Crecen los rechazos a la propuesta oficial

Un nuevo recurso judicial amenaza el plan de vuelta a clases de Larreta

El asesor tutelar Gustavo Moreno busca declarar inconstitucional la resolución de la Justicia porteña, que le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta, obligándolo a repartir computadoras para los y las estudiantes, pero sin el compromiso de garantizar la conectividad.

En medio de la polémica desatada en la Ciudad de Buenos Aires tras el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, que propone el regreso a las aulas de les estudiantes que estuvieron «desconectados» del sistema educativo durante los últimos cinco meses, el asesor tutelar Gustavo Moreno interpuso un recurso de inconstitucionalidad sobre la resolución dictada el 11 de agosto por la Justicia porteña. Dicha sentencia limitó las resoluciones del juez Roberto Andrés Gallardo, que un mes atrás había ordenado al Gobierno porteño la entrega inmediata de computadoras y la conectividad para todes les estudiantes que la soliciten. De esta forma, el Ejecutivo quedaba comprometido únicamente a hacer efectiva la entrega de computadoras, desligándose de la provisión de Internet para niños, niñas y adolescentes de la Ciudad.

El pasado 8 de junio, el juez Gallardo ordenó a Rodríguez Larreta la entrega de computadoras y conectividad para los y las estudiantes que lo soliciten. El Gobierno de la Ciudad apeló la resolución y consiguió que la Justicia porteña le diera la razón. Semanas más tarde, se montó sobre dicha problemática -alertada por la comunidad educativa y la orden de un juez que fue recusada- para proponer que niños, niñas y adolescentes que permanecieron «desconectados» vuelvan a las escuelas, arriesgando así la salud de toda la comunidad educativa. «La desigualdad, plasmada en 5.100 niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y que no han podido mantener la continuidad pedagógica durante los últimos cinco meses -por no contar con un dispositivo tecnológico y conectividad a Internet-, no puede ser suplida a través de la convocatoria a tales alumnas/os a las escuelas de manera presencial, en medio de los niveles más altos de transmisión viral que registra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», sostuvo Gustavo Moreno.

«Tal propuesta, anunciada en distintos medios de comunicación, aparece a priori como discriminatoria, ya que tales niñas, niños y adolescentes, además de haber visto vulnerado su derecho a la educación por no contar con elementos para la continuidad pedagógica de manera remota, se verían expuestos a la vulneración del derecho a su salud, en tanto tendrían que salir de sus casas para concurrir a las escuelas, por su sola condición de vulnerabilidad socioeconómica -explicó el asesor tutelar-. En contraposición, aquellas/os estudiantes que pudieron contar con dispositivo tecnológico y conectividad para la continuidad pedagógica, permanecerán en sus casas en resguardo de su derecho a la salud hasta tanto estén dadas las condiciones epidemiológicas aptas. Ello aparece como una discriminación por las condiciones socioeconómicas de quienes no pudieron mantener la continuidad pedagógica», sumó Moreno.

Docentes, estudiantes y familias porteñas expresaron su profundo rechazo al anuncio del jefe de Gobierno y lanzaron distintas campañas para garantizar el derecho a la educación de todes les niñes, jóvenes y adolescentes. La propuesta de Larreta no cuenta tampoco con la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación, que conduce Nicolás Trotta, y parece cada vez más lejana la posibilidad de que se haga efectiva esta medida. Hasta tanto, el asesor tutelar busca que los jueces de Cámara aprueben el recurso de inconstitucionalidad presentado el día de ayer, ya que «la decisión adoptada en la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelaciones representa, para el colectivo de niñas, niños y adolescentes afectado, un agravio de insuficiente reparación ulterior, en tanto la continuación de la causa -a través del proceso principal- no asegura una suficiente satisfacción del derecho invocado a través de una adecuada, mínima y razonable continuidad pedagógica, de manera remota, durante la suspensión de clases presenciales».

Mediante este procedimiento se propone dejar sin efecto la resolución dictada el 11 de agosto y obligar nuevamente al Ejecutivo porteño a garantizar los dispositivos tecnológicos y la conectividad necesaria para sostener el plan de educación a distancia.

 

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