Después del encuentro entre Alberto Baños y el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, desde el Gobierno aseguraron que “nadie que trabaje perderá su puesto” aunque también dijeron que se revisarán los contratos y que “no hay plata”. Además, esta semana Baños se reunió con organizaciones de derechos humanos como APDH, CELS, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras. Desde las agrupaciones comentaron que se lo vio abierto a escuchar, que estaba al tanto de los espacios de Memoria y de cuestiones básicas que se venían trabajando. Se espera que para la próxima semana se encuentren nuevamente.
Sobre esta designación, el presidente de APDH -Guillermo Torremare- opinó: “Por primera vez un gobierno democrático designa como secretario de Derechos Humanos a una persona que no tiene el menor vínculo con el movimiento. No es de extrañar porque durante la campaña electoral, La Libertad Avanza no mostró ninguna sensibilidad para con nuestra agenda. Desde ese punto de vista la cuestión no es alentadora”. Asimismo, Torremare contó que durante la reunión Baños se mostró respetuoso con las organizaciones pero aclaró que no se avanzó sobre las políticas que se planean desarrollar en la Secretaría. “Estaremos expectantes. Como lo hicimos siempre, y ante cualquier gobierno, denunciaremos las violaciones de derechos que se produzcan y exigiremos el cumplimiento del pacto democrático que se sintetiza en la expresión Nunca Más y en el desarrollo de políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”, remarcó el presidente de APDH.
¿Quién es Baños?
Alberto Baños ingresó a la Justicia en 1977, es graduado de la Universidad de Buenos Aires y fue nombrado juez en el fuero penal en 1993 por el gobierno de Carlos Saúl Menem. Quienes lo conocen dicen que Baños es un hombre “duro”: integrantes del Poder Judicial lo apodaron “La Bestia”, es sabido su gran vínculo con integrantes de las fuerzas de seguridad y, según integrantes de la Policía, el exjuez “ha cuidado a la Fuerza”. Sin embargo, tuvo problemas con el Sistema Penitenciario Argentino: en el año 2000, el exjuez denunció que integrantes de la cúpula penitenciaria lo mandaron a matar luego de que investigara a un grupo de presos que salían de la cárcel con permiso para robar.
Baños intervino en casos reconocidos como el de el robo de las manos de Juan Domingo Perón, el asesinato de Mariano Ferreyra, el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, Cromañón y la causa de los “ñoquis” del ex Concejo Deliberante porteño. También fue el que ordenó en 2010 que Martínez de Hoz fuera trasladado a Los Arcos, aunque en ese momento una fuente vinculada a la clínica afirmó de manera extraoficial que “ningún paciente en esas condiciones hubiera estado internado”. Estuvo en funciones hasta septiembre de este año, cuando presentó su renuncia mientras estaba a cargo de la causa del policía porteño Arshak Karhanyan, desaparecido desde febrero de 2019.
Durante esa última investigación, recibió fuertes críticas. Delegó la investigación a la Policía porteña, a pesar de las sospechas de que podría haber sido privado de su libertad con alguna participación de la fuerza estatal y de que uno de sus compañeros haya sido la última persona que lo vio, según se pudo comprobar con una cámara de seguridad. El mismo hombre que habló con Arshak el día de su desaparición fue al que durante la investigación le encontraron una llamada con su pareja en la que ella le decía: “A vos te buscan por hacer desaparecer gente, yo no te voy a cubrir más”. Sin embargo, la mujer argumentó esa prueba: dijo que “cuando está enojada dice cualquier cosa”. Pasaron 4 años, todavía no se resolvió y no hubo detenidos.
Se sospecha que Arshak pudo haber descubierto o escuchado algo que involucra a la Policía de la Ciudad y que no querían que se sepa. Hay evidencias de llamadas de los oficiales que decían cómo cubrir el tema de Arshak, audios y vídeos que se editaron para que no se vea lo que pasó. Incluso se comprobó que 8 policías pusieron en modo avión sus celulares dos horas antes de que desaparecieran. En la pericia de la Policía de la Ciudad se resetearon los celulares y computadoras de Arshak y se perdió información, según lo comprobó Gendarmería, Prefectura, la Policía Aeroportuaria y la DATIP.
