“La movilización del martes tenía la misma consigna que las marchas anteriores, que fueron todas pacíficas. Era ‘no a la reforma constitucional’. La Intergremial caminaba por la 19 de Abril y llegó hasta el puente, que estaba vallado. En un momento se empiezan a escuchar los tiros y gases. ¿Qué hizo el gobernador? Logró que juraran la nueva Constitución, se fueron por atrás (de la Legislatura), levantaron las vallas y se fue todo a la mierda -relata Romina Herrera, secretaria de organización del Movimiento Evita de Jujuy-. Fue una provocación, estaba repleto de policías, tiraban desde el techo de la Legislatura, estaba lleno de infiltrados. Esto fue organizado, no fue casualidad. Pero hace ocho años que en Jujuy no hay Estado de derecho”.
A principios de junio, sindicatos docentes se volcaron a las calles jujeñas para exigirle al gobernador Gerardo Morales un aumento salarial: el promedio de lo que cobra un docente es de $54.831 y un básico de $35.000, uno de los más bajos del país según datos del Ministerio de Educación. “Desde el primer momento la consigna es ‘arriba los salarios, abajo la reforma’. Morales buscó dividir el reclamo de los docentes y estigmatizar a organizaciones sociales y políticas. Sucede todo al mismo tiempo, el reclamo por los salarios y en contra de la reforma”, explica Herrera.
El mandatario del radicalismo impulsaba una reforma constitucional desde el año pasado, pero recién en las elecciones provinciales -que consagró a Carlos Sadir como sucesor de Morales con el 49,5 por ciento de los votos- logró imponer la votación de convencionales constituyentes que tendrían un período de 90 días para discutir la nueva Carta Magna.
“Cuando gana las elecciones, Morales dice que para el 20 (de junio, antes del cierre de listas) ya la tiene que tener votada para que la nueva Constitución le permita presentarse a senador, cosa que el texto anterior le impide hacer porque tiene dos mandatos seguidos como gobernador -señala Herrera-. En el ‘86 hubo una reforma parcial de la Constitución y se tomaron un año para hacerla. Esta vez se impidió que se discutieran los artículos y se trató en tres semanas”.
Entre los puntos más álgidos de la reforma está que la Constitución restringe el derecho a la protesta ya que prohíbe los cortes de calles, rutas y “toda perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”.
Asimismo, el nuevo texto pretendía cercenar los derechos de los pueblos originarios. Los artículos 50 y 36 afectaban a las comunidades, ya que habilitaban vías rápidas de desalojo a quienes no tuvieran un título de propiedad de las tierras que habitan. Muchas de ellas tienen yacimientos de litio. Si bien Morales se vio obligado a dar marcha atrás en estos dos artículos, mantuvo otros que las comunidades rechazan como el de Tierras Fiscales, Régimen de Aguas y el artículo sobre Dominio Originario de los Recursos Naturales.
El rechazo a la reforma unió a organizaciones políticas, sociales, sindicales y pueblos originarios, que constituyeron el Tercer Malón por la Paz y bajaron del alto para manifestarse en la ruta a la altura de Purmamarca.
“Nunca había visto movilizaciones tan grandes como las que empezaron la semana pasada -reflexiona Herrera-. Para mí, Morales logró instalar el miedo cuando encarceló a Milagro Sala y sus compañeros. La gente no salía, no decía. La manifestación de los docentes y la situación económica habilitó que la gente saliera a la calle. No son grupos organizados, como intenta hacer creer Morales. Cuando no tenés para darle de comer a tus pibes, el miedo no te importa y salís a la calle igual”.
A la referente del Movimiento Evita, la represión del martes la hizo recordar a la que vivió en las calles de Buenos Aires en diciembre de 2001. “A raíz de lo que pasó en estos días es que el resto del país se entera de cómo vivimos en Jujuy. Circulaban autos sin patente. No me lo contaron, me pasaban por al lado. Empezaron a levantar gente que solo iban caminando. Compañeras nuestras estaban sin identificación partidaria, paró una camioneta y las levantó. Todavía están en cana”, lamenta.
Y añade: “Gerardo Morales nunca intentó frenar el conflicto. Si hubiera querido resguardar al pueblo, hubiera frenado la reforma, pero eso iba en contra de sus intereses personales. Jujuy fue el laboratorio de las políticas represivas que se instalaron en diciembre de 2015. Se encarceló a militantes sociales, se despidió a trabajadores del Estado, hundió a la gente en la pobreza teniendo el litio, colaboró con el envío de armas a Bolivia (para el golpe de Estado a Evo Morales). Una persona que hace eso en su provincia y después se quiere postular…No hay mucho que pensar. Preocupa el proyecto que quieren imponer a nivel nacional”.
