ha manejado muy mal la pandemia. Mientras se debería haber aprovechado para que la gente realice algún tipo de actividad económica, se tomaron medidas de restricción inadecuadas. Y ahora que la curva ha empezado a acelerarse, deciden liberar algunas actividades. Las calles de Jujuy parecen ahora el Día de Reyes o de Navidad. Esto va a traer consecuencias negativas», advierte Aramayo.
Fernández coincide en este diagnóstico: «Se están tomando medidas absolutamente irresponsables. El mismo día que se registró récord de contagios (el domingo pasado con 250 casos), el COE decidió flexibilizar la cuarentena habilitando ciertas actividades que no son esenciales: gimnasios, comercios, locales de gastronomía y shoppings. El gobierno se niega a brindarles una asistencia económica, pese a que han llegado a la provincia más de 8 mil millones de pesos en el transcurso de la pandemia. Esta flexibilización es una decisión muy peligrosa».