La relación de Baños con la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) durante el gobierno anterior fue ríspida. La SDH había pedido ser querellante en la causa de Arshak y Baños se los negó. También solicitaron, al igual que el fiscal, que la causa pase al fuero federal para que se investigue bajo la hipótesis de desaparición forzada pero también lo rechazó, a pesar de que así lo exigen los lineamientos del Protocolo de Minnesota y de los “Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas” de Naciones Unidas. En octubre de este año solicitaron el apartamiento del ahora exjuez, lo acusaron de no tener “intenciones de conducir la investigación hacia la búsqueda de la verdad” y explicaron en un comunicado que apañó irregularidades cometidas por la Policía de la Ciudad durante la investigación y que nunca aceptó apartar a esa fuerza de la instrucción, si bien así lo indica el Código Procesal Penal de la Nación.
Otro caso que tuvo en sus manos fue el de Cristian Orellana, el joven de 18 años que recibió más de 30 balazos de la Polícia Federal en el Bajo Flores. Los oficiales explicaron que “había robado” y que se trataba de una persecución. Quienes estaban en el lugar afirmaron que lo podían haber detenido. Cuando Orellana cayó en el suelo, la policía se negó a llamar a la ambulancia. Baños sobreseyó al imputado Juan González sin avisar de manera formal. Dijo que estaba “defendiendo la seguridad pública”. Sobre esto, el abogado de la familia Nahuel Berguier había dicho en una entrevista: “Se repite el patrón del sistema judicial cubriendo a la policía”.
En la causa que investigó el robo de las manos de Perón, trabajó desde 1994 después de que estuviera archivada durante años y luego de que apareciera una copia de las llaves de la bóveda. Actualmente, la causa sigue abierta. Durante la investigación, Baños pidió al gobierno de Néstor Kirchner y a la Secretaría de Inteligencia (SI) información sobre más de 50 civiles y militares relacionados con la estructura de inteligencia de la última dictadura, aunque no obtuvo información contundente. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se llevó a su domicilio tres cuerpos de la causa para investigar y pedir información al Gobierno pero, según denunció, un grupo de personas ingresó en su casa de Adrogué y le robó la documentación y una computadora. Tiempo después, recibió amenazas en su despacho: le enviaron un pequeño ataúd de madera con una bala adentro y una foto suya. El año pasado le pidió información a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pero no obtuvo respuestas. Pasaron 36 años desde que se profanó la tumba de Perón y sigue sin saberse con exactitud qué pasó.
Los derechos humanos con La Libertad Avanza: algunas de sus definiciones
Todavía no saben cuáles serán los lineamientos y políticas de Alberto Baños en la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, La Libertad Avanza ya ha asentado varias definiciones y posiciones como partido político: Javier Milei ha asegurado en distintas ocasiones que “no fueron 30 mil” los detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar de nuestro país. Victoria Villarruel ha defendido a militares acusados y detenidos por delitos de lesa humanidad, realizó este año un acto en honor a las “víctimas del terrorismo”, también es conocida su estrecha relación con algunos integrantes del Ejército y son de público conocimiento sus visitas a genocidas en el marco de una “investigación para un libro”. Además, Villarruel también dejó en manifiesto su deseo de que las 17 hectáreas de la ex Esma puedan ser “disfrutadas por todo el pueblo argentino” y destacó que antes había escuelas.
También cabe destacar que una de las primeras medidas del gobierno actual fue el “protocolo antipiquetes” que anunció Patricia Bullrich y que dispuso que “las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal intervengan frente a cortes, piquetes o bloqueos” y contó que se va a “crear un registro de las organizaciones que participen”. De esta forma, se cercena el derecho a la protesta, se criminaliza a quienes se manifiesten y se fomenta la represión policial. Sobre esta medida, el CELS sostuvo en Twitter: “Esto está prohibido por el derecho internacional, que son normas incorporadas a nuestra Constitución Nacional con jerarquía superior a cualquier ley o a cualquier protocolo. Cortar las calles no es delito”.
El Gobierno todavía no cumplió una semana y ya se anunciaron medidas que violarían los derechos humanos. El mensaje fue claro y, a partir de este anuncio, se generó una alerta mayor por parte de los organismos. La semana que viene Baños tendrá que escuchar a las organizaciones, sus exigencias, pedidos y sugerencias para los próximos años.
